El Gobierno maniobra para estirar el blindaje del aborto hasta la campaña en Castilla y León

El Gobierno va a estirar su proyecto para incluir el aborto en la Constitución -una reforma imposible sin el voto del PP- para que coincida con la precampaña y campaña de las elecciones en Castilla y León, que a falta de fecha oficial serán en marzo. Los socialistas quieren utilizar el aborto como baza para captar voto femenino en la primera comunidad que contó con un Gobierno bipartito del PP y Vox, aunque después se malogró. Y donde la izquierda montó en cólera contra la posibilidad de que la Sanidad pública ofreciera a las mujeres embarazadas la opción de escuchar el latido fetal.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de reforma de la Carta Magna para incorporar un cuarto apartado al artículo 43, con este redactado: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

Inmediatamente después, el Ejecutivo envió el texto al Consejo de Estado para que elabore un dictamen preceptivo. Podía haber activado el procedimiento de urgencia, de forma que el órgano presidido por Carmen Calvo tuviese 15 días hábiles para entregarlo. Lejos de ser una vía excepcional, es bastante habitual que el Gobierno invoque urgencia para acortar los plazos. Sin embargo, optó por el procedimiento ordinario, concediendo al órgano consultivo dos meses de margen. Con idea de que esté listo a finales de año o, más probablemente, a principios de 2025.

Ello devolverá la reforma de la Constitución a la mesa del Consejo de Ministros entre enero y febrero, para aprobarlo en segunda vuelta, ya como proyecto. Y entonces enviarlo al Congreso y empezar las reuniones con los grupos parlamentarios. Justo a tiempo para la batalla electoral en Castilla y León. Allí todas las encuestas dan la victoria al actual presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, pero el quid de la cuestión será el resultado de Vox, que marcará su grado de dependencia del partido de Santiago Abascal. Por su parte, el candidato impuesto por Pedro Sánchez y alcalde de Soria, Carlos Martínez, no ha logrado cuajar hasta la fecha.

Por eso el PSOE quiere espolear el voto urbano y femenino frente a lo que la ministra de Igualdad llamó «ola reaccionara» el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ana Redondo, que fue portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, recordó lo ocurrido con el latido fetal. «Los gobiernos del Partido Popular con Vox, desde el inicio, hicieron el campo de batalla en los derechos de las mujeres. Por recordar a García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en ese primer gobierno PP-Vox en mi tierra, en Castilla y León, ya proponía que se obligara a las mujeres a escuchar el latido fetal».

La ministra vallisoletana fue preguntada después qué derechos en concreto habían sido recortados para las mujeres castellanas y leonesas en esta legislatura. Redondo divagó en su respuesta, sin dar uno solo. «La ruptura de ese Gobierno permitió poner freno a lo que podía haber sido una deriva de recortes de derechos de las mujeres muy importante, pero, evidentemente, no vemos un progreso y cuando no se progresa, se reduce y se vuelve atrás, por eso este es un elemento esencial», señaló.

El PSOECyL no va a esperar tanto y, el próximo miércoles, el Pleno de las Cortes de Castilla y León debatirá una proposición de ley de los socialistas para instar al Gobierno de Fernández Mañueco a que respalde el blindaje del aborto en la Constitución.

La reforma está impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto con los ministerios de Sanidad e Igualdad. Al ser Justicia el proponente, el dictamen ha de recaer sobre la Sección Segunda del Consejo de Estado, que está presidida por la exministra de Sánchez Magdalena Valerio.

En su exposición de motivos, el Gobierno vincula el derecho al aborto con la dignidad de la persona y subraya la necesidad de dotar al aborto de un «reconocimiento constitucional expreso», más allá de su actual respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo argumenta que, aunque el TC ya reconoció este derecho cuando en 2023 avaló la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero, un «eventual cambio jurisprudencial» puede dar lugar a «un retroceso en el reconocimiento y garantía de este derecho».

Como ha venido informando El Debate, los socialistas son plenamente conscientes de que no tienen ni van a tener los votos para una reforma así, que necesita una mayoría de tres quintos del Congreso; 210 diputados. Porque el PP ya cerró la puerta la misma mañana en que, hace dos semanas, el Ejecutivo anunció que impulsaría la inclusión del aborto en la Constitución. Nunca ha sido ese el objetivo, sino recuperar voto de las mujeres, escandalizadas con las correrías de José Luis Ábalos, y sembrar discordia en el PP.