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18 de julio de 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles en el CongresoEfe

Tribunales

Sánchez aspira a colonizar más de un tercio del Supremo si arrebata al CGPJ los nombramientos de los jueces

El presidente del Gobierno amenaza con un plan B para controlar el Poder Judicial, tras el freno de Europa a su anterior intento por rebajar las mayorías necesarias para la renovación del Consejo

Pedro Sánchez reformará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no logra llegar a un acuerdo con el PP para su renovación, pendiente desde 2018, antes de que termine el mes de junio. «El día de la marmota ha terminado», anunciaba el presidente del Gobierno durante una entrevista concedida a Televisión Española (TVE), este martes. Pero, a diferencia del anterior intento por controlar la Justicia, ya no se trata de reducir las mayorías parlamentarias necesarias para la designación de los vocales de su máximo órgano de representación, el Consejo. El presidente del Gobierno sabe que esto no gustó en Bruselas y, además, cuenta con algunos precedentes fallidos de mayorías descendentes en países miembros como Hungría y Polonia que, difícilmente, se podrían replicar en el nuestro con el visto bueno de Europa.

El plan B de Sánchez para colonizar una de las pocas instituciones que han resistido al intervencionismo del Ejecutivo socialista, pasa ahora por retirar al CGPJ la potestad constitucional de nombramientos que le otorga el artículo 122 de nuestra Constitución, congelada en la actualidad durante los periodos de prórroga, para asumir, directamente, la facultad de designar a los principales jueces y magistrados de nuestro país.

Un escenario que, de consumarse, permitiría a Sánchez «la auténtica barbaridad» de colonizar, en la práctica, más de un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, que ya acumula un total de 25 vacantes repartidas entre sus cinco Salas: doce huecos en lo Contencioso-Administrativo, seis más en la jurisdicción Social; otros tres tanto en la de lo Civil como en la de lo Militar, seis en total; y, uno más en la Segunda, de lo Penal. El veto impuesto por el propio Gobierno a las designaciones de magistrados, en un CGPJ en funciones, ha ido gestando gravísimas carencias de funcionamiento en el TS, bajo la estoica labor de tan sólo el 70 % de sus efectivos, y Sánchez es consciente de ello.

Un caldo de cultivo perfecto para que a la propia «anomalía insostenible» que supone que el más Alto Tribunal de nuestro país «funcione en precario», se sume ahora un pretendido rescate que, en realidad, no deja de ser «un problema adicional», denuncian varios ex magistrados del órgano consultados por El Debate. Lo que para el presidente del Gobierno es una oportunidad, para los expertos es un «peligro que supone que en Salas integradas por diez o quince magistrados en total, entren en bloque y de golpe cinco nuevos miembros». Con lo que ello puede suponer «en términos de vuelcos radicales de la jurisprudencia» vigente en las materias más asentadas y sensibles.

La sola posibilidad era tachada por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como una propuesta «inaceptable» y un «auténtico atropello constitucional» perpetrado «con precipitación», planteado bajo la amenaza de «nuevas formas de injerencia» en la Administración de Justicia –que arrancaba esta legislatura con el reconocimiento del lawfare de la mano de Junts para la aprobación de la Ley de la Amnistía– y conculcando la «separación de poderes que es la base de nuestra democracia».

Choque «frontal» con la Constitución

No en vano, la maniobra de Sánchez en Justicia, «complementaria» al paquete de medidas para la «regeneración democrática» que aspira a presentar en julio, en sede parlamentaria, «choca frontalmente» con la Constitución vigente.

No sólo porque «supondría hurtar al Consejo General del Poder Judicial una de las cuatro competencias, indelegables, que tiene conferidas de manera absoluta, no compartida», en la Carta Magna; sino, porque hacerlo iría en contra del «autogobierno relativo que los constituyentes otorgaron al Poder Judicial» y recuperar para el Ejecutivo «funciones sensibles, de las que se desposeyó al Ministerio de Justicia, hace más de cuarenta años, en favor de una mayor independencia judicial que ahora apunta a que se quiere revertir», denuncian a El Debate varias voces autorizadas en la materia.

Las mismas voces se apresuran a recordar cómo el Tribunal Constitucional, conformado en su última renovación a la medida de Sánchez y de sus socios separatistas, ya dio «carta de naturaleza» al primer bloqueo de los nombramientos instado sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Gobierno, entonces de coalición entre PSOE y Podemos.

Así las cosas, son muchos los que anticipan que el TC que preside Cándido Conde-Pumpido validará los recientes anuncios del presidente socialista, una vez se hayan consumado las reformas legales necesarias para cumplirlos. El Consejo puede defenderse del intento de injerencia del Gobierno planteando un conflicto de competencias ante la Corte de Garantías. Cosa distinta es que «una vez llegado al Pleno, la petición prospere», auguran los expertos.

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