El Gobierno deja caer que tampoco nadie asumirá ninguna responsabilidad si Ábalos es condenado

La de este martes no era una comparecencia semanal más en la Moncloa, sino una marcada por el inicio del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el llamado caso mascarillas; un juicio que los socialistas dan por descontado que acabará con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE condenado.

Así pues, la pregunta a la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros era casi obligada: qué responsabilidades políticas asumirá el Ejecutivo en el caso de que Ábalos acabe siendo declarado culpable (la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, y los indicios son muy sólidos). Habida cuenta, además, de que Pedro Sánchez llegó al Gobierno por una moción de censura presentada tras la sentencia de la Gürtel. Y que defendió en la tribuna del Congreso el propio Ábalos el 31 de mayo de 2018.

Tres veces hicieron los periodistas esa misma pregunta a Elma Saiz y tres veces evitó ella responder directamente con evasivas y quiebros, sobre la idea de que «ahora es el momento de la Justicia y la Justicia tiene que hacer su trabajo y llegar hasta el final», como señaló.

La portavoz vino a afirmar que el PSOE ya hizo su trabajo antes del juicio, con una actitud de «tolerancia cero con la corrupción, de actuar de manera inmediata, de colaborar con la Justicia». En los compases finales de la comparecencia, y ante la insistencia de la prensa, trató de zanjar el asunto con cuatro palabras: «Las responsabilidades se tomaron». Fue su forma de decir que no habrá tal asunción de responsabilidades ante ese escenario, o al menos eso es lo que pretende Sánchez. Si sus socios se lo permiten, que hasta ahora así ha sido.

La portavoz se sentó en la sala de prensa de la Moncloa con un solo objetivo: equiparar el caso mascarillas al caso Kitchen, cuyo juicio empezó un día antes. La prensa no preguntó a Saiz por este segundo, en el que se juzga un entramado dentro del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández para espiar a Luis Bárcenas, así que ella lo sacó a colación motu proprio.

«Esta semana está siendo especialmente dura para la ciudadanía en su conjunto. Porque la corrupción hace daño al conjunto de la ciudadanía. Y yo empatizo con el ciudadano que ve dos casos importantes. Quiero recordar también el caso más importante de corrupción del PP que se está juzgando, que es la Kitchen. Y desde esa empatía con la preocupación y con el enfado de la ciudadanía, y compartiendo que la corrupción nos hace daño a todos como sociedad», aseguró. A lo largo de su comparecencia metió varias veces más la Kitchen en sus respuestas, en ese intento de empatar que ha venido contando El Debate.

Sabiendo que el inicio del juicio contra el que fuera megaministro de Sánchez iba a centrar el interés de la prensa, la Moncloa intentó amortiguar su impacto elevando al Consejo de Ministros, ya en segunda vuelta, el proyecto de reforma de la Constitución para introducir el aborto en el articulado de la Carta Magna. Concretamente, en el artículo 43.3.

Se trata de una iniciativa abocada al fracaso desde el inicio, porque cuando Sánchez anunció su intención por primera vez -en octubre-, el PP adelantó que no apoyaría algo así. Y el voto de los populares es indispensable para una reforma que, aun sin ser por el procedimiento agravado, requiere el voto favorable de tres quintas partes del Congreso: 210 diputados. Pese a ello, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la utilidad de este proyecto de reforma y emplazó a los populares a sumarse, para «garantizar los derechos de las mujeres».