El juez Piña procesa a 22 personas físicas y jurídicas por el fraude en el IVA de los hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio Rivas, por haber defraudado supuestamente, entre 2016 y 2018, una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que el magistrado ha notificado este viernes a las partes, se considera que los hechos que, hasta la fecha, han sido objeto de investigación, podrían ser constitutivos de varios delitos contra la Hacienda Pública -en los ejercicios 2016, 2017 y 2018- falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración de organización criminal.

La resolución dictada por el instructor, titular de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número Seis), da un plazo de diez días tanto a la Fiscalía, como a las acusaciones para presentar sus escritos de acusación o de archivo, detallando los delitos que atribuye de forma indiciaria a cada investigado.

Cabe señalar que, en el caso de Claudio Rivas, el magistrado le envía a juicio por defraudación tributaria a través de la mercantil SKT OIL, en concurso con falsedad de documento mercantil de los ejercicios 2017 y 2018, y también por delito de integración en organización criminal.

El magistrado Piña propone, además, que en el juicio se declare responsables civiles subsidiarios a un total de 16 sociedades mercantiles y como partícipes a título lucrativos a cinco personas físicas, más.

Una operativa de «beneficios ilícitos»

La resolución describe la operativa defraudatoria llevada a cabo a través de la empresa de hidrocarburos SKT OIL, y el sistema diseñado para la ocultación y posterior introducción en el circuito económico de los beneficios ilícitos, así como la actividad relativa a la facturación falsa utilizada para obtenerlos.

En concreto, el juez Piña explica cómo SKT OIL habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o que hicieron de este modus operandi «su actividad ordinaria». La misma dinámica se habría utilizado, apunta el magistrado, a través de la operadora de hidrocarburos OWTRA OIL.

Según el instructor, la trama organizada habría defraudado a través de SKT OIL una cuota de 13.8 millones de euros en el año 2016, de 35.2 millones en 2017 y de 14.6 millones en 2018. En el caso de OWTRA OIL, habría defraudado 7.2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA.

Para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad defraudatoria y reintegrarlos en la rueda económica legal, explica el auto, se adquirieron diferentes inmuebles, entre ellos, una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1.6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1.6 millones y vendido en 2022 por 2.7 millones.