Quién está detrás de las acusaciones populares en el caso de la dana: asociaciones catalanistas, sindicatos radicales y partidos políticos

Un año después la dana de Valencia ha derivado en diversas vertientes completamente ajenas a la tragedia en sí misma. Mientras las familias siguen luchando por recuperar la normalidad de su hogar, mientras siguen habiendo garajes inutilizados por los daños del barro, mientras las obras marchan a pleno rendimiento para que calles y alcantarillado se puedan usar con normalidad, la dana es ahora una causa judicial enfocada contra Carlos Mazón, una cuestión política de lucha entre administraciones y una excusa para que colectivos de todo tipo de manifiesten mensualmente contra el aún presidente en funciones de la Generalitat Valenciana. En sede judicial todo tiene nombre y apellidos y al consultar el listado de asociaciones personadas como acusación popular en la causa de la dana se aprecia una miscelánea entre asociaciones catalanistas, sindicatos radicales y partidos políticos.

Antes de entrar en materia hay que señalar una cuestión capital para empezar cerrando el círculo y no dejarlo para el final. El listado de entidades que están personadas como acusación popular ronda la quincena, pues si se aplicara la polémica Ley Bolaños el tijeretazo dejaría sólo a tres colectivos, imposibilitando el juego político y social que hacen algunas asociaciones personadas. La normativa que intenta aprobar el Gobierno para controlar el poder judicial reconoce querer «delimitar» la personación en las acusación populares imposibilitándolo para «partidos políticos, asociaciones vinculadas a formaciones y a todos los sindicatos». Tal vez lo único bueno que aplicaría esta ley es que la Justicia en nombre de la dana no se utilizaría con fines meramente políticos.

Para que se comprenda un poco el punto actual de la instrucción de la causa de la dana que está llevando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, a Catarroja fue a declarar Maribel Vilaplana, la periodista con la que Carlos Mazón comió el 29 de octubre en El Ventorro por orden de la Audiencia de Valencia, tras rechazar la jueza la solicitud inicial de la entidad catalanista Acció Cultural del País Valencià. Y en próximas semanas se producirán las testificales de Juanfran Pérez Llorca, la cúpula de Mazón en Presidencia de la Generalitat y del dueño del restaurante a petición de PSOE. Es decir, que los últimos tejemanejes en la instrucción han llegado por meras cuestiones políticas.

El PSOE está personado como acusación popular al mismo tiempo que intenta aprobar la Ley Bolaños que impediría dicha utilización política de la Justicia

El PSOE utilizó el aniversario de la dana

Prueba de ello es que el propio PSOE, una de las entidades personadas en la causa de la dana como acusación popular, se esperó al primer aniversario de la tragedia para solicitar a la jueza la testifical del que sonaba, por aquel entonces, como hipotético sucesor de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, así como toda la cúpula de Presidencia de la Generalitat y el dueño del restaurante El Ventorro. El movimiento táctico-político sirvió para que la magistrada aceptara la petición justo cuando los focos ya estaban dirigidos en el aún alcalde de Finestrat, que está citado prácticamente en las fechas en las que ya podría ser nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.

Entre el mejunje político también están personados partidos políticos actualmente representados tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados como son Compromís y Vox; pero también formaciones desaparecidas del foco político como Ciudadanos y Podemos. También está el partido político Valores.

Otra de las entidades que más está intentado mover el avispero de la causa contra el presidente Mazón es Acció Cultural del País Valencià, un colectivo completamente ajeno a la riada y que sólo busca el rédito político contra las políticas de la Generalitat Valenciana que van a implicar una eliminación, prácticamente total, de las subvenciones públicas valencianas por ser meros defensores del catalanismo en la Comunidad Valenciana. Este colectivo se encargó de pedir la testifical de Maribel Vilaplana y después querer que la periodista guardara un año después el ticket del parking en el que aparcó para la comida con Mazón.

Según ha podido saber El Debate, la asociación catalanista, que cuenta con jugosas subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez y del autonómico catalán de Salvador Illa, también está personada como acusación particular representante a una víctima de la riada.

En este sentido, también hay colectivos de víctimas de la riada del 29 de octubre, como es el caso de Mai Més Valencia, Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia y Associació Víctimes DANA Octubre 2024. Pero son minoría entre la cacería política y sindical.

Un sindicato próximo a Compromís

En el plano sindical llama la atención la doble personación de un sindicato radical como CGT, que está tanto por la Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública (FETAP-CGT) como por su federación local en Valencia.

Aunque entre toda esta miscelánea hay un sindicato próximo a Compromís que es el que más baza está jugando en convertir una tragedia en arma política arrojadiza. Intersindical consta como personada en la acusación popular y es una de las entidades que mensualmente convoca las manifestaciones contra Mazón por la gestión de la dana. Sin ir más lejos, este pasado domingo congregaron a decenas de personas ante las Cortes Valencianas para exigir, nadie sabe a quién ante el Parlamento valenciano, que el presidente, ahora en funciones, fuera «a prisión», cuando es una cuestión que se investiga en Catarroja, pero que en todo caso sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Intersindical es uno de los colectivos que firma ante la Delegación del Gobierno la solicitud de permiso para las manifestaciones por Valencia.

Intersindical es una de las entidades que ante la Delegación del Gobierno solicita los permisos para las protestas mensuales contra Carlos Mazón

También hay colectivos personados que para nada comparten el ideal de la izquierda española, como es el caso de Liberum y Hazte Oír. Justamente la primera denuncia que abrió la causa de la dana fue puesta por Manos Limpias, entidad que fue expulsada al tener como abogado al letrado que defiende al imputado Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Tal vez junto con las asociaciones de víctimas destaca un colectivo que sí se entiende su personación como dentro del derecho de su propia constitución. Esta entidad es Asociación Valenciana de Agricultores.

Hasta la fontanera del PSOE

Y por si falta alguien más en este listado, hasta el nombre de la fontanera del PSOE Leire Díez aparece relacionado con la causa de la dana. Este pasado 10 de noviembre la jueza aceptó la personación de un nuevo colectivo en la acusación popular: Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción. La entidad dispone de un plazo de «diez días hábiles» para abonar los 6.000 euros de fianza que se exigen.

Dicha Asociación cuenta con Luis Sáenz de Tejada como abogado, un exjuez que ya intentó que el colectivo se personara también como acusación popular en el caso del hermano de Pedro Sánchez, aunque si inclusión fue rechazada de pleno por considerarse que la única motivación era conseguir la recusación del juez magistrado encargado de la citada instrucción.

Así que próximamente se conocerá si dicha entidad, ligada al lado más oscuro del PSOE, puede sumarse como ariete para el manoseo judicial de una causa que investiga el fallecimiento de 229 y sus posibles responsabilidades penales. El ejemplo claro de que quitando la hojarasca, pocos colectivos están personados para defender sus verdaderas cuestiones fundacionales, mientras otros están por ahí para provocar terremotos judicial o tener acceso a la preciada información que puede ser un arma de doble filo sobre el atril en un parlamento o en el ring de la política actual española.