El camino de Ábalos a prisión: comisiones, favores a 'sobrinas' y una petición de 30 años de cárcel

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la prisión provisional para el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al apreciar riesgo de fuga.

Además, Ábalos, será juzgado en el Tribunal Supremo por cobrar comisiones por los contratos de material sanitario que se realizaron durante la pandemia. Como miembro del Ejecutivo, habría cometido presuntas irregularidades en estos contratos que adjudicó el Ministerio de Transportes, según han recogido las pesquisas judiciales.

El magistrado le atribuye los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación en la causa principal de los contratos de mascarillas. En esta pieza también se encuentran imputados el que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama. El juez del Supremo sigue investigando también a Ábalos dentro de la pieza separada relativa a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.

José Luis Ábalos entrará en prisión provisional y se sentará en el banquillo de los acusados por los contratos de mascarillas que se efectuaron desde el Ministerio de Transportes, cuya cartera la ostentaba él. Pero también por promocionar la contratación de mujeres con las que mantenía un trato personal o por las gestiones que llevó a cabo como ministro para favorecer a varias empresas como Air Europa.

«Concierto de voluntades con Koldo y Aldama»

Uno de los primeros indicios que ha apreciado el juez del Tribunal Supremo es el de el «pacto» y el «concierto de voluntades» que hubo entre los tres investigados –José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama– para «la comisión de sucesivos hechos delictivos».

Víctor de Aldama conoció a Koldo García a través de un hermano del empresario, que ejercía como escolta del ministro de Transportes. Posteriormente, Aldama conoció también a José Luis Ábalos. «El ministro, a través de su asesor, encomendaban al Sr. de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad», se señala. El juez menciona un viaje en el que Víctor de Aldama acompañó a Ábalos y a Koldo García a un viaje a México. El empresario fue el encargado de organizar una visita del dirigente socialista al Senado del país hispanoamericano.

«En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquéllas», recalca el auto de procedimiento abreviado que dictó el juez este mes de noviembre. Los tres coincidieron en que podrían aprovecharse de la condición de Ábalos como ministra para «favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad».

Sobre la compra de mascarillas, Ábalos podría haber gestionado la adquisición, durante la pandemia y a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes como Adif o Puertos del Estado, de partidas de material sanitario a cambio de recibir una «indebida compensación económica» de Víctor de Aldama.

Víctor de Aldama, con el fin de que José Luis Ábalos abonase las comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales de Alama, se concertó un en abril de 2019 un contrato de arrendamiento con opción de compra para el ministro de Transportes de un piso. Este piso estaba ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid y era propiedad de Víctor de Aldama. Esta propiedad nunca llegó a ser ocupada por Ábalos, que tampoco llegó a abonar a pesar de que tuviese un precio de compra «muy inferior al real de mercado»: 750.00 euros.

El piso de Jésica y su contratación

El juez Leopoldo Puente ha constatado que Víctor de Aldama, con el fin de tener un trato preferente con Ábalos en su ministerio, se hizo cargo de algunos gastos como el pago del alquiler de un piso, ubicado en la Plaza de España de Madrid, para Jésica Rodríguez, la que por entonces era pareja sentimentales del ministro y secretario de Organización del PSOE.

«Dichas rentas resultaron abonadas desde el principio por un socio de De Aldama por orden de éste (hasta un total de 82.248,40 euros) y, tras decidir que se pusiera fin a dichos pagos, en el último período del alquiler las rentas se abonaron por García, a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar», indica el escrito.

Además, José Luis Ábalos usó su influencia como ministro para la promoción de la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, «sin que la misma hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de aquéllos, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza».

A pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo, Jésica Rodríguez recibió un sueldo de 18.100 euros brutos anuales el tiempo que estuvo contratada en Ineco: desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Después, Rodríguez fue contratada por Tragsatec, desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre del mismo año, recibiendo un salario mensual de 1.173,67 euros.

El exministro también promovió a otras de sus conocidas como 'sobrinas'; la «arbitraria contratación» de Claudia Montes, Miss Asturias y también amiga íntima de Ábalos, en la empresa pública Logirail. En este caso, ella sí que «acudió regularmente a su puesto de trabajo».

Gestiones para el rescate de Air Europa

Víctor de Aldama era por aquel entonces asesor de Air Europa. El juez del Tribunal Supremo defiende que Ábalos, «sirviéndose de su asesor, pudo promover por encargo» del empresario «la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes, emitida el 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública». Es decir, esta nota defendía el rescate con dinero público de Air Europa en plena pandemia.

El ministro y dirigente del PSOE, a cambio de promover este rescate, «podría haber obtenido el gratuito disfrute de un chalet vacaciones en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios –concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020–cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de don Koldo García».

«Dicha renta fue satisfecha en la cantidad de 1.800 euros desde una cuenta titulada por la esposa de Don Koldo, y los 8.000 euros restantes, por el propio don Koldo García Izaguirre. El dinero empleado para hacer estos pagos procedería del propio Sr. de Aldama o de la empresa cuyos intereses éste representaba y habría sido entregado como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa», apostilla una resolución del magistrado..

Pero estas no son las únicas «gestiones» que el magistrado del Tribunal Supremo atribuye al exministro socialista. El auto de procedimiento abreviado enumera otras en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel, por las que a cambio disfrutó del chalet «La Alcaidesa», ubicada en la costa de Cádiz. Otras «gestiones» se realizaron para el fraccionamiento de una deuda con Hacienda que mantenía una empresa de Aldama, y para certificados de movilidad a conocidos para eludir las restricciones de la pandemia.

Pagos en metálico de 10.000 euros y en República Dominicana

El juez Leopoldo Puente hace referencia en pagos en metálico que efectuó Víctor de Aldama a Koldo García de hasta 10.000 euros mensuales desde el mes de octubre de 2019 hasta, al menos, el año 2021. «Dichos pagos mensuales se efectuaban personalmente por el Sr. de Aldama Delgado al Sr. García Izaguirre, en algunas ocasiones en presencia del Sr. Ábalos Meco, repartiendo después su importe entre ellos estos dos últimos», alega el auto de procedimiento abreviado.

La resolución señala además que en alguna ocasión «en la que, por carecer en ese momento de dinero en metálico el Sr. de Aldama no podía efectuarlos en España, se convino que los pagos se realizaran en la República Dominicana». Y es que en este país el empresario sí que disponía de suficiente dinero en metálico para afrontar estos pagos al asesor de Ábalos, «a cuyo fin se desplazaba a dicho país para recoger el dinero en nombre de don Koldo García una tercera persona que no resulta investigada en la presente causa especial». Dicha persona se desplazó al país caribeño «al menos, en las siguientes dos ocasiones: del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 y del 13 al 16 de diciembre de ese mismo año».

Víctor de Aldama disponía de efectivo en ese país, «en una de sus empresas, debido al pago que los turistas realizaban así de determinadas pruebas para la detección del Covid-19, siendo que, con el fin de que pudieran recoger el dinero allí, en varias ocasiones se desplazó hacia dicho país caribeño un hermano del Sr. García Izaguirre».

El juez del Tribunal Supremo destaca que José Luis Ábalos, durante el periodo en el que fue ministro de Transportes, «se incrementaron sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas (así, en el período de 2018 a 2022 los realizados, 4.5280 euros, representan el 75,13 % de los que efectuó entre los años 2014 a 2024); mientras que, en cambio, desaparecieron por completo los egresos de sus cuentas bancarias que, también en metálico, se efectuaron entre los años 2018 a 2023, mientras el resto de sus gastos permanecían constantes».

En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos; 19 años y 6 meses para Koldo, y una pena menor, de 7 años, para Víctor de Aldama al valorar su «confesión», mientras que las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para ambos.