El PSOE denuncia una campaña de «linchamiento» de la derecha tras la entrada de la UCO a Ferraz

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de «tranquilidad» y colaboración ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz este miércoles por la mañana.

«El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones» con relación al Partido Popular, ha señalado Mínguez. «Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada», ha precisado en una entrevista en Cataluña Radio recogida por Europa Press.

No obstante, la dirigente socialista ha lamentado una determinada «campaña de desprestigio y linchamiento» política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia y de la que cree que no pararán.

Preguntada por si vale la pena que la legislatura continúe, ha manifestado que «claro que vale la pena» y lo ha argumentado en que, con ella, el Gobierno ha tirado adelante 64 leyes.

Respecto a si habrá Presupuestos para este 2026, Mínguez ha expresado que es «muy difícil» poner de acuerdo a 10 partidos políticos, pero ha destacado que las cuentas (prorrogadas desde 2023)son un documento que está vivo y que ha permitido adaptar a las necesidades que han ido apareciendo.

«La legislatura continúa pese a que hay un ruido mediático muy sucio, que intenta tapar todo el otro, también es una evidencia», ha dicho.

El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE.

La UCO sospecha que Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», según la investigación.

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas» y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.