Un documento confidencial del Gobierno demuestra cómo desprecia las advertencias de Europa contra la corrupción familiar

Aunque el propio Pedro Sánchez dijo que no temía que el juez Peinado reclamara la información bancaria de su esposa, saldada finalmente con la entrega de once cuentas en las que Begoña Gómez figura como titular o autorizada con un sorprendente saldo conjunto de apenas 40 euros, la realidad es bien distinta.

Porque lo cierto es que su Gobierno se ha negado sistemáticamente a atender las instrucciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo Europeo, en las que insiste en la necesidad de depositar en sede oficial los intereses económicos de los familiares de presidentes y altos cargos, como por ejemplo la mujer del líder socialista.

El incumplimiento ya no es una hipótesis, sino que figura en un documento por escrito, al que ha accedido en exclusiva El Debate, en el que el Ministerio de la Presidencia y de Justicia reconoce por primera vez que no ha atendido los consejos de Europa y que, de hecho, no incluyó ninguna medida en favor de esa transparencia en el informe que tuvo que remitirle al GRECO para «examinarse» ante él por el cumplimiento de sus políticas anticorrupción, a más inri declarado «confidencial» hasta este momento.

En público, Pedro Sánchez denuncia un supuesto «acoso» judicial, político y mediático; pero lo cierto es que renuncia voluntariamente a utilizar los recursos a su alcance para desmentir toda sombra de duda sobre su propia esposa, cuyas actividades económicas deberían estar depositadas en la Oficina de Conflictos e Intereses e incluso hacerse públicas de manera voluntaria, de atender los consejos de la entidad europea consagrada a prevenir la corrupción.

Todo ello consta en el documento que el Ministerio de Justicia envió a esta institución dependiente del Consejo de Europa, y al que ha accedido en exclusiva El Debate después de meses de espera, tras conseguirla en ejecución de la resolución favorable por parte del Consejo de Transparencia, pese al silencio sepulcral impuesto.

Y es que, el Ejecutivo ha intentado por todos los medios evitar la difusión del documento que sirvió de soporte para la última evaluación del GRECO en materia de prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en altas funciones ejecutivas del Gobierno central y las fuerzas de seguridad, y que según el informe anual del grupo publicado el mes de mayo, deja asuntos sin resolver.

De hecho, algunas de ellas ponen en el foco, precisamente, al entorno más cercano al presidente, pues entre las recomendaciones se incluía consignar oficialmente toda la información económica referida a la esposa del presidente, Begoña Gómez, tal y como desveló este periódico.

Mientras Sánchez denuncia «acoso», en realidad desoye a Europa y no aplica sus políticas contra la corrupción familiar

Pero el Gobierno ha puesto todas las zancadillas posibles, de hecho, el informe de evaluación aparece en la web del GRECO como ‘confidencial’, ya que no ha dado permiso para que sea público, por lo que ha sido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quien, a instancias de El Debate, ha obligado al ministerio dirigido por Félix Bolaños a remitir a este periódico el informe que envió al grupo informando sobre los avances en materia anticorrupción.

En concreto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió el 28 de octubre la resolución 2024-1209, en la que reprendía una vez más a Bolaños por no contestar ni a la solicitud realizada por este periódico, ni tampoco a los requerimientos realizados por el organismo, y obliga al Ministerio a remitir los informes enviados al GRECO y que permitirían conocer si realmente el Gobierno tiene intención de ampliar la transparencia al respecto de los negocios de Begoña Gómez y controlar las actividades de los altos cargos de la administración para evitar la corrupción.

Tras ello, por fin, este medio ha podido acceder al informe confidencial de 19 páginas, elaborado en inglés y traducido para El Debate por Yolanda Cerdá, Certified Court Interpreter.

Albares defendía de nuevo días atrás el uso del catalán en la Eurocámara porque lo hablan «diez millones de españoles». El informe, fechado el 30 de marzo de 2023, fue remitido al GRECO y en él Justicia informa sobre las recomendaciones implementadas. En su página 9 hace referencia al apartado 107 de la evaluación sobre España que recoge expresamente la necesidad de «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada/detallada sobre activos, intereses, empleo complementario y pasivos; y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo».

Sin embargo, en este documento el Gobierno reconoce que no ha hecho nada al respecto. De hecho, asegura de forma textual que «no se ha producido ningún avance significativo», lo que evidencia el nulo interés del Ejecutivo en que los negocios de Begoña Gómez sean públicos o que al menos, se depositen sus declaraciones de intereses y bienes en la Oficina de Conflictos de Intereses, tal y como recomendaba la institución.

«Es aconsejable que los formatos electrónicos de información financiera también estén disponibles al público para facilitar su comparabilidad y utilidad con el fin de prevenir la corrupción», recalcó el GRECO en referencia explícita a España, colocando la pelota en el tejado de Sánchez, pero el presidente no ha querido recogerla.

Además, el Gobierno sigue dejando en el limbo otras recomendaciones, como «reforzar el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con altas funciones ejecutivas», lo que evitaría casos como el de la ‘secretaria’ de Begoña Gómez que ha desempeñado labores vinculadas a la esposa del presidente, tal y como se evidencia en los correos que forman parte del sumario de la causa en la que está imputada la esposa del presidente.

«Valores éticos»

Sin embargo, en este punto, el Gobierno asegura que está implementando medidas, en concreto, a través del eje 3 del Cuarto Plan de Gobierno Abierto, pero se ha limitado a hacer un diagnóstico de situación mediante encuestas, a realizar cursos de formación y al Sistema de Integridad de la AGE, con el que pretende «fomentar y consolidar una cultura de integridad y valores éticos en el desempeño de todo el personal de la organización», pero que, en realidad, no tiene carácter normativo.

Del mismo modo, el grupo puso el acento en la necesidad de «reforzar sustancialmente el régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución en materia de conflictos de intereses de los altos cargos, en particular, reforzando la independencia, la autonomía, las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses».

Este punto está directamente relacionado con otro de los asuntos que señalan a Begoña Gómez, tal y como publicó El Debate, pues Pedro Sánchez se saltó la ley y nunca le consultó la posibilidad de que estuviera incurriendo en incompatibilidades o conflictos de intereses por hacer de la Moncloa la base de operaciones de las actividades privadas y profesionales de su mujer y adoptar decisiones desde el Gobierno que beneficiaron a socios o clientes Begoña Gómez, como fue el rescate de Globalia.

Sánchez tampoco ha implementado medidas contra las «puertas giratorias», reclamadas también por Europa

Además, la OCI, un departamento dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, dirigido actualmente por Óscar López tras la marcha de José Luis Escrivá al Banco de España, por su parte, también podría haber actuado preventivamente de haber sido consultada o por iniciativa propia, pero no lo hizo.

Esta falta de independencia ha sido cuestionada por el GRECO, pero como reconoce el Gobierno en su informe, tampoco ha hecho nada al respecto, al igual que en lo referente a las llamadas ‘puertas giratorias’, sobre las que «no se ha producido ningún avance significativo».

Por todo ello, una vez que el Gobierno ha ignorado gran parte de las recomendaciones que mejoraría el Estado de derecho y que reducirían la corrupción, el PP ha registrado una iniciativa en el Congreso emplazando al Gobierno a tomar medidas como aprobar una estrategia anticorrupción, cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado y regular los lobbies.

La negativa de Sánchez a cumplimentar los protocolos europeos anticorrupción coincide además con la acumulación de diligencias judiciales, investigaciones de la UCO y declaraciones explosivas como las del empresario Víctor de Aldama, que se suman a las imputaciones de su histórica mano derecha, José Luis Ábalos, de su hermano David Sánchez y de su propia esposa, Begoña Gómez.