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Alberto Núñez Feijóo conversa con Cuca Gamarra en el hemicicloEFE

El PP llevará al Congreso tipificar el delito de deslealtad constitucional ante la amenaza de referéndum

Se trata de un compromiso que avanzó Feijóo durante el debate de investidura de Sánchez ante la «impunidad generada por la ley de amnistía» y que busca la «protección del Estado de derecho»

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que su grupo parlamentario llevará al Congreso en el primer semestre del año su propuesta de tipificar el delito de deslealtad constitucional en el Código Penal, que viene a recuperar el «espíritu del delito de sedición» que suprimió Pedro Sánchez como cesión a los separatistas catalanes.

Se trata de una medida que avanzó Alberto Núñez Feijóo durante el debate de su investidura fallida y que anunció que promovería durante la réplica a Sánchez en la investidura de este. Así, Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press, ha afirmado que Feijóo «siempre cumple con la palabra dada».

«No solo rechazamos su investidura, señor Sánchez, sino que tenga muy claro que defenderemos a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias, para revertir el daño que le está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales. (...) Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional», señaló el líder del PP en su réplica a Sánchez, ante la «impunidad generada por la ley de amnistía».

Gamarra ha expresado que es un compromiso «que se enmarca en la defensa y la protección de los valores constitucionales y, por tanto, en la defensa y en la protección del Estado de derecho» y ha subrayado que será una de las iniciativas que el PP impulse en este próximo período de sesiones.

Este anuncio se produce unos días después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya indicado en su mensaje de fin de año que en 2024 debe abrirse la negociación para un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Sánchez, le contestó asegurando que el Gobierno «no comparte» el referéndum de autodeterminación.

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