Los siete agujeros de la regularización masiva de Sánchez: del choque con la UE al colapso administrativo

La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más delicado desde que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril. Después de que más de 1,2 millones de personas hayan solicitado acogerse al proceso –más del doble de las previsiones iniciales del Ejecutivo–, el Tribunal Supremo ha puesto en duda la legalidad de la medida y ha abierto la puerta a que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien determine si el decreto español vulnera la normativa comunitaria.

Por si fuera poco, a los interrogantes sobre su compatibilidad con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo se suman las dificultades para tramitar semejante volumen de expedientes y las advertencias de los funcionarios sobre un posible colapso administrativo.

1. El Supremo cuestiona la legalidad del decreto. La principal novedad es el giro dado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde los magistrados consideran que existen dudas suficientes sobre el encaje del decreto con el Derecho de la Unión Europea y han concedido un plazo a las partes para pronunciarse antes de decidir si elevan una cuestión prejudicial al TJUE.

Si finalmente Luxemburgo entra a estudiar el asunto, la Justicia europea será la que determine si España ha actuado dentro de las competencias que le reconoce la legislación comunitaria o si, por el contrario, ha sobrepasado los límites fijados por el nuevo marco migratorio europeo.

2. La regularización podría chocar con la Directiva de Retorno. Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva europea de Retorno obliga, con carácter general, a iniciar procedimientos de devolución contra quienes permanecen de forma irregular en un Estado miembro, salvo determinadas excepciones tasadas.

Sin embargo, el decreto español concede una autorización temporal de residencia por el mero hecho de encontrarse en situación irregular y solicitar la regularización, además de suspender procedimientos de expulsión ya iniciados.

3. El nuevo Pacto Europeo cambia las reglas del juego. Las anteriores regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo en España –tanto con gobiernos del PSOE como del PP– se aprobaron en un contexto jurídico muy distinto. Desde la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2024, la gestión de los flujos migratorios está mucho más coordinada entre los Estados miembros.

Por ello, el Supremo plantea si un Gobierno puede seguir aprobando regularizaciones masivas únicamente por decisión política o si esa capacidad ha quedado condicionada por el nuevo marco europeo.

4. La falta de coordinación con Bruselas y el resto de socios europeos. Otro de los aspectos que pone sobre la mesa el Alto Tribunal es la ausencia de coordinación con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros. La razón es que una autorización de residencia concedida por España no solo produce efectos dentro del territorio nacional, sino que también permite la libre circulación por el espacio Schengen durante periodos de hasta 90 días.

Los magistrados consideran que una decisión de estas dimensiones podría requerir algún tipo de comunicación o coordinación previa con el resto de socios europeos, algo que, según reflejan en su providencia, no consta que se produjera.

5. Más de un millón de solicitudes desbordan las previsiones del Gobierno. Cuando el Ejecutivo presentó la medida, calculó que alrededor de 500.000 personas podrían acogerse al proceso extraordinario.

Sin embargo, al cierre del plazo de presentación de solicitudes ya se habían registrado más de 1,2 millones de expedientes, una cifra que multiplica por más de dos las estimaciones iniciales.

6. Los funcionarios alertan de un posible colapso. El crecimiento exponencial de las solicitudes ha puesto en alerta a los propios empleados públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los recursos humanos disponibles resultan claramente insuficientes para asumir semejante carga de trabajo y, según el sindicato, apenas medio centenar de funcionarios de la unidad encargada de resolver los expedientes deberán validar una cifra que supera el millón de solicitudes.

Además, aseguran que todavía quedan cientos de miles de expedientes pendientes de ser incorporados al sistema informático Mercurio, lo que amenaza con retrasar aún más la tramitación y provocar retrasos generalizados e incluso denegaciones por silencio administrativo al agotarse los plazos legales de resolución.

7. Moncloa acelera la tramitación mientras espera la decisión judicial. Pese a las dudas expresadas por el Supremo, el Gobierno mantiene que el decreto respeta plenamente el Derecho europeo y sostiene que continuará aplicándolo con normalidad.

De hecho, el Ejecutivo pretende acelerar al máximo la tramitación de los expedientes para que el mayor número posible de solicitantes obtenga cuanto antes la admisión a trámite, un paso que ya permite residir y trabajar provisionalmente en España mientras se resuelve el procedimiento.