El cortejo infinito de Sánchez a Otegi: la traca final del idilio que le llevó a La Moncloa
Investigación
El cortejo infinito de Sánchez a Otegi: la traca final del idilio que le llevó a La Moncloa
El romance de Sánchez con Bildu es ya un matrimonio que coloca al PSOE al lado de un dirigente que nunca condenó los asesinatos de una banda que recibe todas las ayudas que impone Otegi
El 13 de julio de 1997, Arnaldo Otegi estaba en la playa con su familia, disfrutando del sol y el mar, cuando toda España se inundó de lágrimas con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un cuarto de siglo después, aquel despiadado dirigente abertzale es indispensable para entender el juego de alianzas y cesiones que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y puede mantenerle a partir del 23 de julio.
Bildu ha hecho más por España que todos los «patrioteros de pulsera». Esa fue la afirmación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que volvió a colocar al PSOE al lado de la formación abertzale. En plena precampaña de las elecciones que pueden acabar con la «Era Sánchez» o prolongarla hasta mediados de 2027.
Pronto tuvo que recular y pedir disculpas «a las personas que se hayan podido sentir ofendidas», pero sus palabras revelan un idilio del PSOE con Bildu que se remonta a la investidura de Pedro Sánchez y está plagado de apoyos y cesiones recíprocas que El Debate repasa con la documentación oficial que evidencia la conexión entre el partido que heredó a Batasuna y la formación que, en el pasado, soportó el asesinato de diez de sus dirigentes, algunos tan recordados como Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa o Ernest Lluch.
La llegada de Sánchez a la Moncloa, tras la moción de censura contra Rajoy con los votos favor de Bildu, y sus apoyos a las medidas legislativas del Gobierno en el Congreso de los Diputados, han tenido a lo largo de la legislatura que se cierra una contraprestación más que notable, que va desde no mover un dedo por la presencia de asesinos en las listas electorales de los de Otegi, hasta hacer la vista gorda con las humillaciones a la Guardia Civil en Alsasua, pasando por los acercamientos y las excarcelaciones de los miembros de la banda terrorista en contra de la opinión de los profesionales de sus prisiones de origen.
Lejos queda ya aquella rotunda afirmación de Sánchez en junio 2019 la que aseguraba «con Bildu no se acuerda nada». Se ha acordado y mucho. Solo hay que recorrer la hemeroteca para ver cómo, solo unos meses más tarde, en diciembre, Rafael Simancas y Adriana Lastra compartían mesa con Mertxe Aizpurua, Oskar Matute y Gorka Elejabarrieta.
Desde 2018, Sánchez no se puede explicar sin tener en cuenta el canal de acuerdos y cesiones creado por el PSOE con Bildu
Una mesa sobre la que Bildu ya colocó las bases de lo que se que pretendía arrancar a Sánchez a lo largo de la legislatura: la revisión de la política penitenciaria en beneficio de los presos de la banda terrorista, revertir los «gravísimos recortes que está padeciendo el conjunto de los pueblos y trabajadores del Estado» y «el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el respeto al derecho a decidir libre y democráticamente su futuro que corresponde a los pueblos y naciones del Estado».
Adriana Lastra y Rafael Simancas junto a los miembros de Bildu, Óscar Matute y Mertxe Aizpurua reunidos en el Congreso
Y con estos mimbres se ha ido tejiendo un cesto que ha tenido como traca final la incorporación de asesinos en las listas de Bildu, ante la pasmosa inacción de un Gobierno que, pese a tener herramientas para hacerlo, no ha movido un dedo para evitarlo.
Sánchez no hizo nada
De hecho, tal y como desveló El Debate, la directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez sentenció por escrito que el Gobierno renunció a impugnar la designación de 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, entre los que se encontraban siete con delitos de sangre.
Así, reconoció de forma literal que los despachos de Moncloa «no existe documento o contenido» que recoja algún intento de Sánchez de frenar al partido de Arnaldo Otegi, que ha logrado situar a condenados por terrorismo en las instituciones.
Del mismo modo, tampoco se planteó la opción de activar la «posibilidad de ilegalización del partido político EH-Bildu de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por incluir en sus listas electorales personas condenadas por delitos terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA».
Posteriormente, los siete condenados por delitos de sangre aseguraron que renunciarían a su acta, algo que todavía está por ver en el caso de los que han resultado elegidos, pero tampoco lo anunciaron porque el Gobierno intercediera y presionara a sus socios, según explico este periódico, ya que en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno no consta documento alguno que atestigüe la mediación de Sánchez, ni siquiera consta que se haya dirigido a la formación abertzale para tratar el asunto.
La política penitenciaria de Sánchez ha permitido trasladar a los terroristas a las cárceles del País Vasco y allí algunos han obtenido la semilibertad
Pero antes de ello, se han ido repitiendo episodios que han dejado en evidencia que el presidente estaba dispuesto a cualquier cosa para garantizarse los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. Incluso que Sánchez diera el pésame a Bildu en el Senado por el suicidio de un etarra: «Lo siento mucho, de verdad».
Fue la contraprestación más simbólica, la que resume el resto y han colocado a la política penitenciaria del Gobierno en el punto de mira. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos», dijo Otegi. Bildu votó las cuentas y Sánchez cumplió la parte del trato que Lastra y Simancas trataron con los abertzales.
De hecho, promulgó el Real Decreto 474/2021 para «regalar» las llaves de las celdas al Gobierno Vasco tras enviarle a los terroristas a sus cárceles y así culminar un proceso de acercamiento que posteriormente ha ido a más al conceder el tercer grado a numerosos terroristas pese a la opinión contraria de los expertos de las diferentes instituciones penitenciarias.
Además, desde el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, que llegó al Gobierno como uno de los jueces más duros con la banda terrorista, ha hecho la vista gorda con las acciones de homenaje a los etarras que se han celebrado en el País Vasco, obviando el dolor de las víctimas.
El caso más representativo, que se celebra de forma anual, es el Ospa Eguna, el aquelarre abertzale de Alsasua en el que se humilla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exigiendo su salida del País Vasco y Navarra, pese a que han sido los más castigados por el terror de ETA.
Todo ello sucede en Navarra, donde Gobierna la socialista María Chivite sin haber ganado nunca las Elecciones gracias, precisamente, al apoyo indirecto de Bildu, que no ha dejado de lograr a cambio avances significativos en el proceso de «inmersión abertzale» de la Comunidad Foral, donde Bildu ha pasado de la marginalidad a gobernar en algunas de sus principales ciudades.
Marlaska
Un despliegue de odio que el Gobierno jamás ha evitado con el argumento de que el derecho a la manifestación prevalece sobre la ofensa a las víctimas, argumentando que «la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, que se está llevando a cabo por la Comisión Europea en 2021, de acuerdo con el artículo 29.2 de la propia Directiva, una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo 5) cuando no existe un riesgo real e inminente», según consta en una resolución de Interior firmada por la Directora General de apoyo a las víctimas del terrorismo, Montserrat Torija Noguerales.
La postura de Marlaska y Sánchez en este asunto es clara al apostarlo todo a una solución penal y «olvidarse» de aplicar la vigente Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye en su artículo 61 la prohibición de actos de enaltecimiento a los terroristas, estableciendo que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para hacer efectiva esa prohibición, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo.
Es al Gobierno a quien corresponde prevenir y evitar «la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».
Es, en definitiva, una muestra de todos los favores que ha ido concediendo Sánchez a Bildu a lo largo de toda la legislatura. Siempre ha estado dispuesto a pagar cualquier precio, y aquello de que Bildu ha hecho más por España que todos los «patrioteros de pulsera», no es más que el agradecimiento por los servicios prestados.
La negativa socialista a ayudar a Bildu a gobernar en el Ayuntamiento de Pamplona es meramente táctica: unos días antes, permitió que los abertzales accedieran a la Mesa del Parlamento de Navarra, preludio del pacto que mantendrá a Chivite en la Comunidad Foral. Y de algo mayor si, el 23 de julio, le suena la flauta a Sánchez y vuelve a necesitar al amigo Arnaldo.
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