
La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló (c), en un acto en Alicante EUROPA PRESS 11/6/2025
Reunión de Jueces decanos en Alicante
La presidenta del Supremo advierte que los nombramientos de jueces son una facultad «exclusiva» del CGPJ
Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Alto Tribunal ha instado a respetar los «criterios de mérito y capacidad» como únicas guías para la incorporación de profesionales a la Magistratura y la Fiscalía
«el proceso de selección de jueces y magistrados» para que entren a formar parte de la Carrera judicial es una potestad «en exclusiva» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como ha recordado hoy su presidenta, que también lo es del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en un acto celebrado en Alicante con los decanos de los Juzgados de toda España. Perelló, quien ayer presidió el Pleno de la Sala de Gobierno del TS, en el que se adoptó un acuerdo para exigir la renuncia del Gobierno a sus planes para controlar el Poder Judicial, se ha comprometido, públicamente, una vez más a «velar por la estricta observancia de los principios de mérito y capacidad», en la integración de los profesionales de la Magistratura.
Perelló se ha expresado, en estos términos, en la inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados y Jueces Decanos de España, donde ha estado acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel José Baeza; y el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, entre otros compañeros de profesión.
El arranque del evento ha coincidido, además, con el paro convocado por cinco de la siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales contra la Ley Orgánica 1/2025, la denominada 'Ley Bolaños', con la que el Gobierno aspira a colar en el actual sistema judicial hasta mil profesionales, sin oposición, por un 'quinto turno' que ha provocado las críticas abiertas de toda la profesión.
De hecho, sobre esta norma, que supondrá un cambio en la estructura judicial y, entre otras cosas, la atribución de nuevas funciones a las presidencias de los tribunales de instancia, que asumirán los jueces decanos, ha señalado que el CGPJ sigue «muy de cerca» las modificaciones que supone, también, en lo relativo a la entrega de la instrucción penal a los fiscales, sin una reforma previa de su Estatuto Orgánico (EOMF) que amplíe la independencia de la Fiscalía del Gobierno de turno y que esté dotada de autonomía presupuestaria.Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de su comparecencia institucional para trasladar su «apoyo» rotundo a los miembros del Alto Tribunal y, con ellos, al resto de los que integran la Carrera judicial por las «presiones que sufren» y las «descalificaciones constantes» que reciben por parte de «quienes discrepan de sus decisiones». «Nunca se debería haber perdido el respeto, básico para nuestra convivencia», ha apuntado. Una denuncia que llega, tan sólo, unas horas más tarde de que el Gobierno, en tromba, atacase la decisión del magistrado Ángel Hurtado, de procesar formalmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
«Estaremos atentos» a lo que pase
Perelló ha remarcado que los jueces decanos ejercen «una función central en la estructura organizativa de estos nuevos tribunales de instancia, lo cual, como es lógico, genera preocupación si no hay medios para ello», y ha recordado que el CGPJ reitera «cada vez que ha tenido ocasión, que todos los cambios que genera esta ley deben ir acompañados de incrementos de personal y de presupuesto».
En el mismo sentido, ha afirmado que, como titular del órgano de gobierno de los jueces es consciente «de las inquietudes sobre diversas materias que en la actualidad atañen de plano a la justicia», que son «en gran parte» compartidas por el CGPJ, «como ha quedado reflejado en los informes que este órgano ha elaborado sobre determinados proyectos normativos sometidos a su consideración». Entre ellos, la oposición a que el Ministerio Público se haga cargo de las investigaciones penales, en detrimento de los jueces de instrucción, sin antes abordar una reforma profunda del sistema interno de la Institución que debe pasar, necesariamente, por su despolitización.
En referencia al contenido de los dos proyectos actuales con los que el Ejecutivo busca remover las bases de sendas Carreras, por razones pura y netamente ideológicas, Perelló ha recordado que el legislador «tiene como límite el respeto a la Constitución y no puede desviarse de la configuración del Poder Judicial como un poder rodeado de las garantías que lo hacen digno de ese nombre ni tampoco puede el legislador degradar el estatuto de los jueces ni afectar negativamente aspectos que atañen a principios sustanciales o nucleares como son la independencia, el mérito y la capacidad».
«No os quepa duda de que estaremos atentos a la evolución que se vaya produciendo y, en su caso, a cualquier cuestión que pudiera suponer el más mínimo atisbo de merma en vuestra independencia o que pueda afectar a vuestras condiciones de trabajo», ha agregado.
Urge un «pacto de Estado»
Por su parte, José María Páez, vocal del CGPJ, ha afirmado que le hubiera gustado que la Ley de Eficiencia de la Justicia, que supone un «vuelco muy importante» para la Administración de un servicio público de semejante calado, hubiera estado incluida «dentro de un pacto de Estado». No en vano, para Páez «era muy importante una sintonía global» que recogiese las «aportaciones de todos».
«También tenemos que ser críticos y señalar aquellas cuestiones que creemos que son manifiestamente mejorables», ha aseverado el consejero sobre la 'Ley Bolaños', que, en su opinión, conlleva un «cambio absoluto» del statu quo establecido. «Vamos a estar muy vigilantes», ha asegurado.
En la misma línea, Lucía Avilés, vocal del CGPJ, ha reivindicado el papel de «liderazgo» del órgano judicial del que forma parte para «dar una respuesta y bases» para «servir de apoyo» ante las «muchas certezas e incertidumbres» que surgen en cuanto al desarrollo de la Ley de Eficiencia.
A continuación, el presidente del TSJCV ha enfatizado su confianza en que estas jornadas de «diálogo y trabajo conjunto» sirvan para «extraer conclusiones prácticas que fortalezcan» la labor judicial y «sean una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos con una justicia cercana, moderna y al servicio de la ciudadanía». Entre otras cuestiones, porque los profesionales que la conforman, jueces, magistrados y fiscales son «el pilar que garantiza no solo el buen funcionamiento de la oficina judicial, sino también la eficiencia que la ciudadanía exige», en el marco de una labor que «a menudo es silenciosa» pero «es esencial para mantener la cohesión y calidad del sistema».
Como cierre, el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, también ha sostenido que en el ámbito judicial hay «preocupación por distintas cuestiones» en este contexto de crisis institucional y de intento de injerencia de otros poderes en el Poder Judicial.