El Gobierno reactiva la causa del novio de Ayuso tras los reveses judiciales de Begoña y García Ortiz

El Gobierno que aspira a controlar el Poder Judicial, a través de la maltrecha ley Bolaños aún pendiente de aprobarse, ha dado un nuevo paso en la batalla por el relato político contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta del caso de su novio que le ha costado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentarse en el banquillo en noviembre.

Tras los últimos reveses sufridos por el titular del Ministerio Público que, pese a contar con el respaldo incondicional del Ejecutivo socialista, ha terminado procesado por revelación de secretos; y, el avance de la instrucción penal en la que Begoña Gómez está siendo investigada por un total de cinco delitos diferentes, Moncloa ha decidido reactivar el asunto de la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, al hilo de la declaración judicial prestada por la inspectora de Hacienda responsable de su expediente sancionador, que ha sido publicada por varios medios en las últimas horas.

La izquierda política no ha tardado en morder el señuelo y, nada más conocerse el contenido del testimonio de la funcionaria, el candidato autonómico del PSOE en Madrid –el todavía ministro de Transformación Digital, Oscar López– comparecía para pedir la «dimisión» de su rival política directa. «Game over, se acabó», afirmaba López antes de asegurar que «todos sabíamos que la señora Ayuso estaba defendiendo a un presunto delincuente y digo presunto a pesar de que su pareja ha reconocido (...) los delitos».

«No puede gobernar (...) quien ha puesto todos los medios de la Comunidad de Madrid para defenderle», sostenía el ministro socialista el mismo día en el que se conocía la Fiscalía madrileña saltaba al rescate de Begoña Gómez. No en vano, el Ministerio Público se sumaba a la petición formulada por su abogado a la Audiencia Provincial, para impedir que el juez Juan Carlos Peinado pueda acceder al contenido de los correos de la cuenta que La Moncloa habilitó a la mujer de Pedro Sánchez.

Una vez más, el Ministerio Público dirigido por García Ortiz –quien será juzgado por, presuntamente, revelar datos confidenciales contenidos en la causa tributaria judicializada contra el novio de Díaz Ayuso, en honor a «la verdad»– se unía a la estrategia de Gómez oponiéndose a la práctica de nuevas pruebas solicitadas por el juez para aflorar la verdad de los «favores» personales prestados por su asistenta pública, Cristina Álvarez.

Y ello mientras, en su cuarta comparecencia ante el titular del juzgado número 41, a la mujer del presidente del Ejecutivo no le quedaba más remedio que reconocer intervenciones «puntuales» de Álvarez en el marco de su actividad profesional. Varios correos que ya obran en el sumario apuntan a que dichas intervenciones podrían haber sido recurrentes y, en consecuencia, refuerzan los indicios de malversación.

Así las cosas, resulta evidente la conveniencia de agitar el avispero contra la oposición, a cuenta de las sospechas de fraude que pesan sobre González Amador y que el Gobierno busca rentabilizar como cortina de humo para desviar la atención de sus propios asuntos.

Sin embargo, la táctica de reflotar el procedimiento judicial del novio de Ayuso, al hilo de la declaración que la inspectora asignada a la revisión prestó antes de verano, ha omitido un dato relevante: los hechos bajo la lupa de la AET sucedieron cuando la presidenta madrileña y su hoy pareja, no se conocían. Pese a ello, llegado el momento, la funcionaria insistió en la comparecencia presencial de González Amador para un mero trámite de notificación de apertura de expediente y propuesta de sanción que, habitualmente, suele delegarse en los asesores fiscales.

Cabe recordar que, como publicó El Debate en primicia, dicha inspectora de Hacienda fue ascendida por la ministra del ramo, María Jesús Montero, de forma automática, una vez que las conclusiones de su informe tributario quedaron remitidas a la Fiscalía para que fuese

ésta la que formalizase una querella contra el empresario.

Además, todavía hoy está pendiente que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos interpuestos por González Amador a la negativa de prácticar diligencias adicionales por parte de la juez inicial mente encargada del caso, ya jubilada. Unas pesquisas que, según apuntan técnicos en la materia consultados por este diario, contendrían información relevante sobre los errores cometidos por la funcionaria, en el expediente tributario del novio de Ayuso que, no obstante, ha dado origen a la causa penal en curso.