El juez Peinado neutraliza el plantón de Begoña Gómez y condiciona el avance de la malversación al informe de la UCO

La imputación de Begoña Gómez por malversación, y la decisión por la que el juez Juan Carlos Peinado comunicaba a la mujer de Pedro Sánchez que de sentarse en el banquillo lo haría ante un jurado popular, provocaba esta semana la reacción airada del Gobierno y todas sus terminales mediáticas, elevando a máximos los ataques contra el instructor del caso que, en paralelo al avance de la causa, demandaba a los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle prevaricador.

Así las cosas, en el ecuador de una legislatura marcada por las acusaciones de lawfare con las que el Ejecutivo trata de desautorizar la labor de los magistrados encargados de las causas de corrupción que salpican a los socialistas, el avance de las pesquisas del juez Peinado contra Gómez –por el presunto uso de su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, para gestiones relacionadas con sus negocios privados– ha puesto en jaque el relato de la persecución política y el victimismo de la causa prospectiva basada en «recortes de prensa». De hecho, frente al plantón procesal de este mismo sábado, que algunos han calificado de «provocación» dado que la citación cursada era de carácter «personal», Peinado se limitaba a celebrar la vista informativa recogida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) sin prestarse a ningún gesto interpretable, ninguna valoración indebida y manteniéndose «neutro» en todo momento, apuntan a El Debate varias fuentes próximas a la causa.

Frente a la crispación y el relato el magistrado, sin embargo, optaba por admitir la comparecencia de los abogados, en ausencia de los tres interesados –Begoña Gómez, su asesora y el hoy delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín–, sin aspavientos y escuchar a todas las partes personadas durante algo más de una hora y media.

Y, según ha podido confirmar este diario, transcurrido ese tiempo, se reservaba la potestad de resolver todas las cuestiones planteadas, a través del correspondiente auto, en los próximos días. Quedaba neutralizado el casus belli que el Gobierno trata de azuzar contra el instructor de Plaza de Castilla que, veterano en estas lides, no se ha prestado a ello.

Según lo previsible, Fiscalía y Abogacía del Estado solicitaban el sobreseimiento libre de la malversación, así como las defensas. Por su parte, las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, instaban la continuidad del proceso y la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, la comparecencia de Pedro Sánchez, en calidad de testigo.

Eso sí, estas últimas diligencias están condicionadas al resultado del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está confeccionando sobre los correos aportados por el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, interlocutor de Begoña Gómez y su asistente en la cátedra que dirigió la mujer de Sánchez, pese a no contar con la titulación mínima requerida para hacerlo. Más de un centenar de comunicaciones que aportarán la pieza de convicción necesaria para acreditar la supuesta malversación, en base a la «continuidad» del «seguimiento» de Cristina Álvarez, la asistente pagada con dinero público, a los negocios de su jefa y «amiga».

Una circular de la Fiscalía como excusa

Nada más conocerse la decisión de Begoña Gómez de no asistir a la citación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, este sábado, se disparaban las alarmas sobre la posibilidad de un requerimiento forzoso a los tres imputados. No en vano, frente a la obligación de «acudir personalmente» que contenía la convocatoria del juez Peinado para todos ellos se oponía, como argumento en contrario, la Circular 4/1995 en virtud de la cual la Fiscalía considera que debe darse por bueno este tipo de trámites, aun pese a la incomparecencia de los investigados. El debate jurídico quedaba abierto en canal.

Por una parte, los magistrados, fiscales y catedráticos de Derecho constitucional consultados por este diario consideran que la circular del Ministerio Público no es otra cosa que una interpretación «exclusivamente vinculante» para los fiscales. Es decir, carece de «valor normativo» más allá de la «mera indicación de pautas internas» sobre la posición a adoptar, por los miembros de la Carrera, en este tipo de escenarios procesales.

Por otra parte, hay quienes han planteado que la tesis de la Fiscalía, presentada por los abogados de las defensas para justificar la incomparecencia de sus representados, entraría en la categoría de «causa legítima» prevista en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para evitar la «orden de detención», que podría haberse activado en caso contrario.

Sea como sea, sobre lo que no hay discrepancia es sobre el hecho de que la competencia exclusiva para «valorar qué criterio debe prevalecer» corresponde al juez de instrucción Juan Carlos Peinado que, en este caso, ha considerado más útil a la finalidad del acto convocado que éste «pudiese materializarse», avanzando en la fase intermedia en la que ha entrado la instrucción del delito de malversación que pesa sobre Begoña Gómez, pendiente de las conclusiones de la UCO sobre los e-mails cruzados entre su asesora y las empresas vinculadas a su máster de Transformación Social Competitiva, en la universidad madrileña.

Tampoco parece haber discusión sobre el hecho de que la «falta de consecuencias inmediatas» –incluso la «nulidad» de lo actuado– no descarta la opción de que puedan darse «futuras sanciones», en especial «si las acusaciones las impulsan».

Malestar por el dispositivo desplegado

Más allá de las discusiones técnicas, el plantón de Begoña Gómez al instructor Peinado ha provocado un profundo malestar en sede judicial por el amplio dispositivo policial interno y externo que se ha desplegado, como en las cuatro ocasiones anteriores, para garantizar el acceso de la mujer de Pedro Sánchez a las inmediaciones de Plaza de Castilla.

Tal es así que su esperada presencia, «personalmente» citada por el juez, obligaba a poner en marcha el protocolo diseñado por los servicios de seguridad de la Moncloa con el visto bueno del Decanato de los juzgados de Madrid y el soporte del Ministerio del Interior, que movilizaba a los efectivos correspondientes.

«Hasta unos minutos antes de la hora señalada», las 18.00 de este sábado, la planta donde se encontraba el magistrado de guardia, «estaba perfectamente acordonada y custodiada por los agentes» al igual que el perímetro de vallas entorno al acceso al parking del tribunal, lugar de acceso previsto para la esposa del presidente del Gobierno, vigilado por miembros de la Policía Nacional.

«Se han dispuesto todos los medios» requeridos «cuando quienes los solicitaron ya sabían que eran innecesarios porque no pensaban acudir», han lamentado fuentes próximas a la causa. «Es una auténtica vergüenza», han denunciado las mismas fuentes.