La batalla política de la amnistía acabó mucho antes de la sentencia del TJUE: ahora van a por el Supremo

Adivinó el PP las intenciones del Ejecutivo. No era difícil. Una hora y media antes de que Félix Bolaños compareciera hacer una declaración sin preguntas, el PP auguró en un comunicado: «El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico». En efecto, de lo primero que dijo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones en la sala de prensa de la Moncloa fue: «El Tribunal de Justicia de la UE ha puesto fin a un debate que en España muchas veces no fue jurídico. Fue muy visceral, alejado de la normalidad que suponen las amnistías en innumerables países para cerrar conflictos políticos».

Pero hace mucho tiempo que el Gobierno logró imponer su marco a una oposición que en el pasado peleó en contra de la amnistía en las Cortes, en las calles y en los tribunales, pero que a estas alturas ha claudicado por agotamiento, aburrimiento y oportunidad. A este último respecto, el propio Alberto Núñez Feijóo pidió hace unas semanas en la clausura del Congreso del PP catalán «pasar página» del procés, en medio de un evidente acercamiento de los populares a Junts.

Y ese marco gubernamental es que el único debate sobre la ley de amnistía se reduce a si es constitucional y ajustada al Derecho europeo. Como en ambos casos la respuesta del Tribunal Constitucional y del TJUE ha sido sí, no hay más que hablar, según Bolaños. Como si no importara que esta amnistía fuera una transacción entre un político que necesitaba siete votos para ser investido presidente y el responsable del mayor golpe contra el Estado de Derecho desde el 23-F. Como si en una democracia todo lo que no está prohibido, está permitido. «Fue un pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder», recordó el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, el eurodiputado Jorge Buxadé, devolviendo el debate al terreno del que los socialistas siempre han huido: el de la moral, la ética y las líneas rojas de la política.

Como estaba previsto, el TJUE abrió hoy con su sentencia uno de los tres cerrojos de la puerta que impide a Carles Puigdemont volver a España sin ser detenido. Aún quedan dos cerrojos más: el Tribunal Constitucional, que en otoño resolverá -casi con toda probabilidad a favor- los recursos de amparo presentados por los cabecillas del golpe sedicioso, y el Tribunal Supremo.

Socialistas e independentistas consideran que este último, y en especial los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena, se han dedicado a boicotear a la ley de amnistía, al negar su aplicación al líder de Junts y al de ERC en lo referido al delito de malversación. Por eso este jueves el mensaje que salió de la Moncloa, de la Generalitat de Cataluña y de las sedes del PSOE, de Junts y de ERC fue el mismo: el Supremo debe dejar de ser un obstáculo.

«Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Ésta será la última etapa (…), y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible», señaló Bolaños. Salvador Illa se preguntó: «¿Qué más es necesario para aplicar la ley de manera diligente y sin subterfugios?». Y añadió, aludiendo al alto tribunal: «Su aplicación es de obligado cumplimiento».

Oriol Junqueras sostuvo: «Ya no hay excusas. La ley debe aplicarse, los derechos deben restituirse y los exiliados deben poder volver». Y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, remató: «El tiempo comienza a correr para el Tribunal Supremo». Boye también instó al Constitucional a que no se vaya «de vacaciones» sin resolver los recursos de amparo, pero es que al TC le queda un único Pleno en julio y no tiene previsto cambiar el orden del día.

De momento, ni Puigdemont puede volver a España ni Junts quiere volver a la mayoría de investidura. Los socialistas llevan semanas intentando convencerse y convencer de que esta sentencia del TJUE sería el último tren para devolver la legislatura a los raíles y llevarla a la estación final, la de julio de 2027 y no antes.

Sin embargo, hace tiempo que el partido de Puigdemont pasó la pantalla de Pedro Sánchez, aunque no provoque su caída. En el último Pleno de junio, Junts votó a favor de una moción no vinculante del PP que exigía la dimisión del presidente. Este martes votó en contra de la senda de estabilidad del Gobierno. Y el jueves de la próxima semana lo hará por segunda vez y definitiva. Los independentistas ni siquiera quieren negociar los Presupuestos con Sánchez porque afirman que es un truco electoralista y electoral.

Por si fuera poco, cuando el Ejecutivo estaba saboreando las mieles de este «gran día», según Bolaños, llegó la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó que Begoña Gómez y su asesora irán a juicio con jurado popular. Para valorar esta otra noticia ni el ministro de Justicia ni ningún otro convocaron declaración alguna en la Moncloa.