El Parlamento de Navarra en una sesión plenaria
Los letrados del Parlamento de Navarra no ven inconstitucional que se impida a etarras dar clases a niños
Los socialistas habían paralizado la tramitación de la proposición de ley presentada por UPN, lo que sí podría incumplir al Carta Magna
A pesar de que el informe había sido solicitado por el PSN con el apoyo de Bildu y Geroa Bai, ha tenido que ser Unión del Pueblo Navarro (UPN) quien anuncie que los letrados del Parlamento de Navarra «no ha visto ni un solo vicio de inconstitucionalidad» en las proposiciones de ley presentadas por los regionalistas para modificar el Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y la ley foral de Subvenciones con el objetivo de evitar, por un lado, que en el futuro personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia en Navarra o trabajen para la administración y, por otro, que no se pueda subvencionar a entidades o personas que les contraten o subcontraten para realizar proyectos o actividades con ellos de manera continuada.
Al mismo tiempo, la parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, ha subrayado que el informe de la letrada mayor concluye que la Mesa del Parlamento «no podía paralizar las proposiciones de ley presentadas por el grupo regionalista como, sin embargo, hizo». «Podía haber pedido informes, pero nunca paralizar las proposiciones de ley, que se debían y se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el pleno porque se está vulnerando nuestro derecho de participación política. Es más, la letrada concluye que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa es inconstitucional por vulnerar el artículo 23 de la Constitución», ha añadido.
La misma iniciativa en el Congreso
Marta Álvarez considera que «no hay ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a una plaza en Navarra» y ha puesto como ejemplo los diferentes niveles lingüísticos que se ponen, tanto en la Comunidad foral como en otras comunidades, para determinadas plazas.
«Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid porque tenemos competencia, porque la proposición de ley encaja en el marco constitucional y porque hay que actuar para impedir a futuro que nuestros hijos sean educados por personas que, por su pasado, no están capacitadas para ejercer estas tareas», ha afirmado.
