La exlíder del PSE cree que la policía no es profesión de riesgo porque solo les agreden «de vez en cuando»

La ex secretaria general del PSOE vasco (PSE), Idoia Mendía, tuvo que convivir durante años y años con escoltas que la protegieran del terrorismo de ETA tanto como concejal, como parlamentaria vasca y como secretaria general del PSE durante ocho años. Incluso fue consejera de Justicia del Gobierno vasco entre los años 2009 y 2012.

Sin embargo, a pesar de todo lo que ha vivido durante años en el País Vasco, Idoia Mendía, que ahora es europarlamentaria por parte del PSOE, ha asegurado en el Parlamento Europeo que «no es necesaria» la Directiva Europea que ha comenzado a debatirse en Bruselas para declarar a policías y guardias civiles como profesión de riesgo, según ha denunciado la Confederación Española de Policías (CEP).

Mendía ha llegado a afirmar durante el debate que los policías «sólo sufren agresiones de vez en cuando» y que «son muchos los sectores» que sufren agresiones, por lo que no hace falta «establecer una regulación específica» para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares y funcionarios de prisiones como pretende el Partido Popular Europeo.

Tras estas palabras de la eurodiputada, la CEP considera que son «un ataque intolerable y miserable y una auténtica falta de respeto a los 16.878 compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil que en 2024 fueron víctimas de delitos de atentado».

El sindicato policial asegura que durante el debate que ha tenido lugar en Bruselas «el PSOE ha centrado la mayor parte de su intervención en boicotear y deslegitimar la propuesta de Directiva para reforzar la protección de los profesionales de la seguridad pública, llegando a plantear un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertad».

Y considera que «con la intervención de esta mañana el PSOE ha vuelto a situarse frente a los más de 156.000 policías y guardias civiles que se juegan la vida a diario en la calle, al igual que el resto de Cuerpos de seguridad, que los militares y los funcionarios de prisiones, y confirma que el abismo que se ha abierto entre el Ministerio del Interior español y los profesionales de la seguridad pública es el mayor desde hace décadas».