​Pablo Cambronero: «Desde 2020 podrían estar en tela de juicio 1,6 millones de subvenciones de la AECID»

El exdiputado nacional de Ciudadanos Pablo Cambronero nos ofrece en exclusiva para El Debate detalles de su investigación en relación a un presunto caso de corrupción en las concesiones de ayudas gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Según sus indagaciones, la trazabilidad y la transparencia en el destino final de los fondos enviados a varios países de Hispanoamérica no son claras, lo que plantea grandes interrogantes sobre el uso de los recursos públicos. Esta investigación pone de manifiesto la presunta falta de control en el uso de los impuestos de los ciudadanos españoles, algo que afecta no solo a la credibilidad de las instituciones del Estado, sino también el desarrollo de los países que reciben estas ayudas.

Cambronero denuncia que, a pesar de la magnitud de los fondos comprometidos, las presuntas prácticas de opacidad y la falta de seguimiento podrían estar facilitando un sistema de malversación de dinero público, que requiere una revisión urgente y profunda.

— ¿Qué lo llevó a investigar en la base de datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras entidades similares?

— Desde mi etapa como diputado del Congreso vengo viendo que hay un claro descontrol en el gasto público. Este descontrol se hace más evidente en determinados entes como la AECID, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores como órgano dedicado a la cooperación Internacional al desarrollo. Cuando el dinero sale de España se le pierde la pista, también por el Tribunal de Cuentas Español, y ello me genera las evidentes sospechas que estamos investigando.

— ¿Cómo descubrió las presuntas irregularidades en la asignación de fondos y su destino?

— Analizando los datos de subvenciones que publica el Ministerio de Hacienda muy pronto fuimos conscientes de que muchas partidas de las que repartía la AECID no parecían llegar a sus destinos o, si llegaban, no se certificaba el uso efectivo del dinero público enviado.

Hallazgos específicos

— ¿Cuál es el monto aproximado de los fondos que podrían estar involucrados en esta presunta falta de transparencia?

— Según los datos que hemos podido extraer de la Agencia Tributaria, desde el año 2020 podrían estar en tela de juicio aproximadamente 1.670.000 de euros.

— ¿Qué tipo de irregularidades detectó en los fondos asignados a países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia o Cuba?

— En cuanto a los países que menciona, se repiten las donaciones millonarias dirigidas a entidades públicas de esos países. Colombia, por ejemplo, es uno de los países que más dinero público español recibe de todo el mundo, (siempre por detrás de Palestina, que es el que más recibe). Se repiten cuantiosas ayudas hacia todo lo que tiene que ver con «cambio climático», «feminismo», «gestión de aguas», etc. Lo más llamativo es que ministerios, ayuntamientos y todo tipo de instituciones reciben muchos millones de euros sin justificación de proyecto alguno, lo cual abre un vasto campo de oportunidades a la corrupción.

Se genera la concesión de grandes cantidades de dinero, supuestamente se envían a las entidades públicas o privadas del país de destino, y ahí se pierde toda pista

— ¿Podría compartir ejemplos concretos de cómo supuestamente se desviaron estos fondos y si existe algún patrón común en estas irregularidades que pueda indicar una presunta estructura sistemática de corrupción?

— Las presuntas irregularidades que nos hemos encontrado son de todo tipo, pero es cierto que se repite constantemente el mismo modus operandi. Se genera la concesión de grandes cantidades de dinero, supuestamente se envían a las entidades públicas o privadas del país de destino, y ahí se pierde toda pista del dinero, pues aquellos que reciben el dinero no parecen tener obligación de certificar su utilidad (como sí es necesario en España). Es por ello que estamos estableciendo contactos en los países de destino para comprobar si se recibe la ayuda y para qué se usa.

Responsabilidades y actores involucrados

— ¿Qué entidades o personas dentro de estas organizaciones están directamente implicadas en estas presuntas irregularidades?

— Hablamos de instituciones gubernamentales, provinciales, municipales, ONG nacionales e internacionales, Cruz Roja y prácticamente todos los organismos relacionados con la ONU.

— ¿Cree que estas prácticas cuentan con respaldo político, tanto en España como en los países receptores?

— Es evidente que sí, de ahí que cuando comenzamos a investigar y publicar estas ayudas se produjera el silencio sepulcral de todas las instituciones vinculadas, nacionales e internacionales. Incluso el silencio mediático generalizado me produjo mucha sorpresa, pues creo que el asunto es de una entidad suficiente como para que los medios de comunicación hablaran diariamente de ello.

— ¿Qué papel han jugado los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Colombia o Cuba en el presunto mal uso de estos fondos?

— Estamos intentando averiguar hasta qué punto los gobiernos de estos países han hecho ese presunto mal uso del dinero público español, pues ninguno de los países aludidos ha hecho comentario alguno acerca de esto.

Impacto y consecuencias

— ¿Cuál ha sido el impacto de estas irregularidades en las comunidades que deberían haberse beneficiado de estos fondos?

— Lo desconocemos, pero sospecho que ninguno.

— ¿Qué consecuencias legales o políticas podrían enfrentar los responsables de estas posibles irregularidades?

— Si pudiera certificarse el mal uso del dinero público español que reciben esos países pudiera iniciarse un procedimiento judicial penal contra tanto el Gobierno español, como el receptor, por presunta malversación de caudales públicos. Seguimos investigando.

Reacciones y futuro

— ¿Qué respuesta ha recibido por parte de las entidades investigadas tras sus denuncias?

— Solo la AECID en su perfil de LinkedIn se ha puesto en contacto conmigo para que tuviera constancia de que leen mis publicaciones, no sé si queriéndome dar un aviso, pero quizás sea yo muy malpensado.

— ¿Cree que la falta de transparencia en la gestión de estos fondos es un problema estructural o algo que puede corregirse?

— Es claramente estructural. Hay que recordar que nosotros solo estamos analizando las ayudas dadas desde 2020, (unos 1.670 millones de euros), pero sabemos que este mecanismo lleva décadas funcionando sin control, lo cual hace que pesar mal sea casi una obligación.

— ¿Qué medidas sugiere para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro?

— Auditar todas y cada una de las ayudas otorgadas y comprobar su uso real. Todo aquello que se haya entregado y no pueda certificarse su utilidad debe ser exigido de vuelta. Lo dice la ley, no me invento nada. En España urge un DOGE al estilo de EE. UU.

Seguimos semana tras semana investigando y publicando las decisiones millonarias del Consejo de Ministros, pues creo que la sociedad necesita saber en qué se gasta su dinero el Gobierno

— ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los ciudadanos españoles sobre cómo se están gestionando sus impuestos en proyectos de cooperación internacional?

— Me gustaría decirles a los ciudadanos españoles que en nuestro país tenemos un grave problema de descontrol del uso del dinero público. Quiero que sean conscientes de que todos podemos hacer algo para exigir pulcritud en el uso del dinero público, lo demuestra el hecho de que personas de la sociedad civil como yo podemos demostrar que hay cantidades ingentes de dinero de nuestros impuestos que se 'pierden' en el extranjero.

— ¿Tiene más investigaciones en curso o planea profundizar en este tema en el futuro?

— No solo estamos analizando el dinero público que reparte el Ministerio de Asuntos Exteriores, seguimos semana tras semana investigando y publicando las decisiones millonarias del Consejo de Ministros, pues creo que la sociedad necesita saber en qué se gasta su dinero el Gobierno y así además solicitar que con lo público no se alimenten estructuras o intereses espurios. Vamos a seguir investigando con celo cada euro público que gaste este Gobierno.