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27 de febrero de 2024

María Guardiola y Ángel Pelayo tensan las relaciones entre el PP y Vox en Extremadura

María Guardiola y Ángel Pelayo tensan las relaciones entre el PP y Vox en Extremadura

Pactos tras el 28-M

Las razones del desacuerdo entre PP y Vox que dejan en el aire una repetición electoral en Extremadura

María Guardiola reprocha a la formación de Abascal que «teledirija» las decisiones desde Madrid, y esta, por su parte, que la candidata popular se haya sometido «al dictado de Génova»

La noche del 28-M en Extremadura dejó tres escenas. Guillermo Fernández Vara, que venía de gobernar con mayoría absoluta, comparecía ante los medios sumido en la derrota. Había sido el más votado, empatando en escaños con el PP, pero los números no le daban para revalidar su mandato. María Guardiola se había granjeado 28 escaños y se mostraba segura de que podría convertirse en la nueva presidenta extremeña con el apoyo de los cinco diputados de Vox, justo los que le faltaban para sumar los 33 necesarios, aunque sin que la formación de Abascal entrara en su Ejecutivo. Y Ángel Pelayo celebraba haber entrado por primera vez en la Asamblea regional con cinco procuradores, convirtiéndose en llave de gobierno.
El encontronazo de esta semana entre el PP y Vox hacía tambalear lo que a priori parecía sencillo, llegar a un acuerdo para conformar un gobierno que, como buscan ambas formaciones, desbanque al PSOE de la Presidencia de Extremadura tras décadas en el poder –salvo el paréntesis entre 2011 y 2015 de un Gobierno del PP–. Quedaban menos de 24 horas para alcanzar un acuerdo antes de que se constituyese la Asamblea regional. De no hacerlo, podía pasar lo que finalmente ocurrió este martes: el PSOE mantendría la Presidencia de la Mesa.
Era un cargo que este lunes los populares le habían ofrecido a Vox, dentro de un documento de 15 puntos, durante su segunda reunión de la mesa de negociación, a cambio de que no entrase en el Gobierno. «La presidenta del Partido Popular de Extremadura ostentará libertad para la confección del gobierno de la Junta», recogía el acuerdo que Guardiola presentó a Pelayo y su equipo negociador, que contemplaba una serie de medidas que iban desde la rebaja de impuestos a un plan de inversiones para infraestructuras, la defensa del campo o el apoyo a las familias.
La propuesta fue rechazada por los de Santiago Abascal, que exigen entrar en el Gobierno autonómico. Quieren formar parte activa del mismo para garantizar que se cumpla el acuerdo. «Lo que se pacta, se cumple», fue uno de los mensajes en los que incidió Abascal en sus mítines de campaña, tras su experiencia apoyando de forma externa las investiduras de los candidatos populares en Madrid o en Andalucía. Y es la idea en la que han incidido estos días. Máxime, sabiendo que el PP necesita sus cinco escaños para que Guardiola sea investida presidenta. También avisaron en campaña a los de Alberto Núñez Feijóo que no aceptarían «ni regalos ni chantajes».
El vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, a su llegada a la Asamblea de Extremadura

El vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, a su llegada a la Asamblea de ExtremaduraEFE

María Guardiola había prometido durante la campaña que gobernaría en solitario, sin Vox. Enumeró, en una entrevista en el Canal 24 horas, una serie de cuestiones sobre las que aseguró que no iba a «transigir»: la violencia machista, el aborto, el colectivo lgtbi y la inmigración. Líneas rojas que el partido de Abascal calificó de «socialistas». Este martes, tras la constitución de la Asamblea, la candidata popular volvía a insistir: «Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera lgtbi».
La candidata a presidir la Junta de Extremadura dinamitó ayer por la mañana todo acuerdo que pudiera implicar una coalición con el partido de Ángel Pelayo, a quien reprochó que tome las decisiones «teledirigido» desde Madrid. A su juicio, se plantean ahora dos opciones. La primera, que Vox apoye su investidura, algo que daba por hecho tras conocer el resultado electoral. Núñez Feijóo hace unas semanas vino a señalar que si Vox no facilitaba un Gobierno de Guardiola, estaría dando un voto al PSOE. La segunda, una repetición electoral. «Parece que nos obligan a ir a elecciones», lamentó la dirigente popular, que sabe que una tercera opción, la abstención de Vara, no es posible. Ya se lo planteó, sin éxito.
Fuentes de Vox ya apuntaban la semana pasada que no les temblaría el pulso si, de no llegar a un acuerdo, hubiera que volver a las urnas. Y, frente a la postura del PP de hacer recaer en ellos la responsabilidad de que no haya un nuevo gobierno, señalaron también que serían los de Núñez Feijóo quienes tendrían que explicar qué puntos de los propuestos en las negociaciones no aceptan, convencidos de que son compartidos por la mayoría de votantes del PP.
Que la Presidencia de la Mesa fuese a parar, de nuevo, en el PSOE, disgustó a los dos partidos. No obstante, que no se haya llegado a un acuerdo al respecto no impide que no puedan retomar las negociaciones de cara a la formación de un Gobierno. La nueva presidenta de la Cámara, la socialista Blanca Martín, tiene ahora un plazo de 15 días, hasta el 5 de julio, para proponer un candidato, tras una consulta con los grupos parlamentarios. El debate de investidura no se celebraría hasta tres días antes de las generales, el 20 de julio. Si en dos meses desde la primera votación no prosperase la candidatura, se procedería a disolver la Asamblea y a convocar de nuevo elecciones.
María Guardiola mantiene su intención de gobernar la región y espera que Vox «recapacite» y pueda apoyar a su Ejecutivo. Por su parte, el partido de Abascal, que considera que la candidata popular sigue «el dictado de Génova» y que Feijóo ha vuelto a ofrecer al PSOE su propuesta de que gobierne la lista más votada, insiste en que tiene la mano tendida para tratar de llegar a un acuerdo y se encuentra a la espera de que el PP decida «reemprender» la negociación, tras los alcanzados en la Comunidad Valenciana, en 140 municipios y los avances en Baleares.
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