Imagen del Ayuntamiento de Ermua
Dignidad y Justicia reprocha a la número 2 de García Ortiz que «está defendiendo a los jefes de ETA»
Ángeles Sánchez se ha mostrado favorable a mantener como prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco
La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero ha mostrado su «indignación» ante la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 del Fiscal General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, en la que se ha posicionado en contra de suprimir la prescripción del secuestro y asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Eibar, Miguel Ángel Blanco en 1997.
En opinión de Dignidad y Justicia, la teniente fiscal solo muestra la disposición sumisa a los intereses del Gobierno, que se encuentra secuestrado por Bildu, Sánchez Conde defiende los intereses de los responsables de la organización terrorista y no de las víctimas del terrorismo.
Recuerda esta asociación que 13 de los 16 miembros de la Junta de Fiscales del Supremo votaron a favor de mantener abierto el caso contra los jefes de la organización terrorista ETA y, sin embargo, la teniente fiscal «respalda la postura del fiscal Carlos García Berro, quien en la Audiencia Nacional había apoyado el archivo de la causa después de haberse mostrado abiertamente partidario de posturas de ultraizquierda en redes sociales».
«El escrito de la teniente fiscal vuelve a demostrar que en España no vivimos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de Vergüenza, en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo. Los jefes de ETA acusados en el caso Miguel Ángel Blanco son elementos clave para Bildu y así se lo han hecho saber sus representantes políticos a Pedro Sánchez, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en la Fiscalía General del Gobierno», concluye Dignidad y Justicia.
Tanto Dignidad y Justicia como el Partido Popular recurrieron ante el Supremo el archivo de la causa contra los jefes de ETA, 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' como parte de la cúpula de la organización terrorista que no ordenó o no evitó la comisión de uno de los crímenes de ETA que más ha conmocionado a la sociedad.