Los idus de Pedro Sánchez: el caballo de Troya de España y de Europa

Hay dos clases de idus en esta historia española, y ninguna trae buen augurio. Los primeros se escriben con mayúsculas, IDU, los identificadores que el Consulado General de España en Buenos Aires reparte a cada solicitante de la ley de nietos. Los segundos son los de Pedro Sánchez, que aspira a seguir en La Moncloa como sea y ha convertido la nacionalidad española en una bomba de relojería que revienta las costuras de España y de la Unión Europea. Unos y otros comparten método: crear el hecho consumado y discutirlo después, cuando ya no tiene vuelta atrás.

Ya no hace falta que este medio lo denuncie: ayer lo confirmó el Gobierno. En una entrevista con El País, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cifra en medio millón las personas que podrán votar gracias a la ley de nietos en el verano de 2027. Medio millón de electores nuevos sobre un censo exterior de 2.664.898. Más del doble de todos los votos que llegaron del extranjero en las generales de julio de 2023, que fueron 233.688. Da la cifra sin pestañear, sostiene que hablar de ingeniería electoral es una locura y añade que «ni hemos acelerado ni hemos hecho nada que no se hubiera hecho en el pasado».

En el pasado, ministro, la partida de bautismo no valía: la creó su instrucción de 2022. En el pasado, durante dieciséis años, lo que había que presentar en plazo era el expediente completo, no una cita por internet. Y en el pasado, cuando Zapatero prorrogó la ley de 2007, el acuerdo del Consejo de Ministros se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El de 9 de julio de 2024, con el que este Gobierno agotó la única prórroga que la ley permite, no consta en ninguna parte. Ni en el buscador del BOE ni entre las referencias posteriores de la propia ley. Si se publicó, el Gobierno no dice dónde.

El resto lo hizo el IDU. La ley fijaba el cierre el 22 de octubre de 2025. Ante la avalancha, el consulado de Buenos Aires decidió que bastaba con registrarse en su web y obtener un número antes de esa fecha, aunque la cita para entregar los papeles cayera en 2031, como reconoció el actual cónsul general. Cuatro meses después de agotar la prórroga, una instrucción de la sucesora de Sofía Puente, María Ester Pérez Jerez, amparó esa práctica: los interesados podrán comparecer «en la fecha en la que sean citadas». Se eliminó el tope sin tocar una coma de la ley. El Gobierno vació el plazo que había fijado el legislador.

Pero en esa entrevista hay una respuesta que vale más que el titular. Le preguntan a qué provincias se han adscrito los ya nacionalizados, y Torres contesta: «Desconozco el dato». Un párrafo antes ha explicado la regla: «El descendiente de un español nacido en un lugar determinado se adscribe a ese lugar. Tiene que haber alguna razón objetiva y documentada de arraigo». He leído entera la instrucción de 2022 y entera la de 2024, y ese criterio no está en ninguna de las dos. Al solicitante le exigen su documento de identidad, su partida de nacimiento y la de su abuelo. Ni una línea sobre provincia ni sobre arraigo. El ministro describe una regla que no está escrita en las normas que administra.

El dato existe a medias. El INE publica el censo de residentes ausentes desglosado por provincia de inscripción. Lo que no publica nadie es cuántos de esos inscritos han llegado por la ley de nietos, porque el censo no los separa. El ministro dice desconocer justamente el dato que su Gobierno no ha querido desglosar. Ahí está el censo que nadie puede verificar.

Torres defiende su instrucción con el argumento de la presunción: se presume exiliado a quien salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Está en el BOE y es cierto. Lo que no cuenta es que la puerta por la que hoy entra el grueso de los expedientes no necesita presunción ni fecha. Basta con que el abuelo fuese originariamente español. Ahí en el exilio no hay que probarlo. Ni siquiera hay que presumirlo. Sobra. Y eso no lo votó nadie: las Cortes rechazaron ampliar la ley más allá del exilio. Lo decidió por escrito una directora general seis días después de publicarse la norma, tras decir lo contrario cuatro días antes. Una decisión que no solo está recurrida, sino que le ha valido una querella de Hazte Oír.

En la ventanilla se comprueba menos aún. Lo declaró a La Nación el entonces cónsul general en Buenos Aires, Fernando García Casas: no se exige documentación exhaustiva, sino lo mínimo e indispensable, y con probar la filiación basta. Además, los consulados conceden la nacionalidad con partidas de bautismo que no cotejan contra los archivos diocesanos que las expiden, muchos calcinados durante la Guerra Civil, como documentó El Debate. Se fabrica identidad sobre papel que nadie contrasta.

Aquí es donde los idus rompen las costuras. Unos pocos miles de esos nuevos españoles bastan para mover los restos que reparten los escaños que dan las mayorías en el Congreso. Hoy sabemos que no serán unos cuantos, son medio millón. Y la clave la denuncian los propios solicitantes en varios países de América: ven que les saltan otros en la cola que lo pidieron incluso años después. ¿A quién están nacionalizando primero? Y son, además, ciudadanos europeos con derecho a residir y votar en veintisiete países.

El relato oficial responde con dos palabras, «reparación» y «justicia». Pero preguntar quién entra en el censo, con qué papeles y con qué controles es la tarea más elemental de un Estado serio. Mientras tanto, Albares desobedece desde hace casi tres años una resolución firme del Consejo de Transparencia que le obliga a publicar las instrucciones que envió a los consulados. Quien nada esconde no necesita tres años de ocultación.

En la tragedia, el puñal llegó de dentro, de quienes se sentaban al lado y gozaban de la confianza de César. El Ejecutivo retuerce la legalidad a su antojo, decide quién es español y fabrica el censo y la ciudadanía europea a medida, prueba de ello son los resultados de las cuatro últimas elecciones autonómicas. El apuñalamiento a la soberanía nacional se asesta desde dentro del propio hemiciclo, donde los ciudadanos depositaron su confianza. Por esa puerta antidemocráticamente abierta entran en la UE centenares de miles de nuevos ciudadanos cuyo origen nadie ha comprobado. Sánchez es el caballo de Troya de España y de nuestros socios europeos. Los idus no amenazan solo a nuestro país. Europa, «Guárdate de los idus de Sánchez».