El PP deja estar el indulto a Laura Borràs por su estrategia de distensión con Junts

Emiliano García-Page ha sido más crítico con el indulto parcial del Gobierno de Pedro Sánchez a Laura Borràs que la dirección nacional del PP. Y no por casualidad. La medida de gracia aplicada a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts ha aflorado lo que lleva cociéndose desde hace meses en la política española: la estrategia de distensión del PP con Junts; su acercamiento, incluso.

Un acercamiento que está incluyendo gestos como el que protagonizó el propio Alberto Núñez Feijóo durante la clausura del Congreso del PP de Cataluña el 29 de junio, cuando pidió «pasar página» del procés. Solo cuatro días antes, Junts había sumado sus votos a los del PP, Vox y UPN en el Congreso para aprobar una moción no vinculante que exigía «la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales».

El secretario general de los populares y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, debía marcar ayer la línea durante un acto en el Congreso, la clausura de las jornadas parlamentarias Retos de la España actual. Pero únicamente hizo una breve alusión a lo que, en otras circunstancias, el PP habría tratado como un escándalo de primer nivel. Dado que Borràs fue condenada por delitos de prevaricación y falsedad documental. Es decir, de corrupción.

«Sánchez estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él y, sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra», señaló únicamente Tellado. El número dos de los populares fue preguntado por los periodistas a la entrada y a la salida de ese acto y rechazó hacer más comentarios. Tampoco hubo ningún comunicado de Génova 13 ni comentario en redes de Feijóo —de viaje en Perú—, ni de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, criticó en sus redes otro de los indultos concedidos en el último Consejo de Ministros del curso, el del exalcalde de Linares Juan Fernández (condenado por cobrar sobresueldos), pero no el de Borràs.

El contraste con García-Page

El perfil bajo de la dirección nacional del PP fue aún más evidente en contraste con la postura muy crítica que el presidente de Castilla-La Mancha mostró por la mañana en la SER. «De verdad, ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ¿ganamos en credibilidad indultando a gente condenada por corrupción?», se preguntó García-Page. Porque, a mayores, el indulto de Borràs se produjo en el mismo Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley de Integridad Pública. La norma ahora será enviada al Congreso y lo previsible es que ahí quede varada como tantas otras, precisamente por el bloqueo de Junts a la legislatura. «Cuando más necesidad tenemos de dar sensación de firmeza y de intolerancia con la corrupción, no podemos indultarla. Aunque sea con agosticidad», añadió el socialista.

El PP de Cataluña sí alzó la voz, porque los populares catalanes no están en la estrategia nacional de su partido. «Privilegios penales para los corruptos a cambio de favores políticos. El precio de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa es una justicia a la carta al servicio de sus socios. La indecencia hecha Gobierno», escribió su secretario general, Juan Fernández. Y la portavoz en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, añadió en X: «¿Primer pago a Junts a cambio de los presupuestos? Troceaba contratos, se inventaba conceptos y facturas, pero aquí no pasa nada. Qué vergüenza de gobierno».

Desde hace meses hay un canal de comunicación entre el PP y Junts, que no es lo mismo que una coordinación; esta última no la hay. Durante este curso, los siete votos de los de Carles Puigdemont han servido para que la oposición diera al traste con varias medidas importantes del Gobierno de Sánchez. Entre ellas, los tres reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en lo que va de año y después derogados en el Parlamento (el Ejecutivo pretende aprobar un cuarto en septiembre), la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda y la jornada laboral de 37,5 horas semanales, que iba a ser la medida estrella de Yolanda Díaz y acabó estrellada contra el Pleno al comienzo de este curso.

A raíz de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo, y como contó El Debate entonces, el PP tanteó a Junts para presentar una moción de censura instrumental, a la espera -por aquel entonces aún no había llegado- de conocer la sentencia contra José Luis Ábalos. Los independentistas cerraron la puerta, pero pidieron a Sánchez elecciones cada vez con más ahínco.

El día que el Congreso votó la moción no vinculante exigiendo la dimisión del presidente y su Gobierno con la ayuda de Junts, Feijóo salió del hemiciclo diciendo que había tomado «muy buena nota». No obstante, no especificó si para retomar los contactos con el partido de Puigdemont para presentar una moción de censura. Entonces y ahora, una cosa es que la formación accediera a apoyar una moción no vinculante y otra muy distinta que quiera responsabilizarse de la caída de Sánchez, de la mano del PP y de Vox.

El 17 de julio, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que la amnistía era acorde al Derecho comunitario. Feijóo se limitó a mostrar su «respeto» y el de su partido por aquella y cualquier sentencia de los tribunales, cuando en el pasado los populares pelearon en contra de la amnistía en las Cortes, en las calles y en los tribunales.

Sánchez señaló el martes con sorna, durante su comparecencia de balance de curso en la Moncloa: «Fíjese, si se quiere reunir hasta el señor Feijóo con Puigdemont (…). Un éxito de la Ley de Amnistía es que se vuelvan a reencontrar nada más y nada menos que el PP y Junts». Los socialistas llevan tiempo sosteniendo que también el PP se está beneficiando de ella.