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22 de junio de 2024

El Rey, en su despacho del Palacio de La Zarzuela

El Rey, en su despacho del Palacio de La ZarzuelaCasa del Rey

Casa Real  El Rey tendrá que sancionar la ley de amnistía en 15 días por imperativo legal

  • El papel de Don Felipe es similar al de un notario; se limita a dar fe de un texto legalmente tramitado

  • La Constitución nunca previó que la deslealtad llegara del propio Gobierno

El próximo jueves 30 la ley de amnistía quedará previsiblemente aprobada en el Congreso de los Diputados. Esta ley es el precio que Sánchez paga a los separatistas para mantenerse en el poder. Y, a partir de ese momento, la ley más injusta, humillante y peligrosa de la democracia llegará al Palacio de La Zarzuela, donde el Rey deberá sancionarla por imperativo legal en un plazo máximo de 15 días.

No le queda otra opción. La Constitución es bien clara: «El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación (artículo 91)». Quienes redactaron la Constitución no la protegieron de gobernantes desleales. Jamás pensaron que el propio Gobierno fuera a poner a España y a su Estado de Derecho de rodillas para comprar su supervivencia.

Al Gobierno tampoco lo ha elegido el Rey, lo eligió el Parlamento que habían votado los españoles -muchos de ellos engañados- en las urnas el pasado 23 de julio. Esa era la última oportunidad para evitar el descalabro que empieza ahora, y se desperdició.

La ley de amnistía es todo lo contrario de lo que el propio Rey dijo en su mensaje del 3 de octubre de 2017 para frenar el golpe separatista en Cataluña. Pero la Constitución no otorga a Don Felipe ningún veto ni mecanismo para frenar leyes. Tanto él como su padre, Don Juan Carlos, han tenido que sancionar varias normas cuyo contenido no compartían, y eso se sabe porque contradecían los discursos que habían pronunciado en público con anterioridad.

Incluso ambos Reyes han sancionado leyes que luego el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales. Pero tampoco corresponde al Rey revisar la constitucionalidad de las leyes; eso solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional.

Para agravar más aún la situación, este tribunal está actualmente controlado por el Gobierno de Sánchez a través de personas afines. El Rey lleva todo su reinado reclamando que se respete la separación de poderes y la independencia de la Justicia, pero no dispone de herramientas para proteger las instituciones del asalto político.

Los sectores republicanos de izquierda y derecha se frotan las manos cada vez que el Gobierno obliga al Rey a sancionar una ley que enfrenta a los españoles o, como en este caso, que contradice las propias palabras del Rey. Los republicanos convierten la sanción de la ley, que es un mero trámite, en una oportunidad para intentar desgastar a la Corona. Su campaña consiste en hacer creer que la figura del Rey es decorativa y prescindible.

Olvidan que la Corona es la única institución que no ha sido asaltada por el Gobierno y que mantiene la neutralidad, la serenidad y la moderación en una España crispada, tensionada y enfrentada como nunca antes en la democracia. El Rey es símbolo de la unidad de España y de su permanencia, y dispone de la autoridad moral que le reconocen los españoles. Esa es su principal arma y, por eso, los republicanos intentan desgastarla. Esa autoridad moral ha quedado clara en dos situaciones límite, el intento de golpe de Estado del 23-F y el golpe separatista catalán del 1-O.

Le correspondería a la Princesa

Hay personas que creen que el Rey de España podría hacer lo que hizo el Rey Balduino de Bélgica, que se acogió a una incapacidad temporal para no sancionar la ley del aborto. Pero en España no existe esa opción: si se inhabilitara al Rey, la Princesa de Asturias, que ya es mayor de edad, asumiría en el acto la Regencia y le correspondería a ella sancionar la ley.

En cualquier caso, todos los españoles deberían tener claro qué significa el trámite de sancionar una ley y entender que el papel del Rey es similar al de un notario que da fe. Por ejemplo, si un padre de dos hijos acude a hacer un testamento, y quiere dejar a un hijo el 83% de la herencia y al otro un 17 %, el notario redactará el testamento en esos términos sin intentar cambiar la voluntad del padre, porque su decisión se ajusta a la ley. Y al Rey le ocurre lo mismo, aunque la ley que le presenten sea un dislate, si ha sido tramitada legalmente, no le queda más opción que sancionarla.

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