Albares obligado a revelar cuánto derrochó en la Flotilla radical y por qué no se lo reclama

Una nuevo Flotilla está rumbo a Gaza. Más de una treintena de embarcaciones, además de los barcos de Open Arms y Greenpeace, partieron la pasada semana desde Barcelona para reunirse en Sicilia con las delegaciones de Francia e Italia, desafiando, una vez más, al Ejército israelí, como ya ocurrió en septiembre. Entonces, el Gobierno español decidió enviar el Buque de Acción Marítima (BAM) Furor a modo de escolta, además de hacerse cargo de las repatriaciones de los radicales. Una posición que contrasta con la de otros países vecinos como Portugal y Suiza, que obligaron a los activistas a sufragar los gastos ocasionados por su imprudencia. Por ello, ahora, el Gobierno tendrá que aclarar por qué tomó esta decisión y quién lo hizo, ya que a otros ciudadanos sí se les obliga a la devolución del gasto generado, además de desvelar el número total de vuelos abonados y el coste de los mismos.

De hecho, Sánchez ha respaldado a la Flotilla desde sus inicios y no dudó en realizar el anuncio del envío del Furor a bombo y platillo durante su presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Por su parte, Albares admitió haber pagado los billetes de avión de los españoles repatriados para «agilizar su salida» de Israel, tras presumir de haber movilizado «todos sus recursos consulares y diplomáticos» para prestar una «protección continua e ininterrumpida», pero a la hora de rendir cuentas, mantienen el coste de las operaciones en la más absoluta opacidad.

Sin embargo, El Debate tiene en su poder una nueva orden que obliga a Albares a acabar con el silencio que mantiene durante meses al respecto de las repatriaciones de los radicales expulsados, pues el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que la información requerida por El Debate debe ser pública.

Así consta en la resolución 2026-0395, dictada este 14 de abril, en la que el organismo independiente obliga al Ministerio de Exteriores a hacer públicos los documentos que justifiquen «la decisión de no solicitar a los expulsados el reintegro de los gastos de repatriación, autoridad que adoptó dicha medida», incluyendo, si es que existen, los informes jurídicos o de cualquier otra índole solicitados para justificar la exención de la obligación legal de reintegrar los gastos de la repatriación.

De hecho, la normativa general establece que los ciudadanos españoles que necesiten asistencia y ayuda en el exterior están obligados a proceder a la devolución del importe percibido, salvo en excepciones que tengan que ver con que se encuentren en situación de necesidad, especial vulnerabilidad o de falta de recursos.

Además, Albares tendrá que desvelar el «número total de vuelos abonados por el Ministerio y coste total que ha tenido para el erario la repatriación de los nacionales», a los que habría que sumar el generado por enviar un avión militar A400M desplegado en Atenas y los gastos consulares, por lo que algunas estimaciones hablan de que se habrían superado los 800.000 euros.

Hay que tener en cuenta que los radicales, entre los que se encontraban la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además de tres miembros de Podemos –Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez– y otros activistas como Hanan Alcalde, apodada Barbie Gaza, eran conscientes de que se adentraban en zona de guerra y estaban avisados de las consecuencias.

Sin embargo, se embarcaron en la travesía, convirtiéndola en una especie de reality en la que Alcalde tenía el papel de creadora de contenido para las redes sociales, mientras que su marido, el policía local de Ceuta Amin Abdelkaden, comenzaba a recorrer medios de comunicación.

Pese a ello, el Gobierno se hizo cargo de todos los gastos, incluso de acelerar su liberación, tras la detención por parte de las autoridades hebreas de algunos activistas que se opusieron a firmar los papeles de extradición, negando haber cometido cualquier ilegalidad, pues según señalaron, fueron «capturados por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando cumplían con una misión humanitaria», llegando incluso a afirmar que las autoridades israelíes habrían cometido «un secuestro ilegal que incumple la legalidad internacional», mientras desde el Gobierno se jaleaban las protestas en la calle.

A esto hay que sumar que el Gobierno tampoco ha querido cuantificar el coste que supuso la movilización del Furor, que acompañaba a la Flotilla en su trayecto hacia zona de guerra, potenciando la posibilidad de un encontronazo con las fuerzas armadas hebreas.

En concreto, el comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general José Antonio Agüero, señalaba en un escrito del pasado 23 de diciembre al que ha accedido en exclusiva este periódico que «no existe un expediente económico individualizado para esta misión, toda vez que los gastos asociados se integran y financian conjuntamente con los de otras operaciones, con cargo a los créditos consignados en los capítulos correspondientes del Ministerio de Defensa».

Además, añadía que esta justificación implica que «no se puedan disociar del cómputo general los costes para misiones específicas, ya que afectan no solo a las actividades de navegación, sino al sostenimiento y el adiestramiento de sus tripulaciones, o a condicionantes operativo-logísticos», tal y como consta en el documento en poder de El Debate y con el que daba por zanjada la cuestión, impidiendo a la ciudadanía conocer el gasto que ha supuesto desplegar todo un buque de guerra en el Mediterráneo.

No obstante, el silencio y la falta de información sobre los recursos necesarios para dar soporte a las embarcaciones han sido la tónica general en todo el Gobierno, frente al pábulo y respaldo que se le dio a los radicales, ya que no solo Albares y Defensa se han negado a dar información sobre el coste que ha supuesto la aventura de la flotilla para las arcas públicas, sino que Sánchez también declaró secreto de Estado el apoyo que dio a los barcos que pusieron rumbo a Gaza en septiembre, cuando movilizó al Furor para asistirlos, tal y como publicó El Debate.

De hecho, prefirió descargar toda la responsabilidad en el Ministerio de Defensa para que fuese el departamento dirigido por Margarita Robles el que aclarase la necesidad de movilizar al ejército español para una operación que podría haber desembocado en un conflicto internacional aún mayor, aunque este se agarró a la protección de la seguridad nacional para mantenerse en silencio.

En concreto, Sánchez dijo no tener constancia alguna de las instrucciones que hubieran podido ser cursadas desde Presidencia del Gobierno al Ministerio de Defensa, algo llamativo si se atiende a lo dispuesto por el artículo 2.2.f de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, según el cual corresponde al presidente «dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar».

Por su parte, Defensa invocó la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para catalogar la información solicitada por este periódico de «información operativa clasificada». Una excusa que esgrimió para negarse a explicar la necesidad de movilizar al ejército español para esta operación, que se desencadenó después de que Colau denunciara un supuesto avistamiento de drones israelíes en las proximidades de las embarcaciones y reclamase «una protección real frente a posibles ataques».

Del mismo modo, Moncloa señaló al Ministerio de Exteriores como responsable de aclarar qué ayuda se solicitó desde la Flotilla, pero Albares se negó a hacer públicos los mensajes de unos ‘particulares’ enviados a la ‘Unidad de Crisis’ de su departamento invocando la Ley de Protección de Datos, tal y como publicó este periódico.

De hecho, consideró que toda la información que recibió de los activistas, a los que se refirió como «particulares», no debía hacerse pública invocando la Ley de Protección de Datos Personales de 2018, pese a que la actividad de la expedición que partió rumbo a Gaza fue, prácticamente, retransmitida en directo por sus integrantes, al igual que su repatriación, que se siguió minuto a minuto por diversas televisiones. Todo un despliegue diplomático y de medios realizados por el Gobierno que no salió gratis a las arcas públicas, mientras a otros ciudadanos españoles se les obliga a pagarlo de su bolsillo, por lo que ahora Albares tendrá que rendir cuentas.