Elecciones 28-M
Los funcionarios de Justicia aumentan la presión al Gobierno: irán a la huelga indefinida a partir del día 22
Los sindicatos han dado diez días de plazo a la ministra Pilar Llop para que de un paso al frente. El día 25 habrá una gran manifestación en Madrid
No hay tregua en Justicia. El mismo día en que jueces y fiscales se reunirán por tercera vez con el equipo del Ministerio que dirige Pilar Llop para evitar la huelga registrada para el próximo día 16 de mayo, los funcionarios del sector han endurecido el tono de sus reivindicaciones. O el Gobierno da un paso al frente, en un plazo máximo de 10 días, o a partir del próximo 22 de mayo –en la misma semana de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M– transformarán sus paros generales en un conflicto colectivo indefinido. El día 25 se ha convocado una gran manifestación en Madrid.
El Comité de Huelga se ha reunido esta misma mañana y ha decidido redoblar la presión al Ejecutivo socialista «si el Ministerio no pone sobre la mesa una propuesta económica», confirmaba el portavoz nacional del CSIF, Javier Jordán. «El Gobierno de España, Justicia y Función Pública» tienen poco más de una semana para «evitar el colapso de la Administración de Justicia» en nuestro país.
No en vano, «los datos de seguimiento» de la protesta general que se pronlonga ya para los miembros de los cuerpos generales y especiales y los denominados auxilios judiciales durante más de tres semanas, «crecen todos los días». «Hoy vuelve a estar paralizada la Administración» judicial y «empieza a haber muchos juicios suspendidos», ha recalcado Jordán en declaraciones a los medios de comunicación.
«Esta situación tiene un único responsable que es el Gobierno de España», acusan los portavoces sindicales, «que se niega a negociar y a poner sobre la mesa una propuesta económica como ha hecho con los Letrados (LAJ) y como está haciendo con los jueces y fiscales». Para ello, los funcionarios judiciales exigen un total de 200 millones de euros –el equivalente a unos 430 euros más al mes– con los que mejorar sus prestaciones económicas y, además, adecuar sus salarios a la carga real de trabajo y las nuevas atribuciones que desarrollan, al hilo de las reformas legales más recientes que han ampliado sus funciones, por extensión con las de los LAJ.
Los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración judicial llevan varias semanas peleando mejoras retributivas para su categoría, hasta ahora con paros parciales y generales de día completo, tras el éxito alcanzado por los Letrados (LAJ), así como ser incluidos y escuchados en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO). Una norma que, a su juicio, «pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas», aclaraba recientemente José Luis Fernández, de STAJ.
La entidades convocantes acusan al Ejecutivo de tratarles como «funcionarios de segunda» y considera «inaceptable que esté haciendo una discriminación entre el personal de la oficina», en referencia a las diferencias «visibles» entre las negociaciones con el colectivo de LAJ y el de jueces y fiscales que, esta misma tarde se reúnen de nuevo con los ministerios y ya «tienen sobre la mesa, desde el primer encuentro» una cifra económica.
En este sentido, afean a la ministra Llop que aún no haya acudido a ninguna de las interlocuciones con los funcionarios a quienes dejó sin fecha concreta para un posible encuentro mientras «estaba en la Feria de Sevilla». «Gobierno progresista, Justicia clasista», ha sido una de las consignas más repetidas en los últimos días.
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