La fiscal «cianuro», imputada por filtrar datos del novio de Ayuso, avala la causa contra los protocolos en las residencias de Madrid

La noche del 13 de marzo de 2024, la Fiscalía entró en una espiral de correos cruzados, Whatsapp y mensajes de superiores a subordinados para que el fiscal Julián Salto, al que sacaron de un partido de fútbol de Champions, enviase el expediente penal completo de la denuncia presentada contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito tributario. El empresario, Alberto González Amador estaba siendo investigado judicialmente y Salto era el fiscal asignado al caso con el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, había estado explorando un posible pacto de conformidad, a través de varias conversaciones cruzadas.

Así las cosas, la Fiscalía de Madrid, de la que colgaba Salto, trataba de redactar la nota de prensa con la que desmontar distintas informaciones que se habían publicado sobre el asunto y que, finalmente, ha desembocado en la imputación del fiscal general del Estado ante el Supremo.

De acuerdo con el auto dictado por el magistrado Ángel Hurtado, instructor del asunto, el comunicado de la Fiscalía madrileña, presuntamente confeccionado al alimón por el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos formalmente investigados por ello, el texto institucional emitido contenía datos confidenciales que afectaron a a la presunción de inocencia de la pareja de Díaz Ayuso.

De facto, según la secuencia cronológica del día de autos, una vez concluida la redacción definitiva del documento, García Ortiz pidió a su jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que trasladase su reconocimiento a todos los miembros del Departamento que se habían visto concernidos en la respuesta a lo que consideraba un bulo difundido en medios de comunicación con el que desde ciertos sectores informativos, aspiraban a «ganar el relato».

«Dan ganas de poner un poquito de cianuro», le respondía Rodríguez, de acuerdo con uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se hicieron constar los pantallazos de las conversaciones cruzadas entre ambos, extraídos del móvil incautado a Rodríguez por los agentes durante el registro de su despacho. Un comentario que, a día de hoy, es para el juez Hurtado uno de los indicios que obligan a mantener a la jefa de la Fiscalía de Madrid coimputada en el Alto Tribunal.

La misma fiscal Rodríguez que, pese a ello, continúa al frente de sus funciones y que, como máxima responsable de la Fiscalía madrileña visó, y aprobó, el escrito con el que, hace unos días, se daba inicio al procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid contra tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid en relación con los protocolos sanitarios confeccionados para las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.

Pese a que hasta el momento ha habido más de una treintena de procedimientos archivados, sobreseídos o inadmitidos por esta cuestión. La nueva causa tiene su base en la «denuncia» instada por el Departamento de Rodríguez contra varios de los responsables de la Administración autonómica de Diaz Ayuso como presuntos autores intelectuales de «los protocolos denominados 'de la verguenza', por los que se impuso el impedimento a la derivación de los pacientes geriátricos por su edad y/ o condiciones patológicas de base afectados por la Covid-19 desde las residencias».

La misma Rodríguez a la que daban «ganas de poner un poquito de cianuro» en la nota de prensa redactada con datos confidenciales del novio de la presidenta de Madrid.