El Gobierno se encamina a un nuevo fiasco en su batalla europea por la oficialidad del catalán

La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego sigue sin convencer al resto de los países miembros de la Unión Europea, por más que el ministro José Manuel Albares repita que España tiene «una identidad nacional multilingüe». El Gobierno planea hacer como ya hizo en mayo y volver a aplazar su votación en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra este viernes, donde en teoría tendría que someterse a escrutinio. Para salir adelante no debe haber un solo voto en contra, he ahí la dificultad máxima.

Fuentes gubernamentales reconocen que sigue sin haber semáforo verde en Bruselas para una propuesta con muchos detractores entre los Veintisiete, por el precedente que sentaría. Así que la jugada más factible es devolverla a chiqueros en el último momento para no perder.

Hace dos semanas, el Gobierno decidió volver a llevar la propuesta de la oficialidad al Consejo de Asuntos Generales de la UE del 18 de julio para demostrar a Junts que está haciendo todo lo que puede, pero que la pelota está en el tejado de los demás países. Y diez de estos países, con Finlandia al frente, ya expresaron su oposición hace dos meses. Entre otros reparos, no ven claro que se pueda incluir el catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales de la UE sin reformar los tratados de la Unión.

Una vez, y otra vez, y otra vez

La ventaja del Ejecutivo es que puede introducir la propuesta en el orden del día de las sucesivas reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE y retirarla antes de votar cuantas veces quiera. Así hace ver a los independentistas que sigue en ello. Es decir, si no se vota este viernes -como todo apunta-, el Gobierno puede llevarla de nuevo al Consejo del 16 de septiembre, que es el siguiente en la agenda. Si también entonces tuviera que dar marcha atrás en el último momento, le queda el Consejo de Asuntos Generales de la UE del 21 de octubre. Si entonces tampoco, la siguiente reunión es el 17 de noviembre. Y así ininterrumpidamente.

Asuntos Exteriores ha ido rebajando sus pretensiones hacia una oficialidad light con tal de que los demás países acepten. El Gobierno propone que la oficialidad no se aplique hasta 2027 y que la traducción solo sea obligatoria para los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que no llega al 3 % de los actos jurídicos de la UE de la pasada legislatura. También se ofrece a correr con los gastos de las traducciones, calculados en 132 millones de euros al año.

Pero hay más. En un último documento que el departamento de Albares remitió hace unos días al resto de los miembros, el Ministerio sugiere siete condiciones sine qua non para evitar que, detrás del catalán, el gallego y el euskera, otras lenguas minoritarias quieran lo mismo. Entre ellos, que las lenguas en cuestión sean lenguas de trabajo en el Parlamento del país solicitante. Ésta es una circunstancia que en el Congreso de España se da desde que arrancó la actual legislatura, puesto que fue una concesión al independentismo catalán para cerrar la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Entre los requisitos también figura que hayan sido lenguas oficiales en el país solicitante durante más de 40 años ininterrumpidos.

Antes del Consejo de Asuntos Generales de la UE de mayo, el Gobierno insinuó que estaba muy cerca de conseguirlo. Alberto Núñez Feijóo dio la voz de alarma y tanto él como la delegación española del PPE se arremangaron para impedir que Sánchez y Carles Puigdemont se salieran con la suya. En el PP no consideran necesaria la oficialidad en la UE de tres lenguas que ni siquiera son cooficiales en toda España. El PPE tiene 14 primeros ministros, así que su fuerza es enorme. Esta vez, los populares europeos ni siquiera están preocupados con la posibilidad de que haya votación. Razón de más para pensar que no va a haberla.