El Supremo ordena prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán

Tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al término del interrogatorio judicial en el Supremo y se adhirió la acusación unificada en el Partido Popular. El juez instructor del 'caso PSOE' en el Alto Tribunal ha acordado enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza a Santos Cerdán, el ex secretario de organización de los socialistas, imputado por tres presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, todos ellos castigados con penas superiores a los dos años.

Así las cosas, tras la negativa de Cerdán a contestar a las preguntas que se le han formulado en sede judicial y negar, una vez más, reconocerse en los audios transcritos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado Leopoldo Puente, se ha decretado la medida cautelar instada por el jefe del área Alejandro Luzón. Tanto la Fiscalía, como ahora el juez competente, consideran que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y, por ello, se ha acordado privar de libertad al investigado.

De hecho, en la decisión de enviar a Santos Cerdán han pesado los indicios de su participación directa en los hechos objeto de investigación en los que resulta «evidente» que era el líder de la trama que ya habría puesto en marcha en Navarra y que, posteriormente, exportó y amplió al territorio nacional, tras su desembarco en Madrid. Par ello, presuntamente habría contado con la colaboración de Koldo García Izaguirre ya que, de mano del ex asesor, fue el encargado de implantar dicha operativa en el Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos.

No en vano, algunos de los mensajes intercambiados entre Koldo y Santos Cerdán, «son explícitos» y atestiguan que el primero grababa todas sus conversaciones desde 2018 hasta 2023, lo que da una «enorme carga incriminatoria» del rol «decisivo» del ex número tres socialista en la trama corrupta que, a cambio, ha prestado explicaciones pobres, sesgadas y, a juicio del fiscal jefe Anticorrupción «con una victimista y ofensiva» insinuación de que la causa que se sigue contra él, como parte de las 'mordidas' es porque forma parte de «un gobierno progresista».

Frente al relato dibujado por Santos Cerdán, el instructor considera que la prisión provisional decretada cumple con los fines previstos para la misma ya que no sólo existe un «riesgo racional de fuga», sino que, además, las cantidades supuestamente percibidas por los cabecillas de este tipo de macro causas suelen ser «muy cuantiosas» y «no pueden limitarse» a los importes iniciales de los que se haya podido tener mera constancia en las diferentes conversaciones interceptadas por la UCO.

Para el magistrado Puente hay apuntes suficientes de que el imputado era el líder de una organización criminal, siempre en términos de provisionalidad, que hizo penetrar en las más altas esferas de su formación y del Gobierno, a través del Departamento de Transportes, el que maneja el mayor presupuesto y, para ello, se valió de su amistad con Koldo.

De tal suerte, su actuación pudo provocar un quebranto del erario en su beneficio y el de terceros, a través del amaño de obras públicas que, previo cobro de comisiones irregulares, resultaron encarecidas, causando un perjuicio a los fondos públicos y al dinero del contribuyente.

Además, sobre la posibilidad de «destrucción de fuentes de prueba», el juez entiende que dado el momento inicial de las actuaciones judiciales y ante la gravedad de los hechos que están siendo revelados por las pesquisas, es imprescindible minimizar la posibilidad de que altere las mismas o que, estando en libertad, pueda condicionar el sentido de las declaraciones de los testigos o de otros investigados.

Se «victimiza» y no colabora

Por su parte, el ex socialista asegura ser víctima de «una persecución política» motivada por su intervención para lograr la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, en 2018. Una maniobra política en la que habría contado con la ayuda del empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán adquirió participaciones por valor del 45% del capital social.

De acuerdo con la tesis planteada por el ex número tres de Ferraz en el Supremo, Alonso utilizó sus contactos con el PNV para lograr, en nueve días, el apoyo de los diputados de la formación vasca al derrocamiento del Gobierno de Mariano Rajoy que, ahora, según Cerdán le estaría pasando factura.