El fiscal jefe Luzón junto al letrado de la acusación popular
La defensa del fiscal Luzón de las «empresas públicas parasitadas por el poder político»: «Produce desolación»
El fiscal jefe ha utilizado su turno de palabra para las conclusiones del juicio contra Ábalos y Koldo para cuestionar el «contexto de colonización» en el que las autoridades políticas «identifican sociedades del Estado con sociedades del Gobierno»
El juicio en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas en el que se juzga al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama enfila su recta final con la presentación del informe de conclusiones del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, de las acusaciones populares y de las defensas de los tres imputados.
El primero en tomar la palabra ha sido el representante de la acusación pública, el fiscal Luzón. Durante su alegato ha repasado con detalle todos y cada uno de los hechos que considera que pueden ser constitutivos de delito, además de aquellas acciones que, sin ser considerados propiamente contrarios a la ley, arrojan luz sobre cómo operaba la supuesta trama de corrupción.
Durante su relato sobre las supuestas adjudicaciones fraudulentas, Luzón ha evidenciado que la compra de mascarillas por parte de diferentes instituciones públicas, a pesar de ser por vía de emergencia, no obedecieron a necesidades reales, sino que dependían únicamente de las pretensiones expresadas por el vendedor de las mismas, por lo que las compras no estaban justificadas
Pero el fiscal jefe también ha entrado a valorar los supuestos enchufes, de examantes o «sobrinas» en empresas públicas. Antes de referirse a los casos particulares que se juzgan, Luzón ha realizado un alegato en defensa de las instituciones del Estado ante la «colonización» por parte del Ejecutivo.
El fiscal anticorrupción ha hecho una reflexión sobre «las empresas públicas parasitadas por el poder político en contraste con lo ordenado en el artículo 103 de la Constitución, lo cual produce cierta desolación». Igualmente, Luzón ha proseguido con su crítica de la situación actual: «El interés general es un concepto jurídico determinado que no puede quedar sometido a la voluntad política arbitraria».
Acto seguido se ha entrado en la cuestión del caso que se juzga, reivindicando que «las empresas públicas no pueden ser espacio para la colocación discrecional. Las empresas públicas no pueden ser el refugio, el aparcamiento, de políticos ni el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen las denominadas 'sobrinas'».
Para explicar el grado de corrupción moral y económica dentro del ministerio de Ábalos, Luzón ha hablado del «perverso razonamiento por el que se identifica a sociedades del Estado con sociedades del Gobierno y, por tanto, del ministro competente».
Para concluir su alegato, el fiscal jefe ha sentenciado que la colonización de las instituciones ha llegado a tal punto que se asume «que la mera sugerencia del ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes ejecutivas».
