El Gobierno vuelve a fracasar en su empeño por que el catalán sea lengua oficial de la UE

El Gobierno de España ha vuelto a posponer la votación de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales de la UE de este viernes, ante la falta de apoyos entre los Veintisiete. Dado que, para ser aprobada, necesita que no haya un solo voto en contra.

El Debate ya adelantó el jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encaminaba hacia un nuevo fiasco como el de mayo, cuando retiró in extremis la propuesta por primera vez para no condenarla a una derrota segura en la votación.

Los países miembros siguen teniendo muchas reticencias por el precedente que sentaría, por el coste -aunque el Ejecutivo español se ha comprometido a asumirlo- y porque no ven viable hacer algo así sin modificar los tratados, en contra de lo que sostiene España.

Antes de la reunión, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, afeó al Gobierno de Sánchez su empeño en abrir este melón en un momento que, a su juicio, «realmente no es el adecuado». También los representantes de Polonia y Finlandia hicieron pública su oposición.

Por su parte, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, pidió a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar innecesariamente» la petición española.

Como ha venido contando este periódico, Asuntos Exteriores ha ido rebajando sus pretensiones hacia una oficialidad light con tal de que los demás países acepten tarde o temprano. El Gobierno propone que la oficialidad no se aplique hasta 2027 y que la traducción solo sea obligatoria para los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que no llega al 3 % de los actos jurídicos de la UE de la pasada legislatura. También se ofrece a correr con los gastos de las traducciones, calculados en 132 millones de euros al año.

Pero hay más. En un último documento que el departamento de Albares remitió hace unos días al resto de los miembros, el Ministerio sugería siete condiciones sine qua non para evitar que, detrás del catalán, el gallego y el euskera, otras lenguas minoritarias quieran lo mismo. Entre ellas, que las lenguas en cuestión sean lenguas de trabajo en el Parlamento del país solicitante. Ésta es una circunstancia que en el Congreso de España se da desde que arrancó la actual legislatura, puesto que fue una concesión al independentismo catalán para cerrar la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Entre los requisitos también figura que hayan sido lenguas oficiales en el país solicitante durante más de 40 años ininterrumpidos.