Las constantes trampas del PSOE al PP con los pactos de Estado

El pasado martes 8 de abril el PP reconoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había incluido algunas de sus propuestas en el decreto-ley contra los aranceles, aunque calificó la decisión como «insuficiente». Pocas horas después comunicó que el Gobierno decidió «expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario».

Con la manifestación «cupo arancelario», la formación que preside Alberto Núñez Feijóo se refiere al pacto anunciado por el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, con el que el de los 14.100 millones incluidos en el decreto las empresas catalanas recibirán el 25 %. En el texto de la ley este precepto viene recogido en la disposición adicional segunda, titulada «Garantía de proporcionalidad territorial en la aplicación de los fondos».

«El Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley se efectúe con respeto al equilibrio territorial», dice la ley.

Así las cosas, Feijóo puso de manifiesto el 9 de abril –tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del PP Europeo, Manfred Weber– las trampas del Ejecutivo en la norma, ya que aseveró que «no tengo ninguna duda de que la disposición adicional segunda tiene como objetivo contentar al separatismo». Por ende, criticó que Sánchez mantuviese «una negociación encubierta con el separatismo, que desconocíamos», a pesar de que dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con el PSOE para llevar a cabo una respuesta de Estado a la situación arancelaria: «Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar ese real decreto-ley». Desde entonces, la formación con más representantes en las Cortes Generales ha advertido que no va a dar un «cheque en blanco a Sánchez», y exige que se incluyan sus planteamientos en la respuesta de la crisis.

El 'sí' del PP al decreto ómnibus

El pasado mes de enero el Gobierno perdió en el Congreso la convalidación del decreto-ley 'ómnibus' –que entre otras medidas recogía la revalorización de las pensiones y ayudas para los afectados por la dana– ante la negativa de Junts y los 'populares' a aprobarlo. Sin embargo, la semana siguiente el Ejecutivo llegó a un pacto con la formación que encabeza el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para sacar adelante en el Consejo de Ministros un nuevo decreto –que la oposición calificó como 'minibús'–; texto que los 'populares' decidieron respaldar.

El partido con sede en la calle Génova explicó que «votaremos sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte». «España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado», agregaron.

Por su parte, la formación de Feijóo también 'salvó' al Gobierno la legislatura pasada cuando en abril de 2023 se decantaron por corregir la ley del 'solo sí es sí' del Ejecutivo, que ha provocado que más de 1.000 agresores sexuales hayan visto sus condenas rebajadas.

Unos meses antes, en octubre de 2022, el PP dejó de negociar con los de Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que en ese momento llevaba más de tres años con el mandato prorrogado– porque el PSOE pactó con el secesionismo la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición a los líderes que materializaron el procés.

No obstante, en junio del año pasado 'populares' y socialistas suscribieron un pacto –tras la mediación de la Unión Europea– para remodelar el órgano de gobierno de los jueces. El trato incluía que que el CGPJ se componga de 10 vocales del sector conservador y 10 del ala izquierdista, y además que se exija una mayoría de tres quintos para la designación de los magistrados del Supremo y la Audiencia Nacional. Igualmente, se obligó a que el presidente fuese un candidato de consenso.

En relación con el compromiso de España de llegar al 2 % del PIB en gasto en Defensa, Sánchez no ha informado a los 'populares' sobre cuál es su plan para llevarlo a cabo, a pesar de que con las mayorías que hay en el Congreso –ya que muchos de sus socios están en contra del rearme– su única opción es el PP.

Entre tanto, en el mes de febrero el Congreso aprobó el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el único rechazo de Vox. La propuesta de informe incluye 462 medidas entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica

Asimismo, en enero de 2024 las Cortes Generales sacaron adelante una poroposición impulsada por el PP y el PSOE para modificar el artículo 49 de la Constitución y eliminar de la Carta Magna el término «disminuido»; una demanda que llevaban realizando desde hacía mucho tiempo diferentes sectores sociales.