El Supremo obliga al Gobierno a equiparar la jubilación de policías y guardias con la de Mossos y Ertzaintzas

El sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil han conseguido que el Tribunal Supremo les reconozca la «jubilación anticipada para los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales».

Responde así al recurso presentado por estas asociaciones «contra la resolución presunta del Consejo de Ministros, negatoria del inicio del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social por haber accedido a la condición de funcionarios con posterioridad al día 1 de enero de 2011».

Para Jupol «no es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda». Y sitúa la diferencia retributiva actual en favor de las policías autonómicas en un 20 % en el salario, un 61 % en las pagas extra y en torno al 45 % en las pensiones de jubilación, a lo que se suma que las policías autonómicas y locales pueden jubilarse a los 59 años en unas condiciones dignas, algo vetado a día de hoy a los policías nacionales y guardias civiles.

Según el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, «esta sentencia del Supremo es una victoria histórica para todos los policías nacionales que accedieron al Cuerpo a partir del 2011 y abre el camino para la consecución de la Jubilación Anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España para todos los policías nacionales y guardias civiles. Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España».

«La sentencia es contundente: la omisión del Gobierno ha creado una situación contraria al ordenamiento jurídico, y ahora la Administración no puede seguir mirando hacia otro lado», concluye Rivero.

Desde Jucil, su secretario general, Ernesto Vilariño asegura que “la presión conjunta de Jupol y Jucil por vía judicial, y en concreto la Sentencia del Tribunal Supremo, nos ha traído un hecho histórico sin precedentes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el inicio de los trámites para el reconocimiento como profesión de riesgo, como tendría que haber ocurrido hace años. Hemos logrado que Marlaska y Sánchez respeten nuestros derechos".