El Gobierno privilegiará a Cataluña también en la ley que reduce la jornada laboral

«España y Cataluña somos países extraordinarios», señaló el lunes Pedro Sánchez en Barcelona durante la inauguración del Cercle d'Economia, en lo que la Moncloa rápidamente atribuyó a un lapsus. Un día después de ese supuesto descuido, el Ejecutivo ya prepara el terreno para conceder un nuevo privilegio a Cataluña. O lo que es lo mismo: para hacer una nueva cesión a Junts.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá una aplicación diferente en Cataluña, según adelantó este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una «adaptación al marco catalán», lo llamó, que según Díaz «tiene que ver con un tejido empresarial propio, con la singularidad de las empresas catalanas».

El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que rebajará en dos horas y media semanales la jornada laboral de 12,5 millones de asalariados. Ahora queda el trámite en el Congreso, y ahí está el problema: el Gobierno necesita el apoyo del partido de Carles Puigdemont para que salga adelante, pero de momento no lo tiene. Hasta el punto de que, este lunes, Junts anunció que piensa presentar una enmienda a la totalidad de la iniciativa.

Si esta enmienda prosperara, la reforma moriría antes de nacer. Aunque no van por ahí los tiros. La verdadera pretensión de Junts con este órdago parlamentario es únicamente sentar al Ejecutivo a negociar. Díaz es consciente de ello y acepta el reto de llegar a un entendimiento con Junts, de la manera de siempre: cediendo a las pretensiones de los independentistas. En este caso, la formación de Puigdemont exige que la norma recoja la singularidad del tejido productivo y laboral de Cataluña, «que es muy diferente del que hay en España», según sostuvo su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Así que, este martes, la socia de Sánchez recogió el guante en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, durante la que presumió de lo logrado, aunque aún no tenga el aval de las Cortes: «Hemos cumplido, no hay retorno, no hay vuelta atrás», advirtió.

Díaz hizo un llamamiento al PP para que no vote en contra de la reducción de la jornada como lo hizo con la reforma laboral, pero con la boca pequeña: la ministra de Trabajo sabe que sus opciones reales no pasan por Alberto Núñez Feijóo sino por Junts, y no lo ocultó. No en vano, señaló que hay «margen» para negociar con los independentistas e incluso se jactó de que en cinco años ha vivido «negociaciones muchísimo más complejas que ésta».

Durante la ronda de preguntas, la vicepresidenta segunda repasó la trascendencia que, históricamente, Cataluña ha tenido en las distintas causas de los trabajadores. «El marco catalán siempre opera en las luchas obreras, en las luchas de los trabajadores». A continuación, señaló el hecho diferencial: «Por ser claros. Claro que cada comunidad autónoma tiene idiosincrasias propias. Pero en este caso también es verdad que la productividad catalana duplica por hora trabajada la media española, situándose en el 4,2 %, y esto habla muy bien de Cataluña. Es decir, el tejido empresarial catalán también tiene perfil propio».

Según Díaz, el 30 % de los convenios laborales que se firmaron el año pasado en Cataluña ya incorporan una jornada laboral inferior a las 40 horas. «Cataluña es un motor de arranque de nuestro país (...). La adaptación al marco catalán tiene que ver con un tejido empresarial propio, con la singularidad de las empresas catalanas», resolvió.

La estrategia de Junts no es nueva. El PNV ya la usó también con Díaz y su Ley de Empleo en septiembre de 2022. Los nacionalistas vascos presentaron una enmienda a la totalidad de la norma porque querían que reconociera «el ámbito de singularidad de la Comunidad Autónoma Vasca en lo que se refiere a las políticas de empleo y de fomento del empleo». Lo consiguieron, así que retiraron la enmienda a la totalidad. De momento Junts ni siquiera ha presentado la suya, sino que se ha limitado a anunciarla. Pero, la registre o no, todo apunta a que jamás llegará a debatirse porque antes llegará a un acuerdo con la ministra de Trabajo, que no puede permitirse que esta ley fracase.