La nueva ley de medios del Gobierno incluye multas de hasta 600.000 euros, inspecciones y cierres

«Pseudomedios», «fachosfera», «galaxia digital ultraderechista», «máquina del fango», «cabeceras ultraconservadoras»… en el último año, Pedro Sánchez no ha ahorrado en descalificaciones hacia la prensa no afín, la que lleva doce meses destapando las actividades de su mujer, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Coincidiendo con el primer aniversario del estallido del caso Begoña, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva ley de servicios digitales y medios de comunicación. Se trata de una norma con tintes de «ley mordaza», con la coartada de que hay que incorporar al ordenamiento jurídico español diversos reglamentos europeos, como el 2022/2065. Sin embargo, los reglamentos europeos son de aplicación directa en los estados miembro, sin necesidad de ninguna ley nacional; y son las directivas europeas las que sí hay que trasponer.

El Debate ha tenido acceso al anteproyecto elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que, este martes, Óscar López definió como una herramienta al servicio de la pluralidad informativa y del buen hacer periodístico. La norma introduce cuatro grandes cambios: la creación de un registro estatal de medios al cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la capacidad de la CNMC de enviar inspecciones y multar; un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros, que en el caso que las muy graves decidirá directamente el ministro López; y la posibilidad de las suspensiones temporales de la actividad para los infractores.

Según el Ejecutivo, el hecho de que la CNMC se encargue de ese registro será una garantía de independencia. Sin embargo, la cúpula ese organismo regulador ha sido nombrada por los socialistas: la presidenta lo fue en 2020 y, en diciembre de 2024, el Gobierno designó al vicepresidente y cuatro consejeros más cuyo mandato había caducado.

En ese registro, los «prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito estatal», que así los denomina el Ministerio, deberán aportar información sobre su estructura de propiedad, vías de financiación privadas e ingresos por publicidad institucional, entre otros datos.

El anteproyecto distingue entre prestadores de servicios intermediarios, como las plataformas y los motores de búsqueda; los prestadores de servicios de medios de comunicación; y los proveedores de sistemas de medición de la audiencia.

Respecto a los primeros, el texto otorga competencias a la CNMC para «realizar todas las inspecciones necesarias en las instalaciones del prestador de servicios intermediarios de que se trate». «Los funcionarios autorizados para llevar a cabo una inspección podrán entrar en los locales (…), examinar los libros y otros documentos (…) precintar todos los locales utilizados con fines relacionados con la actividad comercial, negocio, oficio o profesión del prestador».

Las sanciones

En lo que se refiere a la prensa, el régimen de sanciones varía en función del medio. Para las televisiones, las infracciones muy graves son de hasta 600.000 euros, las graves de hasta 300.000 y las leves de hasta 100.000. En el caso de las radios y la prensa escrita, muy graves hasta 200.000 euros, graves hasta 100.000 y leves hasta 50.000.

En el caso de las plataformas y motores de búsqueda, las infracciones muy graves llevarán aparejadas multas de entre 150.001 y 600.000 euros o el 6 % de la facturación del ejercicio anterior. Si en tres años cometen dos o más infracciones muy graves, se les puede prohibir actuar en España por un máximo de dos años. Para las infracciones graves, las multas oscilarán entre 30.001 y 150.000 euros, o el 4 % de la facturación del ejercicio anterior. Y para las infracciones leves, las multas serán de un máximo de 30.000 euros, o el 2 % de la facturación.

En infracciones graves o muy graves se podrá acordar: «La suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos»; y también el «precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como aparatos y equipos informáticos de todo tipo».

Las sanciones por infracciones muy graves las impondrá «la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública». Es decir, Óscar López. Y las graves y leves, «la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial», que actualmente es María González Veracruz.

La norma también fija controles especiales para aquellos medios de comunicación que concentren más del 10 % de la audiencia en sus respectivos ámbitos, ya sea televisión, radio, prensa escrita o prensa digital. El ministro se reserva la potestad de «autorizar la concentración de medios de comunicación» o «prohibir la concentración de medios de comunicación por sus efectos en el pluralismo y la independencia editorial». Como también puede modificar ese umbral del 10 % si lo desea, previo informe de la CNMC.

El anteproyecto aprobado este martes deberá ahora recabar los informes de diversos órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley. Y, de ahí, a las Cortes para su tramitación parlamentaria.