El Gobierno acusa a PP y Vox de irresponsables por sembrar dudas sobre el censo electoral tras las denuncias de El Debate

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, sobre la concesión de la nacionalidad española al amparo de la denominada «Ley de Nietos», asegurando que el proceso se desarrolla con todas las garantías y constituye una medida de reparación histórica para los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad a causa del exilio. La cascada de reacciones políticas se produce tras las numerosas exclusivas publicadas por El Debate sobre las irregularidades en el proceso.

Fuentes del departamento sostienen que las declaraciones de Feijóo suponen una «profunda irresponsabilidad», al considerar que ponen en duda el trabajo de los funcionarios encargados de tramitar los expedientes y cuestionan los derechos reconocidos a los descendientes de españoles exiliados. Además, acusan al presidente del PP de «frivolizar y manosear la Memoria Democrática» al convertir en un debate electoral una cuestión que, según el Ejecutivo, responde a un principio de justicia y restitución de derechos.

El Gobierno también reprocha al PP que aplique un «sesgo ideológico» a una materia que considera vinculada a derechos fundamentales. Recuerda que los populares votaron en contra de la Ley de Memoria Democrática, aunque durante su tramitación parlamentaria aceptaron mantener un mecanismo para facilitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de exiliados, proponiendo únicamente limitar su alcance mediante enmiendas. Asimismo, destaca que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la norma no solicitó la eliminación de la disposición adicional octava, que regula este procedimiento.

Desde el Ministerio insisten en que la llamada «Ley de Nietos» no constituye un privilegio, sino una medida extraordinaria destinada a reparar discriminaciones históricas en la transmisión de la nacionalidad española. En este sentido, subrayan que España no es una excepción en Europa, ya que otros países también cuentan con mecanismos que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar.

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática reconoce el derecho a obtener la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas fueran originariamente españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o por motivos de orientación e identidad sexual. La norma amplía además este derecho a los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio, correspondientes al 31 de marzo de 2026, las oficinas consulares han recibido 2,4 millones de solicitudes de cita para iniciar el procedimiento. De ellas, 1,2 millones se han formalizado ya como solicitudes de nacionalidad. Hasta esa fecha se habían reconocido favorablemente 544.722 expedientes, mientras que 306.000 personas habían completado ya su inscripción en el Registro Civil como nuevos ciudadanos españoles.