El Gobierno amplía el derecho de rectificación contra la prensa crítica y los usuarios de redes más seguidos

«Ésta es una buena noticia para la democracia», se felicitó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El penúltimo Consejo de Ministros del año aprobó el anteproyecto de una de las medidas estrella del controvertido Plan de Acción por la Democracia del Gobierno: la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de rectificación.

El anteproyecto hace tabla rasa respecto a la norma actual, que data de 1984. De sus siete artículos, el Ejecutivo pretende reformar los siete. Para, según Félix Bolaños, promover «una mayor calidad en el debate público» y adaptar la ley al «entorno digital actual», puesto que la actual no contempla los medios digitales (no existían). «Algunos se dedican a mentir todos los días y los ciudadanos tenemos derecho a defendernos», según Bolaños.

El ministro ya adelantó que, a la vuelta de las fiestas navideñas, la siguiente será la ley orgánica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que es otra de las normas que a Sánchez le ha entrado la prisa por reformar en medio del caso Begoña. La mujer del presidente declarará este miércoles nuevamente como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado.

La propuesta del Ministerio de Bolaños pasa por facilitar el derecho a la rectificación, según él. Afecta a los medios de comunicación tradicionales, así como a los digitales -a los que el Gobierno llama «pseudomedios»- y, también, a los usuarios relevantes de las redes sociales: los que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en todas. He ahí un gran cambio. Según Bolaños, algunos son «profesionales del bulo y de la mentira» y «se dedican a mentir todos los días».

El ministro Óscar Puente es un buen ejemplo. Tiene 253.000 seguidores en X y la semana pasada difundió que la dirección nacional del PP había prohibido a los presidentes regionales del partido cenar con Pedro Sánchez en Santander, la víspera de la Conferencia de Presidentes. Eso sí, lo hizo de viva voz, en la presentación de un libro, no en la red social. La Moncloa tuvo que desmentirlo, como contó El Debate.

Los cambios

El anteproyecto aprobado aumenta de siete a diez días naturales el plazo para que el afectado pueda remitir un escrito de rectificación. Y ya no hará falta que ese escrito vaya dirigido al director de la publicación, como estipula la ley actual. A mayores, no será suficiente con publicar o difundir una rectificación, sino que habrá que incluir un aviso de que esa información «inexacta o falsa» ha sido rectificada.

En el caso de que el medio o usuario no rectifique por las buenas, el Ejecutivo ha previsto un mecanismo de juicio rápido, al suprimir el actual requisito de la contestación por escrito de la demanda. De esta manera, según Bolaños, «los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser más rápida la sentencia». Por último, todos los involucrados deberán tener un mecanismo de rectificación «fácil y accesible». El anteproyecto, como la ley actual, no contempla sanciones económicas. De llegar a los tribunales, el juez ordenará publicar la rectificación o no al demandado.

No obstante, la norma está en una fase muy inicial. Ahora el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberá recabar los informes preceptivos y, en unos meses, elevar un proyecto de ley al Consejo de Ministros. Después empezará la tramitación parlamentaria. Al tener rango de ley orgánica, el PSOE necesitará mayoría absoluta para su aprobación, 176 escaños.

En septiembre, el propio Bolaños y el también ministro Ernest Urtasun presentaron el Plan de Acción por la Democracia, un totum revolutum de reformas legislativas que supone una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Su particular respuesta al caso Begoña.

Éste incluye la reforma de cuatro leyes orgánicas en los tres años que quedan de legislatura: la del derecho al honor; la del derecho de rectificación; la del régimen electoral general; y el Código Penal, que también tiene rango de ley orgánica. Además, tres leyes ordinarias: la de Publicidad y Comunicación Institucional; la ley de secretos oficiales (ya lo intentó la pasada legislatura) y la ley de seguridad ciudadana, que la izquierda llama «ley mordaza». La coalición también quiere volver a intentar impulsar una ley que regule las actividades de los grupos de interés (los lobbies). En 2022, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto, pero quedó en un cajón. Como tantos otros.