El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz durante su toma posesión del cargo
Crisis institucional
La Asociación de Fiscales pide la dimisión de García Ortiz: «Sólo a los delincuentes les interesa una Fiscalía al servicio del Gobierno»
La aparente «ausencia de credibilidad» y «falta de imparcialidad» han llevado a la institución a una posición de «debilidad manifiesta»
La Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) no ha querido mantenerse equidistante con el último escándalo del Ministerio Público tras conocerse que el ponente encargado del informe al Supremo en la causa de terrorismo que se sigue contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, cambió el sentido de su dictamen tras despachar con el actual titular de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz. Desde la AF piden, una vez más, su dimisión.
La institución «está seriamente dañada», asegura Cristina Dexeus, presidenta de la entidad, para quien este tipo de polémicas sólo alimentan el «resquemor de la ciudadanía hacia la institución». Un escenario que resulta muy «duro de asumir» para todos los profesionales que la integran y que implicará mucho tiempo «para remontar esta imagen que tiene de entreguismo al Gobierno». Por ello, los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AF instan a García Ortiz para que abandone un cargo al que llegó con el único cometido de «continuar la estela» de quien le precedió en el mismo.
Causa 'Tsunami Democràtic'
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No en vano, para la AF el «pecado original» parte «del nombramiento de Dolores Delgado» como fiscal general del Estado. «Ese nombramiento que ya apuntaba maneras y que nos hizo dar la voz de alarma pensando que con él se estaba dinamitando el principio de neutralidad de la Carrera, quedó claramente expuesto a medida que se fue desarrollando el mandato», lamentan los fiscales consultados por El Debate.
«En la actualidad», García Ortiz ha sido desautorizado, al menos, por el Supremo que tildó de «desviación de poder» el nombramiento de su predecesora –«quien propicio que él esté donde está»– incurriendo en una «desviación de poder», de manera que «cualquier actuación que ahora se lleve a cabo en cualquier procedimiento mínimamente relevante» en el que participe, está sometida a un escrutinio absoluto".
La Fiscalía no es un Ministerio más del GobiernoPresidenta de la Asociación de Fiscales (AF)
Tampoco ayudaron «las manifestaciones de Pedro Sánchez dejando en evidencia lo que no está previsto constitucionalmente ni quisieron los padres de la Constitución: que la Fiscalía es un Ministerio más del Gobierno», subrayan desde la AF. Estas declaraciones del presidente del Gobierno han minado la «credibilidad» de la institución. En base a ellas, cualquier puede «reprochar nuestra vinculación al Ejecutivo, nuestra dependencia política» o «nuestros intereses partidistas» deslegitimando «nuestra función procesal y constitucional como defensores de la legalidad, en cuanto se oponga a alguna concreta motivación».
Así las cosas, denuncian que los «únicos interesados» en que la Fiscalía «sea débil o esté en entredicho» son «los delincuentes». «No importa si estamos hablando de malversación, terrorismo, fraude,...», afirman desde la dirección de la AF, «el sólo hecho de que un procesado concreto prefiera a un fiscal frente a otro, que se den maniobras para poner o quitar a determinados fiscales y que la proximidad de alguno de ellos al poder pueda tener efectos» secundarios es «inadmisible e insoportable», sentencian.
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