Comienza el curso político más convulso con la incógnita de si Sánchez lo sobrevivirá

El curso político arranca formalmente este martes con el primer Consejo de Ministros de la temporada, una reunión de la Diputación Permanente en el Congreso, la ministra Margarita Robles compareciendo en el Senado y una gran incógnita en el ambiente: si Pedro Sánchez será capaz de terminarlo o si el primer semestre de 2026 se verá abocado a convocar elecciones anticipadas, con el cerco judicial estrechándose y sus socios poniéndole cada vez más cara la gobernabilidad.

En su última comparecencia antes de irse de vacaciones, el presidente aseguró: «Las legislaturas duran cuatro años. Cuatro años. Las elecciones generales serán en 2027. Y ya les adelanto que el PP, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral, como llevan haciendo desde hace siete años». No obstante, él nunca se ha aplicado esa norma, puesto que adelantó los comicios en 2019 y 2023.

La coartada de los no Presupuestos

La determinación de Sánchez -parece que esta vez sí- de presentar los Presupuestos Generales de 2026 y negociarlos con sus socios añade misterio a sus planes, más allá de los imprevistos que no puede controlar -la agenda judicial, sobre todo-. Al líder del Ejecutivo le gustaría aprobar unas cuentas públicas que le den el oxígeno necesario para nadar hasta la otra orilla de la legislatura. Sin embargo, si Junts y Podemos se cierran en banda, podría utilizar esa negativa como argumento para llamar a los españoles a las urnas, repitiendo la jugada de febrero de 2019.

En el Gobierno no ocultan la dificultad de lograr la cuadratura del círculo con sus socios de izquierdas y de derechas independentistas, pero argumentan que siempre es más fácil ponerse de acuerdo sobre inversiones y dinero contante y sonante que sobre transferencias de competencias o subidas de impuestos. Aunque esos hipotéticos Presupuestos deberían incluir un aumento sustancial del gasto en defensa difícil de digerir para Podemos y también para Sumar. Hasta ahora, esa inversión se ha articulado en un plan extraordinario de rearme, dotado con 10.471 millones de euros, y que el PSOE no sometió a votación en el Congreso para no perderla.

El último Pleno en el Congreso del anterior curso fue un fiel reflejo del quiero y no puedo en el que malvive el Gobierno. Después de semanas asediado por el caso Cerdán, el Ejecutivo quería terminar el curso con avances parlamentarios en la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y la reforma judicial del ministro Félix Bolaños. Sin embargo, los socialistas tuvieron que resignarse a mantener ambos proyectos congelados, fuera de la agenda parlamentaria, porque no tienen los apoyos. Tampoco está claro que los vayan a tener en los próximos meses. El Pleno se limitó a la obligada convalidación de los tres últimos reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, y aun así los socialistas sufrieron una derrota, al caer derogado el de las medidas de refuerzo del sistema eléctrico.

El curso empieza también con el presidente decidido a impulsar un pacto de Estado sobre el cambio climático, que tiene intención de presentar a los grupos parlamentarios -escépticos hasta ahora- a principios de septiembre. Un pacto imposible, dada la negativa del principal partido de la oposición, pero con el que el presidente pretende acentuar la imagen de aislamiento del PP. Por lo pronto, este martes quedará constituida en la Moncloa una comisión interministerial que, en realidad, fue creada en 2018 por el propio Sánchez.

Todos los ministros se verán este martes las caras en la Moncloa después de un mes de agosto en el que algunos han brillado por su ausencia. Especialmente significativa ha sido la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que apenas ha tenido agenda en mitad de la mayor oleada de incendios que se recuerda en España. En los últimos días, únicamente una entrevista a distancia en La hora de la 1.

Entre las especulaciones que animan los mentideros políticos en este final de agosto está la posibilidad de que Sánchez acometa una remodelación de su Gobierno que lleva tiempo posponiendo. Hasta ahora, los únicos cambios en el Consejo de Ministros de la legislatura se han limitado a cubrir los huecos que dejaron las salidas de Nadia Calviño, José Luis Escrivá y Teresa Ribera, y que ocuparon Carlos Cuerpo, Óscar López y Sara Aagesen, respectivamente.

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el real decreto de reparto de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran hacinados en Canarias y Ceuta, un asunto que va a seguir provocando polémica entre el Gobierno y las comunidades. Baleares anunció la semana pasada que recurrirá el decreto y pedirá su suspensión cautelar. Acción que se suma a la decena de recursos de inconstitucionalidad que las autonomías -incluida Castilla-La Mancha- presentaron en el pasado.

Junto con la gestión de los incendios y el reparto de menores extranjeros, el tercer tema de controversia entre Sánchez y las comunidades en este inicio de curso es la quita de la deuda a las regiones del régimen general que lo soliciten. El Consejo de Ministros aprobará la condonación a principios de septiembre (la de Cataluña ascenderá a 17.104 millones de euros), en medio del clamor de los presidentes del PP. Lo que estos quieren es una reforma del sistema de financiación autonómico.

El contador se reanuda este martes. O la cuenta atrás, según se mire.