El secretario general del CGPJ deja su cargo y obliga a designar un sustituto pese al bloqueo de los nombramientos

Pasaban poco más de las cinco de la tarde cuando, este martes, aparcado frente a la sede del Supremo, un camión de mudanzas cargaba con las pertenencias personales del que, hasta ahora, ha sido el secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis de Benito. El funcionario de carrera, nombrado en 2019, directamente desde la vicesecretaría general del órgano en 2013, recogía su despacho para dejar, formalmente a partir del próximo 3 de octubre, sus obligaciones profesionales. De Benito ya no asistió a la Apertura del Año Judicial, el pasado 7 de septiembre, ni tampoco se reincorporará al Consejo tras sus vacaciones, que han coincidido con el mes de septiembre.

Su salida deja una importante vacante en el CGPJ, prorrogado desde 2018, y abre un debate en la institución sobre la posibilidad de designar a un sustituto tras el bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a las competencias del máximo órgano de los jueces, en materia de nombramientos. Curiosamente, la misma reforma legal del Ejecutivo socialista que recortó las posibilidades de maniobra del Consejo para reponer a los magistrados del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, también había blindado a De Benito en su cargo.

Solo ahora, tras la decisión de jubilarse a los 65 años, el Pleno del CGPJ, bajo la presidencia interina de Vicente Guilarte, tendrá que determinar si, como apuntan algunas de las fuentes consultadas por El Debate, la prohibición de los nombramientos discrecionales «solo afecta de manera externa pero no para las cuestiones orgánicas de puertas hacia adentro» o si, por el contrario, la marcha de De Benito abrirá una nueva brecha en la única institución que, por el momento, ha resistido a los intentos de injerencia del todavía Gobierno en funciones.

Sobre la mesa, la propia excepción del Ejecutivo a su propia reforma cuando levantó el veto de los nombramientos para renovar al Tribunal Constitucional a la medida de Sánchez y de sus socios separatistas, en la pasada legislatura. No en vano, la Corte de Garantías tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía que es exigencia del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, para dar el 'sí' de Junts al candidato socialista ante una futura y eventual investidura

Pase lo que pase, lo único seguro es que la mayoría conservadora del CGPJ buscará «un candidato de consenso», a propuesta del presidente Guilarte, en el segundo cónclave del curso –el último jueves del mes de octubre– ya que «hay que esperar a que la renuncia sea efectiva y despliegue efectos jurídicos irrevocables», apuntan las mismas fuentes. Mientras tanto, de manera transitoria, y según las fuentes consultadas por El Debate, su segundo podría asumir algunos quehaceres del puesto.

El secretario general de la izquierda

De Benito se vio salpicado por una agria polémica, tras la dimisión del presidente del Consejo Carlos Lesmes, al confeccionar, a petición del magistrado del Supremo y entonces titular del órgano, un informe en el que se opuso a la actual «bicefalia» al frente del CGPJ y del Alto Tribunal. El dictamen, que fue presentado por Lesmes a sus compañeros antes de su salida efectiva, chocaba con otro texto confeccionado por el propio De Benito, en octubre de 2019, en el que recomendaba la convivencia de dos liderazgos autónomos y separados para ambas instituciones.

Así las cosas, el propio De Benito, junto con el magistrado Wenceslao Olea, presentaban un doble recurso ante la Sala Tercera del Supremo contra la decisión del Pleno del Consejo que proclamó la elección del progresista Rafael Mozo como sustituto de Lesmes. Ambos denunciaban la «ilegalidad» de un acto cuasi unánime y Olea, quien posteriormente retiraría su impugnación, votaba en contra de elegir a Mozo, el vocal de mayor edad, como titular interino del órgano.

Olvidaba De Benito que tres años antes, como secretario general del Poder Judicial, había concedido a la Comisión Permanente del CGPJ la competencia para «resolver lo procedente sobre la suplencia del Presidente» del órgano constitucional «tras el cese por jubilación del vicepresidente del Supremo».

Por ello, fueron varias las voces que afearon a De Benito su actuación, «ignorando el hecho de que existe su otro informe», contradictorio y confeccionado «cuando todavía no había intereses que justificaran un pronunciamiento jurídico sobre una decisión concreta». Tanto De Benito como Olea «parecen haber confundido la lealtad a la institución con la lealtad personal a quien ya no es presidente de la misma», denunciaban.