El expresident de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, anuncia su candidatura el 12-M con Junts
Triple varapalo a la Ley
La Justicia estrecha el cerco sobre la amnistía y rebaja el triunfalismo sobre una vuelta de Puigdemont sin ser detenido
La Proposición de Ley de impunidad del Gobierno ha recibido tres importantes varapalos técnicos y, al menos, otras tantas decisiones judiciales reafirman la imputación por terrorismo al líder de Junts
«Hoy comienza la cuenta atrás para el regreso», aseguró ayer desde el sur de Francia el líder de Junts. Carles Puigdemont anunció que será el candidato de su partido a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, en las elecciones autonómicas del próximo 12-M y avanzó que volvería para la sesión de investidura. Una cita que podría fijarse el próximo mes de junio, seis años después de darse a la fuga con destino a Bélgica, en el maletero de un coche, tras saber que estaba siendo reclamado en el Supremo por su responsabilidad como cabecilla político del procés. Para entonces, Puigdemont cuenta con que la amnistía haya entrado en vigor y, con ello, desaparezca cualquier riesgo de ser detenido en nuestro país donde, a día de hoy, todavía se mantiene la orden de búsqueda y captura para su detención.
No fue, por lo tanto, un detalle menor que el mismo día de su eufórico regreso a la primera línea de la política, el magistrado instructor de la causa del procés en el Alto Tribunal, el magistrado Pablo Llarena, confirmase su competencia para enjuiciarle por dos delitos de desobediencia y malversación y, por lo tanto, avanzar que será él, y sólo él, quien tendrá la última palabra sobre el levantamiento de las medidas que pesan sobre Puigdemont una vez se haya consumado la aprobación definitiva de la amnistía, en un par de meses. El juez Llarena frustraba de plano el séptimo intento de recusación, instado contra él por el ex president, para apartarle del caso, apenas unas horas antes de la comparecencia del fugado.
Se da la casualidad de que, también, en los últimos días, el magistrado instructor de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechazaba por su parte una ofensiva similar contra él, dirigida a apartarle de las pesquisas sobre las presuntas responsabilidades terroristas de hasta una veintena de miembros no aforados de la plataforma separatista. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba, además, su pleno respaldo al trabajo del juez y avalaba su decisión de investigar si TD planeó actuar contra el Rey, al paso de su comitiva, durante una visita a Barcelona, en julio de 2020.
La derivada del terrorismo de Tsunami Democràtic se ha convertido en un nuevo frente judicial para el propio Puigdemont, toda vez que el Supremo le abrió causa penal, tras aceptar la exposición motivada en la que el juez García-Castellón pedía que fuese la Sala Segunda del Alto Tribunal la que se hiciese cargo de las diligencias del procedimiento, al tratarse de un aforado en el Parlamento europeo. El encargo recaía en la instructora Susana Polo.
Por el momento han fracasado todos los intentos del separatismo catalán que encabeza de nuevo Carles Puigdemont, apelando a su condición de «president legítimo», por combatir el terrorismo que se le imputa y convertirlo en unos simples desórdenes públicos. Tanto el líder de Junts, como su entorno, son conscientes de que las acusaciones a las que se enfrenta, en este sentido, complican la aplicación «directa e inmediata» de la amnistía en su caso.
La posibilidad de que los jueces competentes levanten las medidas cautelares vigentes mientras tramiten sus dudas sobre la pretendida inconstitucionalidad de la norma, ante el Tribunal Constitucional español (TC), o las cuestiones prejudiciales de la misma en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no está clara. Puigdemont juega para su vuelta a España en libertad con un escenario en el que, aprobada y publicada la amnistía, los jueces tendrán dudas «legítimas» sobre la aplicación de la norma que, sin embargo, no afectarán a la retirada de las órdenes de detención. La realidad es que no tiene ninguna garantía.
La Sala Penal apuntala el terrorismo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimaba, en las últimas horas, el recurso de la Fiscalía en el que consideraba los hechos atribuibles a la plataforma Tsunami Democratic como desórdenes públicos y no terrorismo como los calificó el juez instructor Manuel García-Castellón. Y, por lo tanto, rechazaba la petición del Ministerio Público para enviar la causa a los juzgados de Cataluña.
En su auto, los magistrados basaron su negativa en los argumentos recogidos en el auto del Tribunal Supremo del pasado 29 de febrero en el que asumió la causa de Tsunami por diversos delitos, entre ellos el de terrorismo, contra los dos aforados implicados: el propio Carles Puigdemont y el diputado autonómico de ERC Ruben Wagensberg.
De esa resolución se desprenden indicios sólidos sobre la existencia de perjudicados por los actos violentos de Tsunami, en octubre de 2019, y el posible uso de instrumentos aptos para causar graves daños materiales y personales, con numerosos heridos. Entre ellos, un agente de la Policía Nacional que quedó inconsciente tras impactar una piedra en su cabeza, lo que obligó a su traslado a un hospital.
Las acciones atribuidas a los investigados en la preparación de los altercados de Cataluña, como reacción a la sentencia condenatoria dictada por el Supremo en la causa principal del procés, «no son las de simples mensajeros (...) ajenos a los hechos de que trata y de la información que transmite». «La envergadura de las acciones llevadas a cabo por Tsunami Democratic relatadas» en el sumario y el papel descrito para Puigdemont «evidencian lo esencial que era su participación para el desarrollo de aquellas».
Tres informes, tres reveses a la amnistía
Con un horizonte judicial tan negro, Carles Puigdemont juega con la baza de la amnistía y los plazos límite que se barajan en Cataluña para la constitución del Parlament, el próximo día 10 de junio. En el caso de su futura y eventual investidura, si ganase las elecciones u obtuviese un resultado que le permitiese gobernar, la fecha tope sería el 25 de junio.
Para entonces, su regreso quedará indisolublemente ligado al éxito de la amnistía, en trámite parlamentario. El Senado dispone de dos meses –hasta el día 15 de mayo– para o bien aprobar el texto de manera definitiva o devolver al Congreso la proposición de Ley. Este segundo escenario, permitiría que la Ley entre en vigor a finales de mayo y, por lo tanto, antes de la posible vuelta de Puigdemont a España para tomar posesión de su cargo como presidente de la Generalitat.
Sin embargo, en este escenario pantanoso, tres informes técnicos –de la Comisión de Venecia, los letrados del Senado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– han vuelto a sacar los colores a quienes tratan de defender que la amnistía garantiza la «reconciliación». El propio Puigdemont anunciaba, este jueves desde la frontera francesa, su candidatura a presidir el Gobierno catalán prometiendo su regreso para ser investido, sin ser detenido, y apelando a su voluntad de «culminar la independencia» iniciada en octubre de 2017. En consecuencia, el líder de Junts estaría preparado para reeditar el 1-O.
El conflicto de competencias planteado por la Cámara Alta, con mayoría absoluta del Partido Popular, con la Cámara Baja al hilo del texto de la amnistía, se suma al triple varapalo recibido por la norma, «inconstitucional» a criterio del Poder Judicial. Aunque el mecanismo invocado por los populares no afecte a los plazos de tramitación sí condicionará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, antes de lo previsto, sobre la legalidad de la norma y su encaje en el ordenamiento jurídico en clave nacional e internacional. Europa está prevenida.
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