Así es la lucha contra la inmigración ilegal: la estrategia de Europa frente a los regalos millonarios de España

El pasado 11 de noviembre, la Comisión Europea aprobaba el primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea que situaba a España en el grupo que mayor presión inmigratoria sufre y, cuando se apruebe el próximo Pacto de Migración y Asilo le dará derecho a reubicar a un número todavía no determinado de inmigrantes en otros países europeos aunque entre España, Italia, Grecia y Chipre, los cuatro países de este grupo podrán repartir hasta 30.000 inmigrantes.

Según los últimos datos de los que dispone Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, hasta el mes de octubre incluido, a Europa llegó un 22 % menos de inmigrantes de forma irregular. Un descenso que se da de forma generalizada excepto en la vía argelina de las Islas Baleares y sureste peninsular, donde ha aumentado un 27 %, y, en los últimos meses, Italia, donde, aunque en los primeros meses del año sí había descendido la inmigración irregular, para el mes de octubre ya se había incrementado un 6 %.

La ruta donde más ha descendido la inmigración ha sido en la ruta canaria, donde el descenso ha sido de un 59 %, aunque la tendencia está cambiando en las últimas semanas. Pero este descenso se ha conseguido fundamentalmente a base de inyectar millones y más millones en los países de origen, fundamentalmente Mauritania, Senegal y Mali, para que impidan la salida de cayucos. Se trata de una política que es sufragada por los propios españoles a través de sus impuestos, por lo que al Gobierno de Pedro Sánchez no le cuesta conceder millones sin fondo.

Por el contrario, la Unión Europea ha optado por medidas más estratégicas y menos costosas. Así, por ejemplo, el pasado lunes, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que representa a todos los países de la UE, acordó que en el futuro, a la hora de alcanzar acuerdos comerciales con países en desarrollo, aquellos que pongan más facilidades para reacoger a sus emigrantes, serán los que tengan más puntos a la hora de comerciar con el potente mercado de la Unión Europea.

De igual modo, el pasado miércoles la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó incluir en la política de inmigración un listado de «países seguros» a la hora de aceptar las peticiones de asilo. En esta lista se encuentran Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.

Mayor control y externalización

Para el ponente de esta propuesta, Alessandro Ciriani, del grupo de Conservadores y Reformistas, en el que está integrado Vox, declaró que «esta propuesta representa un paso crucial para dotar a la Unión de normas más claras, coherentes y realmente aplicables para la gestión de los flujos migratorios». Se trata de externalizar las solicitudes de asilo, que sean esos países seguros quienes se hagan cargo de ellos.

Y esto forma parte de la propuesta con la que se presentaron en las pasadas elecciones europeas: Controlar «todos los posibles puntos de entrada» por aire, tierra y mar basada en una infraestructura fronteriza «mejorada», un papel reforzado de Frontex y Europol, y nuevas medidas para combatir el tráfico de personas, aumentar las repatriaciones y, sobre todo, «colaborar con terceros países en la externalización de la gestión de la migración».

En el Partido Popular son más estratégicos y menos drásticos. Pretenden utilizar las políticas de comercio, desarrollo y visados como palanca para obligar a los países de origen a recuperar a los emigrantes que abandonan su territorio. También propone un «plan europeo de inversión en África para abordar más eficazmente las causas profundas de la migración».

En este sentido, hay que recordar que la Comisión Europea acordó el año pasado, todavía en la anterior legislatura, invertir 7.500 millones de euros en Egipto para sea receptor de inmigrantes.