El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, presidido por Vicente Guilarte
El TC resolverá sobre la tramitación
La mayoría del CGPJ se inclina por declarar la «inconstitucionalidad» de la amnistía en su informe al Senado
El máximo órgano de los jueces debatirá, el jueves, sobre los dos informes contradictorios. Al menos 9 vocales consideran que la norma es «rotundamente incompatible» con nuestro Estado de Derecho
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convertía, el pasado mes de noviembre, en el primer órgano constitucional en pronunciarse en contra de la Ley de Amnistía. El máximo exponente de los jueces y magistrados aprobó, entonces, una declaración institucional en la que declaraba que el borrado penal del procés, pactado por Pedro Sánchez con los partidos separatistas catalanes para lograr su investidura como presidente del Gobierno, suponía una «degradación, cuando no abolición del Estado de Derecho».
Nueve vocales, frente a cinco, respaldaron con su voto la posición mayoritaria en contra de la norma. Una aritmética que, según ha podido avanzar El Debate, volverá a repetirse en el informe que el Consejo remitirá al Senado, a petición de la Cámara Alta, donde ya se encuentra el texto tras recibir el aval del Congreso.
Como avanzó El Debate en primicia
El CGPJ debatirá la «inconstitucionalidad» de la amnistía partiendo de dos informes opuestos
El Pleno del Consejo partirá, este próximo jueves, de dos informes contradictorios acerca del encaje legal de la polémica ley en nuestro ordenamiento. Uno de ellos confeccionado por el vocal profesional Wenceslao Olea y otro cosecha de la ponente izquierdista Mar Cabrejas quien –pese a considerar «el silencio constitucional» sobre la amnistía no supone «una prohibición expresa» de la misma– alerta en su propuesta de hasta cuatro escollos que complican la viabilidad de la norma y, de resultar aprobada, su posterior aplicación.
Parece haber pocas dudas de que el CGPJ se sumará a la larga lista de organismos e instituciones que, hasta la fecha, han rechazado la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista, precisamente, con la intención de evitar los informes técnicos desfavorables a la amnistía que se han ido sucediendo en los últimos días y que habrían sido preceptivos si el Gobierno hubiese liderado la iniciativa, como Proyecto de Ley.
Así las cosas, a los dos varapalos más recientes sufridos por la norma, el de la Comisión de Venecia –órgano consultivo del Consejo de Europa– y el dictamen de los letrados del Senado, que ha provocado un conflicto institucional con el Congreso, podría sumarse un tercer varapalo tras la reunión de los consejeros de los jueces, que se celebrará en las próximas veinticuatro horas.
Sobre la mesa del CGPJ la «deficiente técnica jurídica» del texto normativo «contrario a los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de oficialidad y acusatorio», que Sánchez aspira a sacar adelante por una «mera motivación política». Y ello, aunque el conflicto de competencias, sin precedentes, planteado por los populares en el Senado, obligará al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes de lo esperado sobre un texto que, la mayoría de los juristas, consideran que lamina la separación de poderes.
Una ley «arbitraria»
De hecho, la propuesta de informe de Wenceslao Olea que parece haber concitado el acuerdo de una amplia mayoría de los vocales del CGPJ, citados este jueves, concluye que «la motivación de la amnistía tiene, como causa directa e inmediata», el acuerdo alcanzado el pasado 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont. «La invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia», asegura.
«La Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada», advierte el ponente conservador. En este sentido, también pone de manifiesto que «ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho».
El texto [de la Proposición de Ley de Amnistía] vulnera el principio de separación de poderesPonente del informe mayoritario
Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe del consejero del sector mayoritario considera que «es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto». Un aspecto en el que también ha incidido, con especial intensidad, la Comisión de Venecia en su veredicto definitivo sobre la norma.
«La proposición de ley orgánica socava el derecho a la igualdad, ya que no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos, toda vez que el fundamento que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario», alerta el informe del CGPJ que parte como favorito.
De hecho, «conforme a la regulación constitucional, no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los Tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares» cuya potestad recae en el Ejecutivo.
Ni la norma cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias, pues «el conjunto del texto no justifica que nos encontremos ante una ley razonable, proporcionada y adecuada a los fines que se pretende conseguir», ni tampoco «delimita con la suficiente y exigible claridad, ni con el adecuado respeto al principio de seguridad jurídica, el ámbito objetivo de la amnistía».
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