El Gobierno de Sánchez suma una nueva condena de 15 millones de euros por el impago de las primas a las renovables

España acumula ya más de 20 condenas internacionales por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a abonar las indemnizaciones derivadas de la retirada retroactiva de las primas a las renovables, aprobadas por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia del Ministerio que lidera, en funciones, Teresa Ribera ha llevado a nuestro país a acumular un monto valorado en más de 1.200 millones de euros por esta causa, a distintos inversores y empresas y, en esta nueva ocasión asciende a 15 millones de euros más, reconocidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, a favor del grupo inversor que encabeza el alemán Mathías Kruck.

La denuncia del caso fue interpuesta en junio de 2015 y, al igual que ha venido ocurriendo con decenas de procesos similares, en los últimos meses, ha sido tramitada por el tribunal de la autoridad bancaria, presidido por el prestigioso jurista británico Vaughan Lowe, en base a los compromisos de derecho internacional que ha adquirido España como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía.

Por su parte, la corporación que ha visto reconocido su derecho a ser compensado ha contado con la representación jurídica del bufete español Gómez-Acebo & Pombo y del despacho francés King & Spalding.

El laudo, con fecha del pasado día 6 de octubre, obliga a España a pagar una indemnización de 15.019.540 euros en total y a asumir otros 540.000 euros más derivados del presupuesto de constitución y organización del arbitraje que ha sido necesario.

También se ha determinado que el Gobierno tendrá que abonar 2,9 millones de euros y 320.000 euros, adicionales, en concepto de condena en costas. Estas partidas junto con los intereses de demora y otros gastos necesarios han engordado la factura en 250 millones de euros más a la ya elevada cuantía que, de no ser satisfecha, provocará el embargo efectivo de bienes de España en el extranjero, algunos de los cuales han sido preventivamente bloqueados en Reino Unido y Australia.

El impago reiterado de la veintena de laudos, que se acumulan sobre la mesa del Ministerio de Transición Energética y del Consejo de Ministros, ha hecho que nuestro país figure por delante de Venezuela y Rusia en el ranking que mide el grado de incumplimiento de este tipo de sentencias.

Las compañías e inversores afectados están litigando en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia para convertir los laudos arbitrales en sentencias ejecutables que les permitan compensar, de esta forma, y por otras vías, los impagos. Asimismo, han intervenido cuatro títulos de deuda pública madura, exigible y pagadera situando a España en una situación de default técnico.