Anatomía de un fuego extremo

«Parece como si por aquí hubiera pasado el demonio», decía un testigo ante la hilera de coches calcinados en un camino de tierra sin salida de la Sierra de Bédar. En esos vehículos, y a pie por una rambla convertida en trampa, murieron al menos doce personas –la mayoría jubilados británicos y belgas que habían elegido el paisaje de Almería como refugio– cuando huían, tarde y por la ruta equivocada, del incendio más grave registrado en la historia de Andalucía.

El jueves 9 de julio, hacia las cinco de la tarde, el 112 andaluz recibió más de sesenta llamadas alertando de un conato en la cuneta del kilómetro 511 de la N-340A, junto a la pedanía de Almocáizar. Un «fuego de cuneta», de los que se apagan a miles cada verano. Pero el viento de Poniente, con rachas de 50 kilómetros por hora, y un monte reseco tras dos olas de calor con máximas de 42 grados hicieron el resto: quince kilómetros en dos horas, ladera arriba, hacia «el peor lugar posible». Sobre el origen –un cable eléctrico partido, según una de las hipótesis que investiga el Seprona– sugiere ya la primera controversia: Endesa sostiene que la línea, privada y montada en los años noventa para un restaurante de carretera, estaba sin servicio desde 2009. Ni siquiera la chispa inicial tiene todavía un responsable claro.

Lo verdaderamente relevante, sin embargo, no es la chispa, sino el polvorín. Los especialistas coinciden en que Los Gallardos reúne el cóctel característico de los grandes incendios del siglo XXI: combustible fino y continuo, atmósfera excepcionalmente favorable al fuego, barrancos que actúan como chimeneas naturales y población dispersa en la interfaz urbano-forestal. Y detrás de ese cóctel hay una causa estructural que ningún hidroavión puede corregir: décadas de abandono agrícola han permitido que los antiguos bancales y cultivos de la sierra fueran colonizados por matorral continuo –esparto, romero, aulagas– y pinares de carrasco y otras especies arbóreas que arden como auténticos polvorines.

Cuando un fuego entra en fase extrema, advierten los ingenieros forestales, se vuelve sencillamente inextinguible: puede movilizarse a toda la UME, a servicios especializados de otros países, que no se apagará. La seguridad frente a estos fuegos, ha señalado el catedrático Guillermo Rein, no depende de un medio aéreo más o de más agua, sino de múltiples niveles de protección: gestión de la vegetación, detección temprana, planificación de rutas de evacuación y formación de la población.

Si algo ha funcionado en medio del horror ha sido, precisamente, la coordinación. El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía hablaron a media mañana en una conversación cordial, con ofrecimiento de «toda la cooperación posible»; el Estado envió aviones anfibios, brigadas helitransportadas y medios de la UME, y la Junta desplegó el Infoca y a medio millar de efectivos de todas las administraciones, con los que los fuegos técnicos lograron aislar la A-7. Al frente del dispositivo hay gente muy capaz, y conviene decirlo: el consejero Antonio Sanz en el puesto de mando desde primera hora; la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, coordinando la respuesta estatal; el presidente Juanma Moreno, sobre el terreno en Turre; el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, supervisando las operaciones de la Guardia Civil; y unos alcaldes que fueron puerta por puerta pidiendo el desalojo de vecinos a los que conocen por su nombre. Esa cadena profesional –autonómica, estatal y municipal– es un activo del que España puede sentirse orgullosa. Pero ni el mejor dispositivo puede compensar indefinidamente la lección de fondo.

Esa lección la venimos formulando desde hace años en la doctrina del Derecho Administrativo español: la catástrofe ha dejado de ser un evento excepcional para convertirse en un proceso estructural y recurrente, que exige planificación multiescalar, coordinación competencial efectiva y una cultura administrativa que anteponga la prevención a la reacción. El riesgo climático extremo debe tratarse como una función permanente del Estado y de las comunidades autónomas, no como una contingencia estacional sujeta a disponibilidad presupuestaria. Es lo que cabe llamar un Derecho Administrativo de la resiliencia.

Traducido al monte, eso significa gestión del combustible: aclareos que reduzcan la biomasa y la competencia hídrica, quemas prescritas y la recuperación de aliados ancestrales como el pastoreo –ovejas, vacas y caballos de la trashumancia creando discontinuidades en la vegetación– o los cazadores, conocedores del terreno y con frecuencia primeros detectores del fuego. Significa, sobre todo, no abandonar el territorio rural: vitalizarlo con presencia humana y actividad económica, porque un paisaje habitado y trabajado es la mejor infraestructura contra el fuego. La doctrina francesa, que combina el ataque rápido a los incendios incipientes con obligaciones legales de limpieza para los propietarios, apunta en la misma dirección: detección temprana, respuesta inmediata y prevención reforzada. Y convendría, de paso, aligerar la sobreabundancia regulatoria que denuncia el profesor Rivero Ortega: cuando hay un incendio, arde todo, menos el papel de las normas.

Los incendios de sexta generación han demostrado que la cultura de la extinción está agotada; la alternativa es la cultura de la prevención, basada en la gestión del paisaje y la adaptación del territorio. El sureste almeriense acaba de recordarlo al precio más alto. El monte, o se gestiona, o se quema. Y con él, como en la Sierra de Bédar, se queman también quienes lo habitan. Y para ello, no nos equivoquemos, hacen falta ingentes cantidades presupuestarias. Y todo lo demás es ruido.