Garzón, inhabilitado por el Supremo por prácticas de regímenes totalitarios, se postula como fiscal general

El exjuez Baltasar Garzón está asumiendo un llamativo protagonismo desde que el pasado jueves el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado.

Este exjuez, que también fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por unanimidad durante 11 años, parece estar postulándose ahora como nuevo fiscal general del Estado. De momento, algunos miembros de Sumar ya han propuesto su nombre.

Prácticas de regímenes totalitarios

En la sentencia que le condenó en 2012 por unanimidad, el Tribunal Supremo le atribuyó prácticas que «solo se encuentran en los regímenes totalitarios». Aquella sentencia supuso en la práctica la expulsión de Garzón, que entonces tenía 57 años, de la carrera judicial.

Garzón no solo se sumó a la manifestación celebrada el pasado domingo contra el Tribunal Supremo, a la que asistió con su pareja, Dolores Delgado, y unos pocos cientos de ciudadanos, sino que además ha realizado unas declaraciones en RTVE en las que arremete contra el Tribunal, ataca la sentencia y asegura que no cree en esta Justicia.

El TS no es «palabra de Dios»

Según Garzón, «ya está bien» de que «no se pueda criticar al Supremo» y «es mentira» que «el Tribunal Supremo es palabra de Dios». En su opinión, en el Supremo «no están los mejores, hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Y responde también a una dinámica de cuotas y de nombramientos que no es la mejor».

«Yo discrepo de esta sentencia», afirmó el exjuez, quien añadió que «tendría que haber una segunda instancia para que se valoraran las pruebas y que otro tribunal diga si eso está bien o está mal o se ha cometido una arbitrariedad». «No confío en esta justicia. Ya no me siento seguro después de haber visto lo que he visto».

Sánchez «metió la pata»

Garzón también señaló que «es mentira» que el nombramiento del Fiscal General del Estado dependa del Gobierno, por lo que Sánchez «metió la pata hasta el corvejón» cuando dijo , «¿quién nombra al fiscal general? El Gobierno».

Además, el ex juez salió en defensa del inhabilitado fiscal general del Estado. García Ortiz «ha sido un fiscal honesto, coherente, demócrata hasta los tuétanos y está sufriendo una situación absolutamente injusta». Y también salió en defensa de Sánchez: «Que es el fiscal general del Estado al que se ha juzgado, ¿por qué narices tiene que dimitir el presidente del Gobierno?», añadió y defendió que «aquí hay separación de poderes».

Tan enérgicas fueron las críticas de Garzón al Tribunal Supremo, que pidió «perdón por el énfasis, pero es que estoy muy enfadado con la justicia del Tribunal Supremo. Muy enfadado. Y no sé si decir que esto me traerá consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados ante determinadas situaciones», añadió.

Grabaciones a acusados y abogados

Garzón fue condenado en 2012 por el Tribunal Supremo por unanimidad de siete magistrados a once años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los acusados del caso Gürtel y sus abogados defensores.

En la sentencia el Supremo aseguraba que Garzón colocó «a todo el proceso penal español (...) al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados (...) admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa».

Cómo se elige al fiscal general

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma».

El Estatuto añade que «recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto».

«Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo», concluye.