Ni reforma judicial ni reducción de la jornada: el último Pleno se queda en un quiero y no puedo del Gobierno

El Gobierno ha descafeinado el último Pleno del curso en el Congreso, el del martes 22 de julio, para no perder ninguna votación e irse de vacaciones aparentando que la relación con sus socios está como antes del informe Cerdán y todo lo que supuso. Quien evita la ocasión, evita el peligro. Aunque, la semana pasada, sus aliados dieran a Pedro Sánchez cierto oxígeno, con condiciones.

Al Pleno no irán ni la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, como había confirmado el Ministerio de Trabajo el martes, ni tampoco la reforma judicial del ministro Félix Bolaños, como adelantó El Debate el pasado 8 de julio. Para llevar esta última al Pleno, los socialistas primero tendrían que haber convocado la ponencia de la Comisión de Justicia, y ni a eso han llegado por el desacuerdo con Junts. El partido de Carles Puigdemont es también el escollo para que avance la tramitación parlamentaria de la jornada de 37,5 horas semanales, contra la que Junts tiene presentada una enmienda a la totalidad.

Para compensar, el Ejecutivo había barajado la posibilidad de introducir en el orden del día de este último Pleno alguna iniciativa legislativa de su Plan de Acción por la Democracia en fase avanzada, con la intención de sostener su discurso de que la legislatura tiene vida, pero al final no han querido correr riesgos.

El Pleno se centrará en la convalidación de los tres últimos reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, que a priori no deberían dar problemas al Gobierno. Salvo que Junts, o el Podemos, se guarden alguna sorpresa. El primero es una actualización de las entregas a cuenta de las comunidades y las entidades locales del año 2025, ante la falta de Presupuestos nuevos. El segundo recoge medidas para reforzar la supervisión de los operadores eléctricos tras el apagón que sufrió toda España el 28 de abril. Y el tercero es del Ministerio de Cultura, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. Entre ellos, el centenario del nacimiento de los artistas Antoni Tàpies y Eduardo Chillida, el Año Santo Jacobeo 2027 y el octavo centenario de la Catedral de Toledo.

También irá al Pleno la aprobación definitiva de la reforma del Reglamento del Congreso para sancionar a los periodistas y tres iniciativas que regresan del Senado para recibir la última bendición. La más destacada es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Lo demás tendrá que esperar hasta la vuelta del verano, como poco. El año pasado por estas fechas, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto (la base de los Presupuestos) y lo llevó al último Pleno del curso 2024-2025, que lo tumbó. Este año, el Ministerio de Hacienda ni siquiera ha elevado la senda fiscal al Consejo de Ministros (ni lo hará en el corto plazo), así que menos aún al Pleno de la Cámara Baja.

No es solo que la reducción de la jornada laboral y la reforma Bolaños se retrasen, sino que ni siquiera está claro que el Gobierno vaya a poder sacarlas adelante. Ya sea dentro de tres meses, de seis o de un año. Por lo que respecta a la primera, Junts está muy presionada por la patronal catalana y no da su brazo a torcer.

En lo que se refiere a la reforma judicial, el Ejecutivo registró en el Congreso a mediados de mayo su contenido, consistente en una doble modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los socialistas pretendían tramitar la reforma por el procedimiento de urgencia, pero Junts les dio el alto inmediatamente después de ayudarles a superar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox.

Tras ello, el partido de Puigdemont registró el pasado 20 de junio 29 enmiendas parciales inasumibles para el PSOE, alguna de las cuales choca frontalmente con la Constitución. Como la que pide crear una especie de tribunal supremo catalán que sea el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes en Cataluña, lo que contraviene el artículo 123.1 de la Carta Magna («El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»). También, la supresión de la Audiencia Nacional, la creación de una especie de CGPJ catalán y la obligatoriedad de que los jueces que ejerzan allí hablen catalán.