Pedro Sánchez ha asumido el lenguaje del separatismo y ahora defiende la «desjudicialización»
Amnistía
Jueces y fiscales reaccionan a las críticas de Sánchez por las condenas del 'procés': «Se llama Estado de Derecho»
Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno son «una peligrosa concepción del poder para la que el cumplimiento de la ley queda apartado cuando la Justicia supone un obstáculo para lograr determinados objetivos políticos»
«Si se violenta la ley y se cometen delitos, la policía, los jueces y los fiscales no tienen margen sino la única obligación de actuar. Se llama Estado de Derecho», así de contundentes se han pronunciado desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante las recientes declaraciones de Pedro Sánchez quien –en plena negociación con Junts para obtener su apoyo ante una futura y eventual investidura, a cambio de la amnistía de Carles Puigdemont– se ha lamentado por la judicialización del procés y las condenas impuestas a sus responsables políticos.
Unas manifestaciones que tampoco han gustado en la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) desde donde han afeado las palabras del presidente del Gobierno en funciones «no sólo porque chocan con su propia posición anterior sobre el tema, desde el año 2017 hasta ahora, sino que además resultan francamente llamativas en un Estado de Derecho».
«En primer lugar», afirma su presidenta Cristina Dexeus a El Debate, «porque cuando se producen hechos delictivos, las autoridades judiciales tienen que perseguirlos y castigarlos, que es lo que se hizo», tras el referéndum inconstitucional del 1-O.
Las palabras de Sánchez revelan, de nuevo, su concepción de la Fiscalía como si fuese un Ministerio más del GobiernoPresidente de la Asociación Mayoritaria de Fiscales (AF)
Y, «en segundo término» porque para Dexeus, el reciente y polémico pronunciamiento de Sánchez en la sede de Naciones Unidas revela, una vez más, «la concepción de este Gobierno sobre la Fiscalía General del Estado como si fuese un Ministerio más y como si el fiscal general dependiese directamente del presidente del Ejecutivo». Algo que desde la AF ya han desmontado en numerosas ocasiones porque es un planteamiento que «constitucionalmente no es cierto».
«Sólo así se entiende» el señalamiento de Sánchez a su predecesor en Moncloa, Mariano Rajoy, en los términos de no haber «impedido al entonces responsable de la institución, el fiscal José Manuel Maza, que continuase con las investigaciones» del aciago otoño de 2017 en Cataluña, en el marco del procés.
La Justicia «no puede mirar a otro lado»
Por su parte, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) también han afeado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que cuestione la vía judicial que se emprendió contra los líderes separatistas catalanes y han recordado que «los tribunales no pueden mirar a otro lado» cuando se comete un delito «porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos».
Jorge Fernández, presidente de AJFV, en declaraciones a El Debate, considera que las manifestaciones de Sánchez «dejan al descubierto una peligrosa concepción del poder según la cual el cumplimiento de la ley debe quedar apartado cuando la Justicia supone un obstáculo para lograr determinados objetivos políticos». Precisamente porque «abre la puerta a que el poder político tape sus propias fechorías eludiendo asumir las responsabilidades que las leyes establecen» para todos.
Nos preocupa que el presidente del Gobierno traslade la idea de que el Poder Judicial actuó de una manera ilegítima o indebidamentePresidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)
«Si ahora existe un interés político por promover un proceso político de amnistía lo honesto es defenderlo en esos mismos términos políticos y explicando las razones por las que, a juicio de quien lo propone, esta iniciativa es buena para el interés general. No es necesario deslegitimar a todo el sistema judicial y al conjunto de las instituciones para conseguir un objetivo político que interesa en un determinado momento por muy presidente del Gobierno que se sea», sentencia Fernández.
Por su parte, María Jesús del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de jueces, la APM, subrayaba la pasada semana que «la vía judicial se inició porque (los líderes independentistas) cometieron hechos delictivos». Sobre este extremo, además, ha recordado que el propio Sánchez «aplaudió» que los jueces actuaran, «diciendo que traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia».
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Un aspecto en el que ha incidido el portavoz de FJI, Fernando Portillo, al asegurar que «la vía judicial que se emprendió no fue porque (los líderes del 'procés') hayan querido defender unas opciones políticas, sino porque recurrieron al camino del delito». Y de ahí su «asombro» por el hecho de que cada vez se use más el prisma «político» para «justificarlo todo». «La judicialización vino porque se cometió un delito», ha señalado al tiempo que ha recalcado que «los tribunales no pueden mirar a otro lado porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos».
«Los delitos cometidos se han demostrado con las condenas que ha habido», concluye Portillo para quien «no perseguirlos» por la vía judicial «sería pensar que los políticos son una casta aparte para los que no se aplica ley».
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