Albares esconde las comunicaciones con la Flotilla de radicales tras bordear un gravísimo conflicto con Israel

Mientras Estados Unidos y buena parte de los países árabes y musulmanes ultimaban un plan de paz para Gaza, el Gobierno de España se dedicó a ensalzar a una Flotilla de radicales que intentó desafiar a Israel e incluso movilizó un buque militar para acompañarles en su trayecto hacia zona de guerra, potenciando la posibilidad de un encontronazo con las fuerzas armadas hebreas.

Pero de aquel «numerito», que culminó con la repatriación a España de todos los «activistas» sin un rasguño y con cargo al erario, ahora nadie quiere saber nada, empezando por José Manuel Albares, que se niega a detallar la relación con la expedición y las comunicaciones que mantuvo con ella apelando a la protección de datos, justo eso que el mismo Gobierno quiere saltarse obligando a los médicos a inscribirse en un registro de objetores de conciencia al aborto que delataría sus creencias más íntimas.

El Gobierno sigue ideando nuevas justificaciones para evitar dar más información acerca del despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ que envió al Mediterráneo para escoltar a la Flotilla de Gaza a finales de septiembre. Una maniobra efectista de Pedro Sánchez que podría haber generado un auténtico conflicto internacional de impredecibles consecuencias.

Ahora, al silencio del presidente y a la invocación de la ley franquista de Secretos Oficiales por parte de Defensa, ya desvelados por El Debate, se suma otra nueva negativa a informar, que llega de parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que considera que toda la información que recibió de los activistas, a los que se refiere como «particulares», no debe hacerse pública invocando la Ley de Protección de Datos Personales de 2018, pese a que la actividad de la expedición que partió rumbo a Gaza fue, prácticamente, retransmitida en directo por sus integrantes, al igual que su repatriación, que se siguió minuto a minuto por diversas televisiones. Todos pudimos ver a través de los informativos cómo Ada Colau o Greta Thunberg, levantaban las manos ante la llegada de los militares israelíes, mientras desde la propia flotilla se hablaba de abordaje ilegal y se alentaban las manifestaciones en las calles.

Sin embargo, la directora General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, sostiene, en un escrito de este 17 de noviembre en poder de El Debate, que no puede facilitar las comunicaciones de solicitud de ayuda que recibió de los activistas porque «los correos que los particulares envían a la Unidad de Crisis de esta Dirección General están amparados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales».

Para ello, se ampara en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que limita el acceso a la información que contenga datos personales, pero obvia que esta limitación solo se contempla para datos que revelen «la ideología, afiliación sindical, religión o creencias (…), a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad», y es público y notorio que muchos de los activistas ya eran de sobra conocidos por su actividad política y en las redes sociales, además de lo que ellos mismos fueron transmitiendo a los medios de comunicación durante la travesía.

De hecho, Sánchez realizó el anuncio de esta misión, a bombo y platillo durante su presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, después de que Ada Colau, una persona conocida por todos, denunciara un supuesto avistamiento de drones israelíes en las proximidades de las embarcaciones y reclamase «una protección real frente a posibles ataques».

No obstante, la norma sí que incluye la imposibilidad de facilitar «datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas», –cabe recordar que fueron detenidos por Israel–, y que solo pueden ser conocidos «en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley».

Sin embargo, la detención de algunos de ellos y sus identidades también era sobradamente conocida, como el caso de Reyes Rigo, la mallorquina que propinó un mordisco a la médico que le atendía en la cárcel de Keziot, o los cuatro activistas vascos —José Osés, Itziar Moreno, Mikel Zuloaga y Abdel Karim El Khamlichi—, vinculados al Movimiento Global por Gaza de Euskal Herria.

A ellos, también hay que unir a tres miembros de Podemos —Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez— que se opusieron a firmar los papeles de extradición, negando haber cometido cualquier ilegalidad, pues, según señalaron fueron «capturados por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando cumplían con una misión humanitaria», llegando incluso a afirmar que las autoridades israelíes habrían cometido «un secuestro ilegal que incumple la legalidad internacional», mientras desde la formación se jaleaban las protestas en la calle.

Además, cabe recordar que todo este despliegue diplomático y de medios realizados por el Gobierno, no salió gratis a las arcas públicas, pues Exteriores también admitió haber pagado los billetes de avión de los españoles de la flotilla para «agilizar su salida» de Israel, tras presumir de haber movilizado «todos sus recursos consulares y diplomáticos» para prestar una «protección continua e ininterrumpida» que ahora se niega a precisar.

Sánchez asegura que no tiene constancia de las órdenes dadas y Defensa se agarra a la ley de Secretos Oficiales del franquismo para callar

De esta forma, el Gobierno añade una excusa más a las ya esgrimidas por Presidencia y Defensa para intentar evitar dar explicaciones acerca del despliegue del buque, tal y como ya informó El Debate, a lo que hay que añadir que, a cierre de esta edición, tampoco ha informado acerca del coste de la operación, pese a haberlo solicitado expresamente.

En concreto, Sánchez aseguró no tener constancia alguna de las instrucciones que hubieran podido ser cursadas desde Presidencia del Gobierno al Ministerio de Defensa, pese a que él mismo se encargó de anunciar el envío del buque y en su propia comparecencia ya había explicado que el objetivo de la misión era garantizar la seguridad de los participantes y, en caso necesario, intervenir en labores de rescate.

Además, esta respuesta implica, una vez más, una nueva dejación de funciones, pues una de sus competencias, establecida en la Ley del Gobierno de 1997, pasa por «dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar».

De hecho, en el escrito, ya publicado por este periódico, descargaba toda la responsabilidad en Margarita Robles, para que fuese la ministra de Defensa quien explicase la necesidad de movilizar al ejército español en una operación que podría haber desembocado en un conflicto internacional aún mayor.

Sin embargo, el Jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa, el teniente general José Antonio Herrera, tampoco arrojó más luz al asunto, sino que aludió a la «existencia de información operativa clasificada» referente al despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) «Furor», lo que «hace inviable el acceso a la información solicitada».

Para ello se agarró a que el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales aprobada por Franco en 1968 y que se amplió por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, señala que «se otorga, con carácter genérico, la clasificación de SECRETO a…:… El despliegue de unidades…».

De esta manera, apelando a la recurrente ley franquista, el Gobierno cerraba la puerta a informar acerca de la necesidad de enviar el buque, a lo que añadió que de haberlo hecho se «causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional y la defensa, que el interés público de acceso que se pretende preservar».

Así, el Ejecutivo de Sánchez suma otra excusa más para mantener la opacidad de una operación que podría haber acabado en desastre y que ha supuesto una gran movilización de recursos: la protección de datos de las personas integrantes de la Flotilla. Todo ello, pese a que algunas de ellas, son perfectamente conocidas por la opinión pública, como la propia exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o los miembros de Podemos, e, incluso algunos, como Ana Alcalde, apodada «Barbie Gaza», se ha paseado por platós de televisión para contar sus andanzas en el mar.