El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont
«No se puede pagar a unos policías para que escolten a un prófugo como Puigdemont»
Abogados y también sindicatos policiales cuestionan que se le pague un servicio de escolta a Carles Puigdemont y en Bélgica
Un servicio de escolta a todas horas y todos los días. Es la reclamación que hace el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, teniendo en cuenta, dice, que ha aumentado «el nivel de peligrosidad y riesgo» que se ha detectado «especialmente desde hace algunas semanas». En definitiva, tema que pueda sufrir algún tipo de acoso o agresión, teniendo en cuenta la situación que se ha generado a raíz del acuerdo entre Junts y el PSOE:
Es lo que se recoge en la carta que el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Josep Lluis Alay, ha enviado a la consejería de Interior. A su vez, el departamento que dirige Joan Ignasi Elena ha pedido al ministerio que este procedimiento se haga «con carácter de urgencia» para que los Mossos puedan hacer de escolta a Puigdemont en Bélgica.
Un servicio que no resultaría barato, teniendo en cuenta que, como mínimo, tendrían que destinarse a este cometido seis agentes de los Mossos que tendrían que estar en aquel país. Y todo ello, sufragado con dinero público. De ahí que abogados y también sindicatos policiales duden de que el expresidente de la Generalitat tenga derecho a tener escolta, teniendo en cuenta que se trata de un prófugo de la justicia.
Es lo que han explicado a El Debate algunos abogados a los que se ha preguntado sobre esta cuestión, como es el caso del penalista Miguel Capuz. Para empezar, dice, Puigdemont no «invoca a ningún hecho concreto» del que se deduzca que corre ese peligro y, además, es una persona que está «rebelde» en un proceso judicial que se está tramitando en España, y «primaría este proceso». Al menos, hasta que no entre en vigor la ley de amnistía que el PSOE ya ha registrado en el Congreso. Hasta entonces, asegura Capuz, la situación de Carles Puigdemont se mantendría y continuaría siendo un «prófugo».
Y, de hecho, ha recordado que hace un par de meses la Audiencia de Barcelona condenó al exconsejero de la Generalitat Miquel Buch y al sargento de los Mossos Lluís Escolà, precisamente por eso, por permitir en un caso, y en el otro por hacer de escolta de Puigdemont en Bruselas. La Audiencia les condenó a cuatro años de prisión por prevaricación y malversación. Aunque la sentencia está recurrida.
Desvío de dinero «injustificable»
Y es sobre la base de esos delitos que el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, tiene intención de presentar una querella contra los responsables de Interior si es que, finalmente, se accede a la petición del expresidente de la Generalitat, y mientras la ley de amnistía no entre en vigor. Para el portavoz del SUP, Jacobo Rodríguez, sería un «desvío de dinero público injustificable y el responsable que dicte a sabiendas de su injusticia dicha resolución favorable, será denunciado ante la Autoridad judicial, bien sea la Secretaría de Estado de Seguridad u otra Administración».
Y también ha recordado que concejales del País Vasco, como Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco, «fueron asesinados por ETA sin proporcionales una escolta policial, cuanto menos aquel que busca como único fin humillar y someter a las instituciones del estado». Por todo ello, para Rodríguez, la única escolta que debería tener Puigdemont es «para llevarle delante de un juez».
El portavoz del SUP también ha explicado que, cuando un ministro viaja al extranjero, habitualmente lo hace sin escolta española, y se hacen cargo de su seguridad agentes de la policía de Bélgica o de Alemania, por poner sólo algunos ejemplos. En cualquier caso, asegura, ésta ya es «una contradicción importante».
En la misma línea se han pronunciado desde el JUPOL, que también consideran una «aberración que los contribuyentes españoles tengan que hacerse cargo de la escolta de una persona huida de la justicia e investigado por delitos muy graves, incluso el de terrorismo».
Es lo que aseguraba el portavoz de este sindicato policial, Ibón Domínguez, quien instaba a Puigdemont a que si cree que, efectivamente, está tan comprometida su seguridad, solicite esa protección «a las autoridades belgas, ya que es donde reside actualmente o bien a los servicios de seguridad del Euro Parlamento en su calidad de eurodiputado».
El consejero de Interior ya ha pedido al ministerio que autorice esa escolta para Carles Puigdemont, algo que ha denegado, precisa Joan Ignasi Elena, los últimos años.
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