Bolaños incurre en fraude para esconder el nombre y sueldo de sus asesores secretos de alto rango

«Es un fraude de ley de libro», dicen los juristas encargados de la defensa del derecho a informar de este medio. Pero Félix Bolaños sigue utilizando la ley a su antojo, en la misma línea que su jefe Pedro Sánchez, que días atrás manifestaba en la entrevista de RTVE quién es inocente y quién no, según su propio criterio. Su esposa lo es, y la instrucción del Juez Peinado es la de uno de aquellos «jueces que hacen política».

Bolaños, Notario Mayor del Reino como ministro de Justicia, además de Presidencia y Relaciones con las Cortes, no tiene suficiente con hacer una ley que se ha bautizado con su nombre y que ha puesto a los estamentos judiciales en huelga ante el intento del Gobierno de aumentar su control sobre la Justicia, sino que también reinterpreta a su manera, -«de manera espuria, con argucias de trilero», señalan las mismas fuentes jurídicas- la legislación vigente y seguir ocultando el nombre y salario destinado al ejército de asesores de alto rango que tiene a sus órdenes, pese a tener una orden ejecutiva que le obliga a desvelarlos.

Bolaños, empeñado en que no trascienda la lista de integrantes de asesores de alto rango y de libre designación, que pueden alcanzar el nivel 30, el máximo en la Administración Pública, -no son Altos Cargos de la Administración, sino designados a dedo por razones de «confianza»-, se ha sacado de la chistera una nueva maniobra, comunicando al Consejo de Transparencia que «está procediendo a la elaboración del correspondiente Acuerdo de Ejecución», y ha pedido permiso a los propios asesores para facilitar una información que ya tendría que haber entregado a El Debate.

Tal y como publicó este periódico, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en su resolución 2025-0762, del pasado 20 de junio, obligaba al Ministerio a facilitar el «nombre de los asesores contratados a su disposición con nivel superior a 28 (…) desde el año 2018 hasta la actualidad y retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación».

De hecho, en el mismo escrito, firmado este 3 de julio por Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se señala que se informaría de «la apertura del plazo de alegaciones» anteriormente mencionado, puesto que la ejecución de la resolución del CTBG quedaría suspendida «hasta que se hayan recibido las alegaciones o transcurra el plazo para su presentación», pero no ha sido así.

Es más, este periódico solo ha tenido conocimiento de este trámite cuando procedió a denunciar al CTBG la rebeldía de Bolaños al incumplir la resolución citada anteriormente. Solo entonces la máxima Autoridad Administrativa en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las Administraciones informaba a este periódico de la existencia del citado escrito.

Esta maniobra, «es puro filibusterismo procesal del señor Bolaños, indigna de un ministro de Justicia nada menos, porque él sabe perfectamente que en esta fase ya no toca. Ya lo hizo antes y sus argumentos fueron desestimados por el Consejo de Transparencia. Si no le gusta, que se vaya a los juzgados y pida la suspensión cautelar», señalan las fuentes personadas en el procedimiento incoado.

El Debate ya desveló el caso de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Jesús Montero. La también candidata por el Psoe a las próximas elecciones andaluzas ha gastado casi seis millones de euros en estas contrataciones a dedo y oculta las identidades de estos asesores de alto rango con la excusa de proteger su intimidad.

Las reformas más polémicas

De esta manera, Bolaños sigue sumando trabas, pues ya en una resolución previa, únicamente remitía un enlace para consultar la relación de puestos de trabajo del ministerio (RPT), que solo permite visualizar el número y el puesto de los empleados que están activos, obviando los que han pasado por el Ministerio y han dejado su empleo. Bolaños esconde la identidad de sus asesores de alto rango elegidos a dedo. Como uno de los hombres fuertes de Sánchez, su papel como ministro de Justicia está dictando algunas de las normas más polémicas de la legislatura.

De hecho, la profunda reestructuración del sistema judicial que está llevando a cabo el ministro ha generado la indignación en todos los estamentos, pues consideran que atenta contra la independencia judicial y la separación de poderes. Un ejemplo de ello es la decisión del Gobierno de que de que sean los fiscales los encargados de la instrucción de las causas, lo que incrementaría el poder de la Fiscalía General del Estado, una institución seriamente dañada, después de la imputación de García Ortiz, al que Bolaños ha defendido una y otra vez, poniendo en tela de juicio el papel de los magistrados que han decidido su procesamiento. De hecho, una decena de vocales del CGPJ han exigido al fiscal general que no asista a la apertura del Año Judicial y que Bolaños sea relegado de la mesa presidencial como símbolo del respeto a la separación de poderes.

Además, el ministro es el encargado de la gestación de la conocida como ‘Ley Begoña’ que, afecta de lleno a la acción popular, restringiéndola al máximo, y de la futura Ley de Información Clasificada, contempla multas millonarias que podrían llegar a los 2,5 millones de euros para aquellos profesionales de la comunicación que divulguen información clasificada sin previa autorización, maniatando la acción de los periodistas.

Esta reforma forma parte del llamado Plan de Acción por la Democracia, presentado por el propio Bolaños el año pasado, y que incluye, entre otros asuntos, la creación de un registro estatal de medios obligatorio, pues en el caso de no registrarse «habrá sanciones». Una medida cuestionada por las asociaciones profesionales que consideran que el Gobierno busca un mayor control de la prensa crítica.

De hecho, los ataques a los medios no afines, la ‘fachosfera’, según Sánchez se han convertido en una tónica habitual en los discursos del Gobierno, al igual que los que profieren contra los jueces. Solo hay que escuchar al presidente, que arremetió contra parte de la judicatura, durante una entrevista en TVE, cuando afirmó que «sin duda alguna» hay «jueces haciendo política», una postura calcada a la de Bolaños que elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado, a raíz del interrogatorio al que el instructor sometió al ministro en abril, por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez cuando éste era secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Esta queja es una maniobra más del Gobierno para apartar al juez, aunque cabe recordar que Sánchez y su mujer ya lo intentaron presentando sendas querellas por prevaricación contra Peinado, pero las dos fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.